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Año II, Número 42
24 al 30 de noviembre 2003
El aplastamiento del régimen militar norieguista por la invasión norteamericana del 20 de diciembre de 1989, abrió las puertas a un nuevo régimen político instaurado por las fuerzas que definieron su barbara acción como una «causa justa». Demolida la dictadura, que cualquier observador objetivo calificaría como una verdadera caricatura de su antecesora denominada «torrijismo», las fuerzas ocupantes entregaron el poder al conjunto de las fuerzas entonces opositoras, conjuntadas en la llamada «alianza civilista». Se trataba de una mezcolanza de partidos y grupos cuyo único elemento en común era que vestían con saco y corbata, en vez de usar charreteras y botas. Podríamos decir que poco cambió entonces con la reforma constitucional que institucionalizó ese cambio de vestimenta, pero a decir verdad nos equivocaríamos.
La dictadura, en cualquiera de sus formas, sostiene fundamentalmente su dominio sobre la base de la fuerza, si bien intenta por todos los medios a su alcance legitimar su despótico gobierno mediante la propaganda y políticas que procuren ganar para su apoyo a sectores de la población. Dicho en otras palabras, la dictadura domina por la fuerza en la misma medida en que carece del consentimiento de los ciudadanos. Su principal instrumento de dominación es el aparato policíaco-militar y, en segundo término, las bases sociales de apoyo que logra mediante sus políticas.
Los regímenes democráticos, por el contrario, dominan mediante el consentimiento que le otorgan los ciudadanos a través de procesos electorales, dirimiendo los conflictos sociales y políticos a través de instituciones como la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia. Claro está que cuando el régimen democrático es incapaz de dominar mediante la obtención del consentimiento de los ciudadanos, utiliza como último recurso para imponer sus decisiones el mismo aparato policíaco-militar en que se apoya el dominio de las dictaduras.
El régimen democrático que surgió de la invasión del 20 de diciembre, antítesis del régimen militar en su forma de dominación, se apoya en la partidocracia bipartidista para lograr el consentimiento de los ciudadanos, cerrando con ello toda forma de expresión política que no discurra por esos causes férreamente establecidos. Garantía de esa forma de dominio es un órgano legislativo cuya mayoría la integran necesariamente representantes de la partidocracia bipartidista, y una Corte Suprema de Justicia que es propuesta y nombrada por ellos mismos. Remata el círculo vicioso un Código Electoral que sanciona, por excluyente, tal aberración.
Podemos afirmar, por tanto, que el régimen político a través del cual se nos domina es una democracia restringida, que se apoya en una partidocracia bipartidista, excluyente de cualquier forma de expresión política popular y ciudadana.
Pero los regímenes políticos se caracterizan no sólo por la forma que adoptan para ejercer su dominación, sino también por la orientación social que imponen a la sociedad. ¿Cuál es el hilo social conductor de los gobiernos de Guillermo Endara, Pérez-Balladares y Mireya Moscoso?
El primero firmó con los organismos financieros internacionales la Carta de Intención que sometió al país a las políticas económicas que responden al denominado «Consenso de Washington», cuyas fórmulas mágicas son la privatización de las empresas estatales, así como los servicios públicos de salud, educación y seguridad social; la desregulación del mercado financiero, laboral y comercial (TLC), y la reforma tributaria como garantía de recaudación suficiente para el cumplido pago de la deuda externa. Endara inició el proceso de privatización de las empresas estatales, pero no pudo avanzar más por la debilidad congénita de su gobierno.
El segundo culminó el proceso de privatización de las empresas estatales y «flexibilizó», en un primer paso hacia la liberalización completa, el Código del Trabajo, recortando de paso conquistas históricas de los docentes.
Por su parte, Mireya Moscoso ha procurado, sin éxito hasta el momento, la privatización de los fondos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, dando pasos importantes, aunque velados, para la privatización de los servicios de salud y educación. Ha impuesto la reforma tributaria, e insatisfecha de su obra pretende abandonar la presidencia luego de firmar un Tratado de Libre Comercio que desregula completamente la economía nacional, que quedará así a merced de la voracidad de las multinacionales subvencionadas, en este caso, por el gobierno norteamericano. Con el TLC vendrá igualmente la desregulación profesional y la consecuente derogatoria de las denominadas leyes especiales que protegen a médicos, docentes y otros muchos funcionarios públicos, lo que se hará mediante la ya anunciada Ley General de Salarios.
Las políticas económicas acordadas en el denominado «Consenso de Washington» para ser adoptadas por los organismos financieros internacionales, fueron bautizadas por sus creadores como neoliberalismo. Es por ello que, una vez develado el hilo social conductor de los tres gobiernos habidos desde la invasión, podemos definir al nuevo régimen político a través del cual se nos domina como uno de democracia restringida neoliberal. Este es el régimen que ha entrado en crisis, y que hoy carece de la legitimidad necesaria para seguir dominando, pues la ciudadanía le ha retirado masivamente su consentimiento. Este es el régimen que ya no puede seguir restringiendo las libertades democráticas de participación política para continuar así con la imposición de sus cada vez más rechazadas políticas económicas neoliberales. (continuará)
