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Panamá, Año III, No. 48
22 al 28 de marzo de 2004
Con una desfachatez y prepotencia inauditas, el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), John Bennett, ha propuesto en la inauguración de la trigésima octava Conferencia Anual de dicho gremio empresarial «acabar con el Estado». Para ello el Sr. Bennett «aconseja» reformar aún más el Código de Trabajo, privatizar la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Salud y la educación, y hemos de suponer con seguro acierto que también privatizar la Universidad de Panamá y el IDAAN. Tan clara ha sido su propuesta que, a su «sano» juicio, las única funciones que debería mantener el Estado son las de «policía nacional y las del sistema judicial». Tan aberrantes declaraciones públicas concuerdan plenamente con el apoyo abierto que diera en su momento el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) a la mal llamada Reforma Tributaria, y con la exigencia a gritos de la Cámara de Comercio para que se privatice la CSS.
En buen panameño, lo que están proponiendo con descaro los gremios empresariales es la profundización a ultranza de las políticas neoliberales, y represión sin límites para poder implementarlas. ¿De qué otra manera podrían ejecutarse las bárbaras medidas que propone APEDE, sino es mediante una dura política autoritaria y su necesario sostén represivo? Con relación a ello, hemos advertido hasta la saciedad que la imposición de nuevas y más profundas medidas neoliberales requieren sin dudarlo de un recorte igualmente profundo de las libertades y derechos democráticos de todos los panameños y panameñas. Y que a mayores derechos y libertades democráticas más difícil tendrán esos trogloditas hacernos tragar las ruedas de molino que significan las miserias que traen aparejadas consigo las políticas económicas del neoliberalismo.
Mientras tales exabruptos se hacían públicos, en plena coincidencia con ellos el gobierno mireyista anunciaba, sin rubor alguno por las mentiras dichas con anterioridad al pueble, que la privatización de la CSS se discutirá, pasadas las elecciones de mayo, en la corrupta Asamblea Legislativa. También anunciaba el envío de una ley que elimina la gratuidad de un conjunto de servicios y prestaciones brindados por el Ministerio de Salud a la población, si bien, claro está, no se les cobrarán a las personas «de escasos recursos económicos». Con ello el gobierno mireyista transforma en caridad lo que hasta hora era un derecho social adquirido y financiado con los impuestos que cada mes nos sacan de los bolsillos, recortando además, de paso, el acceso del pueblo a los servicios de salud.
