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Año II, Número 44
15 al 21 de diciembre 2003
La Dirección Nacional de Migración, organismo dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, le negó la semana pasada la renovación de la visa de permanencia al cooperante español, y misionero laico, Francisco Aperador, miembro de Pastoral Social-Caritas de España, que se encuentra ahora en nuestro país en cumplimiento de tareas de solidaridad y acompañamiento de los pobres y excluidos, bajo la responsabilidad de Pastoral Social-Caritas de Panamá. Se le concedieron únicamente tres días para que abandonara, junto con su familia, el territorio nacional. La Dirección de Migración alegó, en sustento de tan radical decisión, razones de orden público y seguridad nacional.
¿Cuáles son los crímenes cometidos contra el «orden público y la seguridad nacional» que han aconsejado tomar la decisión de expulsar del país a Francisco Aperador y a su familia? Desde su llegada a Panamá, y bajo la responsabilidad y dirección de la jerarquía de la Iglesia católica, Francisco Aperador se ha dedicado a labores de acompañamiento de la Coordinadora Campesina Contra los Embalses que pretende realizar la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), con la consecuencia cierta de la inundación de las tierras que habitan y de las que viven desde tiempos inmemoriables. Hemos de concluir, por tanto, que las acusaciones vertidas contra Francisco Aperador tienen que ver de manera directa con las actividades que realiza dicha Coordinadora Campesina. ¿Y cuáles son tales actividades que «subvierten el orden público y ponen en peligro la seguridad nacional»? Es público que los campesinos de la mal llamada cuenca del Canal se han organizado, pronunciado y movilizado contra las intenciones inconstitucionales de la ACP de inundar tales tierras.
La Constitución Política de la República de Panamá garantiza en su Título III, Capítulo 1°, referido a las Garantías Fundamentales de los ciudadanos nacionales y extranjeros bajo su jurisdicción, el derecho de organización, de emisión libre del pensamiento y de reunión y manifestación. Por tanto, la Dirección de Migración, el Consejo de Seguridad Nacional y el Ministerio de Gobierno y Justicia, instituciones responsables de la orden de expulsión contra Francisco Aperador, están criminalizando con esa medida las actividades que públicamente realiza la Coordinadora Campesina, actividades que, por otra parte, están protegidas por la Constitución Política de la República.
Yendo un poco más lejos, tanto las autoridades eclesiásticas como Pastoral Social-Caritas Panamá han asumido públicamente su responsabilidad directa en las orientaciones de acompañamiento de la Coordinadora Campesina dentro de las cuales se encuadra el trabajo misionero de Francisco Aperador. ¿Significa ello que han sido también criminalizadas las autoridades e instituciones eclesiásticas que reconocen públicamente su responsabilidad de evangelización y solidaridad con los más pobres y excluidos, en este caso los integrantes de la Coordinadora Campesina?
No nos cabe la menor duda que la expulsión de Francisco Aperador resulta ser un ataque directo contra las orientaciones de la jerarquía eclesiástica y las actividades de la Pastoral Social-Caritas. Se trata de un ataque dirigido a silenciar la lucha cívica y pacífica que realizan los campesinos en defensa de sus tierras. Se trata, en definitiva, de salvaguardar las inconstitucionales actividades de ese Estado Libre Asociado que es la Autoridad del Canal de Panamá. El orden privado y la seguridad privada que se defienden con este ataque están referidos a los enormes negocios que generarán los diez mil millones de dólares de dinero público que habrá que invertir para la supuestamente necesaria ampliación del Canal. De eso es lo que se trata.
Con el objeto de silenciar las voces de los campesinos afectados, que podrían ser una aldabonazo que haga despertar la conciencia de todos los panameños y panameñas que tendríamos que pagar por generaciones esa enorme deuda, se desconocen las libertades democráticas que garantiza la Constitución a todos los panameños y extranjeros. En el dilema existente entre las libertades democráticas y los beneficios privados de un pequeño grupo de plutócratas, las autoridades, una vez más, deciden a favor de los bolsillos de un minúsculo grupo de beneficiarios. Con el agravante de que al cercenar las libertades democráticas de Francisco Aperador, se ponen en peligro las libertades democráticas de todos y cada uno de los panameños, enviándonos a todos un claro aviso de que todo aquél que discrepe, proteste, se organice y movilice contra los intereses privados de los poderosos será prontamente señalado y sancionado por «perturbar el orden público y la seguridad nacional». La de ellos, claro está.
No se trata de un ataque individual que se consume en la esfera de los privado, por muy lamentable e injusto que sea. Por el contrario, la defensa de los derechos democráticos de Francisco Aperador y Pastoral Social-Caritas no son otra cosa que la defensa de nuestros derechos y libertades democráticas para luchar contra la privatización de la Caja de Seguro Social y las prestaciones de salud, hasta hoy todavía, aunque precariamente, públicas. Se trata de impedir que mediante el recorte de libertades democráticas se silencie «el grito de los excluidos», y más adelante se repriman «legalmente» las luchas que están por venir contra el depredador Tratado de Libre Comercio que se aprestan a imponernos, con todo lo que conllevará de privatización de la educación pública, derogatoria de las leyes especiales que protegen todavía en su estabilidad a una minoría de funcionarios públicos, la elevación de la edad de jubilación, etc., etc.
La causa de Francisco Aperador y Pastoral Social-Caritas es la causa de todos y todas, y por ello no debemos permitir este atentado incalificable contra fundamentales libertades conquistadas con enormes sacrificios. En este sentido, hacemos un llamado urgente para que manifestemos nuestra solidaridad enviando en tal sentido mensajes a Pastoral Social- Caritas y a las autoridades eclesiásticas, en preparación de la necesaria movilización ciudadana en caso de que este atropello contra todos los panameños no se detenga de inmediato.
