Buscando Camino Buscando Camino
Año III, Número 45
1 al 7 de marzo 2004
Las elecciones generales del dos de mayo están a la vuelta de la esquina. Cuatro candidatos se disputan la presidencia de la República, apoyados por un conglomerado de partidos que han participado, todos, en los tres gobiernos democráticos que hemos tenido después del aplastamiento militar de la dictadura, en 1989, por parte del gobierno norteamericano.
El escenario en que se darán estas elecciones viene marcado por dos grandes temas ineludibles: el empobrecimiento generalizado y escandaloso de la mayoría de los panameños y el descrédito de una amplio sector de la ciudadanía respecto a los tres órganos de gobierno y el Tribunal Electoral, partícipe este último de la burla gigantesca que se ha hecho a los ciudadanos al negárseles el elemental derecho democrático de ser consultados sobre la convocatoria o no de una constituyente.
Un presente que no puede continuar
El desempleo, la marginalidad, la exclusión, el deterioro insoportable de las prestaciones públicas de salud y educación, y la descomposición social generadora de la violencia urbana y rural, son los rostros de la pobreza y miseria generalizada que golpea a la gran mayoría de la población panameña. Tales lacras son el resultado de cien años de gobierno de minorías integradas por casatenientes, latifundistas, grandes comerciantes, banqueros, industriales exonerados, transnacionales y organismos financieros internacionales. Sobre ellos, y nadie más, recae la totalidad de la responsabilidad de este desastre social y nacional, agravado ad infinitum por la aplicación de las políticas neoliberales de privatización, desregulación del Código de Trabajo, imposición de «reformas tributarias y apertura de mercado.
Pero ellos reinan, no gobiernan. En efecto, los beneficiarios de estos cien años de enriquecimiento, a costa de la pobreza y la miseria, dirigen el Estado a través de la «mediación» de los partidos políticos, que cada cinco años se disputan el «derecho» de mantener «todo bajo control, para que nada cambie», recibiendo como pago el beneplácito para utilizar el Estado (los dineros públicos, nuestros dineros) como instrumento para el enriquecimiento personal y privado.
Un examen de los tres gobiernos democráticos pos-invación resulta revelador al respecto. La implementación de las políticas económicas neoliberales tiene por objetivo garantizar el pago de la deuda externa y frenar la caída de la tasa de ganancias de multinacionales y banqueros. A cambio, los sectores dominantes nacionales pueden «seguir el fiesto» y sus gobiernos y políticos enriquecerse a través de la corrupción que tales políticas generan. Veámoslo. La alianza de gobierno de Guillermo Endara ( Arnulfismo, Molirena, Democracia Cristina y Liberal), firmó la Carta de Intención que comprometió al país a iniciar la implementación de las políticas neoliberales, dando inicio a la privatización de las primeras empresas estatales. La alianza de gobierno de Ernesto Pérez Balladares ( PRD, Liberal Nacional, Cambio Democrático y Solidaridad), privatizó las principales empresas de servicios públicos, dejándonos como herencia la triplicación de sus tarifas y decenas de miles de desocupados ( luz, teléfonos, puertos, etc.). La alianza de gobierno de Mireya Moscoso ( Arnulfismo, Molirena, Cambio Democrático, Solidaridad y Liberal Nacional), impuso la «reforma tributaria», el alza del pasaje público en más de un 50%, y lucha desesperadamente por privatizar la CSS, pretendiendo, además, si nadie la detiene, firmar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que destruirá a nuestros productores del campo, cerrará industrias, desregulará las profesiones liberales y profundizará, por todo ello, la pobreza y la miseria.
Como se ve, se trata de una partidocracia neoliberal que gobierna en nombre de las minorías beneficiarias del sistema y en el suyo propio, y cuyas diferencias se reducen, en lo esencial, al beneficio ventajoso que pueden recibir tales o cuáles grupos económicos cercanos al gobierno de turno, y al ser más o menos «eficientes y solapados» en el saqueo del erario público.
