Buscando Camino Buscando Camino
Año II, Número 27
28 de julio al 3 de agosto de 2003
El homicidio perpetrado en la persona de la joven estudiante de sexto año Ilka Chérigo, como consecuencia del atropello de un autobus de transporte público, ha levantado una oleada de indignación ciudadana que se ha visto agravada por la fuga del presunto responsable, si bien ha sido detenido algunos días después de tan luctuoso hecho. No es la primera ni será la última víctima mortal del sistema criminal de transporte público que centenares de miles de panameños se ven obligados a utilizar para movilizarse cada día hacia sus trabajos y sus residencias, agregando, por su ineficiencia, no menos de dos o tres horas diarias a la jornada laboral de los trabajadores.
La generalizada condena ciudadana obligó a voceros del gobierno y de la Cámara Nacional de Transporte (CANATRA) a dar la cara en lo medios de comunicación, anunciando «drásticas medidas» contra el responsable de los hechos. Incluso la Presidenta de la República, en conferencia de prensa, le solicitó a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT) «mano dura» contra los conductores irresponsables del sector, propiciando que tanto este último organismo como la CANATRA declararan que «el sistema de transporte público había colapsado». Por su parte, un legislador, vocero oficioso del gobierno y oficial de la bancada mireyista, declaraba que la única salida era reestructurar el sistema y concesionarlo a grandes empresas privadas especializadas en el transporte colectivo.
Las declaraciones del gobierno, la ATTT y la CANATRA resultan de un desvergonzado cinismo, si tenemos en cuenta que fueron ellos, en contubernio con algunos sectores de CONATO, los responsables de haber elevado el costo del pasaje de B/. 0.15 a B/.0.25 centésimos en el mes de diciembre del año 2001, luego que masivas movilizaciones ciudadanas, que alcanzaron su cúspide el 9 de mayo de ese año, lograron detener dicho aumento. Y no contentos con ello, el gobierno les entregó a los transportistas treinta millones de dinero público, otorgado por el Banco Nacional, con la finalidad de «modernizar la flota», que año y medio después sigue en aún peor estado.
En cuanto al diligente legislador oficialista, sus intenciones no son otras que legitimar el millonario negociado que se prepara en los pasillos de la ATTT y las oficinas de los «trabajadores» de CANATRA, consistente en la creación de grandes empresas privadas de transporte público cuyos nuevos dueños serían los agradecidos amigos del gobierno y los gamonales mafiosos que hoy controlan el sector, expulsando del mismo a los pequeños transportistas.
Hay señalar que la mafia que controla el transporte tiene poderosos tentáculos y ramificaciones que abarcan a los encumbrados funcionarios que realizan la venta de los certificados de operación, negociado que les genera millones de balboas anuales a sus beneficiarios, y a los pulpos de las empresas financieras que se embolsan igualmente ganancias millonarias gracias a los intereses leoninos que aplican. Pero eso sólo es el comienzo. Sólo en pasajes, el «negocio» del transporte genera más de mil millones al año ( El Panamá América, 24/07/03), sin contar con los pingües beneficios adicionales que les producen las concesiones para la distribución de gasolina exonerada.
No es de extrañar, entonces, que dicha mafia tenga incluso representación parlamentaria, tal cual ocurría en los tiempos de Capone.
¿ Y quienes son las víctimas de donde se extraen tan enormes e increíbles ganancias? En primer lugar, del pueblo trabajador, a quien se le aumenta en B/. 0.04 centésimos la hora del salario mínimo, mientras se les cobra inmisericordemente B/.0.25 centésimos por cada uno de los cuatro viajes promedio que tienen que hacer durante su jornada laboral. Verdaderos féretros con ruedas, los vehículos del transporte colectivo son adquiridos de segunda mano y por una bicoca en USA, luego de que los mismos hayan sido retirados de circulación en aquél país por haber cumplido su tiempo útil, y estar imposibilitados por ello de prestar un servicio cómodo y seguro.
En segundo lugar, y hay que decirlo con toda franqueza, también son víctimas los miles de «palancas» (conductores no propietarios) que trabajan prolongadas jornadas agotadoras en condiciones infrahumanas, sometidos a una barbara explotación que ni siquiera les reconoce la obligatoria seguridad social. Al estar obligados a pagar al «transportista» (propietario del certificado de operación o cupo) una cuota diaria fija, al margen del número de pasajeros que transporten, son empujados a las peligrosas «regatas», el manejo desordenado y la velocidad extrema, en una lucha desesperada por acortar el tiempo de recorrido de la ruta, transportando el mayor número posible de pasajeros. No es de extrañar, entonces, que entre tales esclavos del volante abunden los adictos a las drogas y al alcohol.
Siendo así, los problemas del transporte colectivo no serán resueltos mediante la «mano dura» ni el agravamiento de las sanciones y las penas. Tampoco resolverá nada la pretendida concentración de la propiedad de la flota en manos de grandes empresas privadas que monopolizarían de esta manera, aún más, este gigantesco negocio, expulsando a los pequeños transportistas. De esto último da fe el resultado de la privatización de los servicios públicos de telefonía y electricidad, gracias a la cual pagamos unas de las tarifas más elevadas en el mundo, a cambio de una contraprestación de servicios que da vergüenza.
El único camino para la reorganización del sistema de transporte en beneficio de los centenares de miles de usuarios, es acabando de una vez por todas con la mafia odiosa que controla el sector y que hace de la sobre explotación de usuarios y trabajadores del transporte un negociado multimillonario y obsceno. Para ello se hace necesario proceder de inmediato a la municipalización del transporte público urbano , lo que pudo haberse iniciado con los 30 millones de dinero público que el Banco Nacional «prestó» a los mal llamados transportistas. Sólo la municipalización del transporte puede brindar un servicio público de transporte barato, ordenado, fluido, ajeno a la conducción irresponsable y al control del mismo por las mafias que hoy lo explotan, garantizando así, además, que los beneficios reviertan a la sociedad en obras de interés social.
Por otra parte, la municipalización garantizaría una contratación de los trabajadores del transporte enmarcada dentro de los parámetros legales, acabando con la sobre explotación hoy permitida y tolerada de los mismos. ¿ Qué impide que se inicie hoy mismo el proceso de municipalización? El único obstáculo son los gobiernos que, formando parte de esta mafia, utilizan al estado como un instrumento para la acumulación privada y no como un instrumento para la satisfacción de los intereses de las más amplias mayorías.
