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Panamá, Año III, No. 49
29 de marzo al 4 de abril de 2004
Los mal llamados «gremios transportistas» han lanzado una amenaza: se declararán en huelga el día primero de abril si el gobierno no los autoriza a subir el pasaje del transporte colectivo o les flexibiliza la normativa que regula a las empresas autorizadas para la importación y venta de combustibles, especialmente la gasolina y el diesel, de forma tal que ellos puedan importar directamente dichos productos y venderlos a precios más bajos de los existentes el mercado a los miembros de sus respectivos «gremios».
El problema ha surgido como consecuencia del constante aumento de los derivados del petróleo, que afecta cada vez más gravemente a las decenas de miles de usuarios de automóviles particulares, encarece la canasta familiar y constituye un gravamen insoportable para los pequeños productores del campo y la pesca artesanal. Al igual que la electricidad y la telefonía, privatizadas con el apoyo de una campaña que prometía mejorar el servicio, bajar los costes y generar empleos, los altos costos del combustible se han convertido en un verdadero dolor de bolsillo para todos panameños y panameñas que viven de su salario.
En medio de la campaña electoral, todos los candidatos han prometido «revisar la estructura de los precios del combustible», acicateados por la oferta realizada por el candidato que «camina con los zapatos del pueblo» de bajar 0.25 centésimos el precio del galón de gasolina y eliminar todos los impuestos que gravan al diesel. Al respecto, nadie se llama a engaño sobre la promesa de «revisar», palabra que encubre la ausencia de la más mínima voluntad de enfrentar el problema. Y en cuanto al candidato Martinelli, lo mismo promete bajar esto o aquello, que «flexibilizar» el código de trabajo y meter en cintura a los dirigentes sindicales y gremiales del país. Pataleos de ahogado, en buen castellano.
Por su parte, los grupos mafiosos que controlan el millonario negocio del transporte colectivo plantean, sin disimulo alguno, que la solución del problema estriba en aumentar nuevamente el costo del pasaje para así garantizar sus pingües ganancias a costa del pueblo trabajador, o que el gobierno les permita participar del millonario negociado del que disfrutan los pulpos multinacionales que controlan monopólicamente la importación de los derivados del petróleo. Como se ve, el problema no es la carestía de la vida ni hambre que campea por los hogares panameños como Pedro por su casa. Se trata, simple y llanamente, de un problema de acumulación privada, planteado hábilmente en una coyuntura excepcionalmente oportuna: a un mes de las elecciones generales, a sabiendas que la hiedra neoliberal de cuatro cabezas no puede prescindir de los «servicios» de la mafia transportista para arrear como ganado hacia las urnas a las masas clientelistas.