Un futuro que rechazamos
Sobre todos ellos recae en exclusiva la responsabilidad de la crisis social, económica, política y ética en que está sumida la nación panameña. Como se sabe, dos grandes peligros se ciernen sobre todas nuestras cabezas: la privatización de la CSS (ya iniciada) y la firma del TLC, que agravarán el desempleo, la miseria, la descomposición social, la violencia y la inseguridad ciudadana. ¿Qué han dicho al respecto los cuatro candidatos? Nada, absolutamente nada que no sea más de los mismo. Como recordarán, en el debate sobre la CSS ni uno de ellos se comprometió a no privatizar los fondos del programa de invalidez, vejez y muerte, ni las prestaciones y servicios médicos. Todos se escudaron en la engañosa frase: ¡ Yo no privatizaré la CSS ! Parecían el eco de las mentiras de Mireya Moscoso. ¿Y en cuanto al TLC? En el segundo «debate» los cuatro coincidieron en la «necesidad» de firmarlo, agregando, claro está, que «defenderían los intereses nacionales»….de ellos y de sus titireteros, agregamos nosotros.
¡Más de lo mismo es lo que nos prometen! Ahora bien, «caminando en los zapatos del pueblo» podremos tener un «presidente de verdad» que tenga una «visión de país» que genere una «patria nueva». Pero ello sólo se obtendrá rechazando inflexiblemente a la partidocracia y a sus candidatos, como única fórmula que nos permita dejar de ser rehenes del régimen partidocrático neoliberal y abrir los causes democráticos necesarios para iniciar la construcción de alternativas políticas populares.
La Asamblea Constituyente y la quinta papeleta
Cansados de ser burlados por la partidocracia en la resolución de sus problemas más apremiantes de trabajo, vivienda, salud, educación y servicios públicos baratos, engañados una y otra vez con promesas políticas fraudulentas, escandalizados por los chanchullos propiciados por el Ejecutivo, el Legislativo, la Corte Suprema de Justicia, y ahora el Tribunal Electoral, que pone de manifiesto para quién y en contra de quién trabaja, un amplio sector de ciudadanos ha empezado a exigir la convocatoria de una Asamblea Constituyente que rompa el monopolio excluyente que de la vida política nacional tiene la partidocracia, entre otras innumerables exigencias. Se trata de una clara expresión de la crisis del régimen político partidocrático neoliberal de democracia restringida , agravada por las consecuencias de la implementación de las políticas neoliberales. En pocas palabras, se trata de una crisis de participación y representación política.
Frente a este fenómeno que crece y se amplifica cada día, y al que la partidocracia se opone con uñas y dientes, cabe hacer una sola pregunta: ¿es progresiva para el pueblo panameño en la coyuntura actual dicha demanda, o, por el contrario, se trata de una demanda reaccionaria y regresiva? Para nosotros sin lugar a duda alguna se trata de una demanda progresiva, cuyo avance pone en peligro el monopolio de la vida política y los privilegios de la partidocracia. ¡Por ello la hayan inconveniente en el «momento actual»! Nuestro colectivo, Camino Alternativo , apoyará todas las demandas progresivas que levante el pueblo panameño, todas las demandas que lo ayuden a liberarse de la dominación partidocrática y que abran causes de lucha en favor de la ampliación de las libertades democráticas y en contra del neoliberalismo. Por ello llamamos a votar en blanco como expresión del rechazo a la partidocracia y de exigencia de una Asamblea Constituyente Democrática.
Las distorsiones de la voluntad popular que encierra la quinta papeleta no cambian su carácter progresivo frente al régimen partidocrático neoliberal. Oponerse a ella, tal como ha hecho la partidocracia, es oponerse al elemental derecho democrático que tiene el pueblo soberano de ser consultado. Por el contrario, la quinta papeleta estimula la construcción de una corriente ciudadana en ruptura con la partidocracia, en cuyo seno las fuerzas populares debemos dar una batalla de ideas para transformarla en una avanzada contra el neoliberalismo que transforma a todos sus integrantes en víctimas y no en beneficiarios. En ese sentido, llamar al voto nulo o al abstencionismo es impulsar variantes despolitizadas del voto en blanco. A nuestro juicio, en esta coyuntura el único camino para avanzar en la construcción de una corriente política independiente de la partidocracia y enfrentada al neoliberalismo es VOTAR EN BLANCO. A ello los invitamos.
