Buscando Camino Buscando Camino
Año III, No. 47
15 al 21 de marzo de 2004
Con gestos y declaraciones autoritarias que han incurrido en desacato de la ley, la presidenta Moscoso se ha negado terminantemente a rendir cuentas de la partida presidencial eufemísticamente llamada «discrecional», cuando en verdad se trata de una partida secreta que suma ya casi treinta millones de balboas. El Fiscal Electoral, obligado por la ley a realizar una investigación por denuncia interpuesta sobre la utilización de fondos del Estado para financiar becas beneficiarias de la campaña del legislador Tito Afú, y otros, fue citado al palacio presidencial para se objeto de una reprimenda por prestarse a tamaña «persecución política». No sólo se burla con descaro inaudito el texto y el espíritu de la ley, sino que se intervine con descaro para coaccionar la supuesta independencia del Tribunal Electoral en sus actuaciones. Se trata, a no dudarlo, de una perversión del poder ejecutivo, y no sólo de la presidenta.
Desde el advenimiento del régimen democrático neoliberal de libertades restringidas, el pueblo panameño ha sufrido en carne propia el sistemático desprecio de los ocupantes de ese órgano del Estado, que ejercido sus funciones al margen y en contra de la voluntad popular. Se trata, por tanto, de un órgano deslegitimado, cuya reforma no transita por los caminos de los parches prometidos por uno u otro candidato presidencial, ni por la «buena voluntad» de su ocupante futuro. La Constituyente Democrática, que sólo lo será si previamente se deroga el Código Electoral partidocrático , tendrá que emplearse a fondo en la poda de los privilegios y prebendas de quienes son elegidos para servir al pueblo panameño y no para servirse de él, tal como ha ocurrido hasta ahora. La constitucionalización del derecho democrático de iniciativa popular para la revocatoria de mandato, es una exigencia que se ha convertido en clamor popular.
Al mismo tiempo que ocurrían estos desmanes autoritarios, la Corte Suprema de Justicia cerraba el escandaloso caso «CEMIS», sin que a nadie sorprendiera o escandalizara tamaña aberración que blindaba de impunidad a legisladores confesos y no confesos, así como a dirigentes políticos de distintos partidos. ¿Quiénes pueden sorprenderse de lo que todos sabíamos que sucedería? Y es que la Corte Suprema de Justicia está hundida hasta el cuello en el pantano de la incredulidad y la deslegitimación. Arrastrando escándalos políticos y penales en el nombramiento o permanencia de la mayoría de sus Magistrados, no le cabe otra salida que la renuncia en pleno de sus integrantes y la reforma a fondo del método para la selección y nombramiento de los mismos. Más trabajo para la Asamblea Nacional Constituyente Democrática.
Por su parte, la corrupta Asamblea Legislativa se apresuró discutir la reducción de los privilegios, canonjías e impunidades de las que gozan y disfrutan sus integrantes, como si el pueblo no estuviera exigiendo a gritos la simple y llana supresión de las mismas. ¿Cómo explicar que quienes trabajan sólo ocho meses al año ganen 40 veces el salario mínimo que se paga a la inmensa mayoría del pueblo panameño? Presionados por el clamor popular, pretenden ahora aprobar una constituyente para dentro de tres años y mantienen un silencio cínico sobre las normas electorales que regirían para la elección de los constituyentes. Están jugando con fuego. La movilización popular empieza ha ser una exigencia para la satisfacción de la demanda popular de una democratización radical del Estado.
Tal como están las cosas, el voto en blanco constituye un arma para el rechazo de la partidocracia neoliberal y la exigencia de una Constituyente Democrática. Con ello construiremos una corriente popular y ciudadana capaz de impulsar la creación de una organización política que enfrente al neoliberalismo y a sus defensores, que impida la privatización de la CSS y que ponga coto y revierta la miseria que duerme en los hogares de la mayoría de los panameños y panameñas.
