EL CASO CEMIS

Panamá, Año VIII, No. 228

26 de julio al 8 de agosto de 2009

 

El 29 de diciembre de 2001 la Asamblea Nacional aprobó un contrato entre la Nación y el denominado proyecto Centro Multimodal Industrial y de Servicios (CEMIS), cuyo beneficiario era el Consorcio San Lorenzo, representado por Stephen Jones y Martín Rodín. Mediante dicho contrato se le concedían a dicha empresa 6 millones de metros cuadrados de terrenos, además del aeropuerto Enrique A. Jiménez, y ello por 60 años.

Por otra parte, el 9 de enero de 2002 la diputada Balbina Herrera denunció en el hemiciclo legislativo que Carlos “Tito” Afú, su colega en la bancada del PRD, había votado a favor de la ratificación de Winston Spadafora y Alberto Cigarruista como magistrados de la Corte Suprema de Justicia a cambio de 1.5 millones de dólares pagados por orden del ejecutivo arnulfista.

Días después, el 16 de enero de ese mismo año, y en rueda de prensa, el diputado Carlos “Tito” Afú negó los señalamientos de Balbina Herrera, y sorpresivamente denunció al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, cuyo secretario general era y es Martín Torrijos, de haber repartido dinero entre los diputados de la bancada del PRD para que votaran a favor del CEMIS, y mostrando un fajo de billetes de seis mil dólares declaró que eran parte de los veinte mil dólares que le correspondía a cada diputado de su hasta entonces partido.

Las acusaciones y contraacusaciones dejaron estupefacta a la ciudadanía y se abrió una crisis de legitimidad que afectó a los tres órganos del Estado. Si hasta entonces los gobiernos de la democracia restringida habían transitado un camino de desprestigio acelerado, ahora, con el caso CEMIS, lo que entró en crisis fue el mismo sistema político pactado después de la invasión norteamericana. Ejecutivo, Legislativo y Corte Suprema de Justicia estaban gravemente deslegitimados, gracias a que el modus operandi de la democracia restringida y su sostén la partidocracia neoliberal habían mostrado su corruptadesnudez ante la opinión pública.

El 17 de enero, un día después de las explosivas declaraciones de Tito Afú, la Procuraduría General de la Nación inició de oficio sus investigaciones, y poco más de un mes después, el 27 de febrero, la Procuraduría solicita al Presidente de la Asamblea, Rubén Arosemena, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de todos los diputados para así poder investigarlos. El 12 de abril del mismo año el pleno de la Corte Suprema, mediante resolución, consideró que los legisladores no gozaban de inmunidad parlamentaria cuando se inició la investigación. Posteriormente, el 17 de septiembre de 2003, la misma corte, con el voto de seis de los nueve magistrados, ordenó el archivo del expediente al considerar que la Procuraduría inició sus investigaciones cuando los diputados gozaban de inmunidad parlamentaria. ¡Sea dicho!

Un régimen político herido de muerte

El caso CEMIS, que ahora se reabre por presiones del actual ejecutivo y el “oportuno” envío, por parte de Ernesto Pérez Balladares, de grabaciones y filmaciones en la que aparecen varios diputados de la época contando con pelos y señales la comisión de los delitos, implica gravemente a dos magistrados de la Corte Suprema y al conjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Igualmente implica a un gran número de diputados de entonces y algunos de la actual Asamblea. Se trata de un golpe mortal para la actual Corte y para la Asamblea de Diputados como poder del Estado. No importa cuáles sean las consecuencias jurídicas de su apertura: unos dicen que todo terminará en nada y otros que habrá detenidos y enjuiciados. No importa. Lo cierto es que el régimen político está carcomido. Súmese a ello el exabrupto del Tribunal Electoral al legitimar a un alcalde de nacionalidad norteamericana, y la crisis galopante del sistema partidocrático, y concluiremos que no queda nada en pie.

Si bien es cierto que la legitimidad se gana o se pierde en función de las actuaciones políticas, parece difícil que el sistema político panameño pueda salir airoso de la vorágine deslegitimadora en la que está inmerso.

La crisis del legislativo no se superará mediante los paños calientes que el nuevo gobierno le aplica para lavarle la cara. Las medidas tomadas hasta hoy son superficiales y en nada cambian su corrupta esencia. Por su parte, la Corte Suprema, que alberga en su seno a un Magistrado al que le han suprimido su visa para viajar a Estados Unidos por razones delictivas, está tan profundamente podrida que de poco serviría incluso la renuncia de todos sus integrantes. ¡Es el propio sistema judicial el que está completamente descompuesto! Y en cuanto al poder ejecutivo, si en el editorial anterior advertíamos que al lobo se le veían ya las orejas, ahora, con el proyecto de ley que pretende controlar todas las comunicaciones telefónicas y de Internet de los ciudadanos, no podemos menos que decir que le han salido de golpe los amenazantes colmillos.

¿A donde vamos?

El país transita por un sendero peligroso, extremadamente arriesgado. Más que sumarse, la totalidad de los partidos, con la excepción del PRD, se han doblegado genuflexamente ante la alianza encabezada por Ricardo Matinelli. Por su parte, el PRD discurre por un camino de descomposición que lo dejará inerme y tremendamente disminuido. A su vez, la izquierda no encuentra su camino ni su espacio, lo que la convierte en una fuerza para nada decisoria en las próximas coyunturas políticas por las que atravesará el país. Estas son las circunstancias, las derivadas de la crisis del sistema político, las que han posibilitado que Ricardo Martinelli aparezca como situado por encima de las clases sociales y sus fracciones. Y ello conlleva el gran peligro de que termine encabezando un régimen de abierto autoritarismo, cuya deriva es difícil de predecir en estos momentos.

Hoy más que nunca se hace necesaria la puesta en pie de un Movimiento de Acción Ciudadana que combine la lucha por las libertades democráticas y ciudadanas y los derechos humanos, y construya un valladar contra las políticas económicas que recortan las posibilidades de un desarrollo equilibrado del mercado interno, es decir, de trabajadores del campo y la ciudad, campesinos, indígenas, productores agrarios e industriales y clase media asalariada. No basta con avanzar de un Estado al servicio y como fuente de la acumulación privada de la corrupta “clase política”, a otro estimulador de las mejores condiciones para transformar a Panamá en “el mejor país para hacer negocios”. Se requiere mucho más, y una nueva orientación que sitúe al Estado como el instrumento fundamental para la generación de equidad social y el desarrollo integral de sus ciudadanos.

No nos engañemos. La crisis puede abrir las puertas de una “constituyente” convocada desde el autoritarismo y el espejismo que generan las tímidas medidas reformistas del sistema. Estamos a tiempo de evitarlo, y para ello las fuerzas que exigen y necesitan de las libertades democráticas para impulsar un proyecto de desarrollo nacional, integral y equilibrado, deben encontrar las fórmulas capaces de unificar los esfuerzos para salir de la crisis mediante una refundación verdaderamente democrática del Estado Nacional.