Buscando Camino Buscando Camino
Panamá, Año VIII, No. 226
5 al 11 de julio de 2009
Lo que está saliendo a la luz pública es de verdadero espanto. No contenta la administración de Martín Torrijos con los abultados sobreprecios que permitía a diestra y siniestra en las reparaciones de escuelas y colegios, premeditadamente dejaron pasar el período de vigencia de las fianzas de las compañías que estafaron al erario público con el manejo inadecuado de la remoción de la fibra de vidrio, de manera que quedarán impunes de los daños ocasionadospor su falta de experticia en el tema, el cual provocouna de las más extensas pérdida de clases a lo largo y ancho del país que se tenga memoria por efecto de un despropósito gubernamental.
Otra de las bellezas dadas a conocer es el alquiler por parte de la presidencia de 140 carros ¡por el orden de 25 millones de balboas!, cifra suficiente para dotar de una flota de vehículos al Estado; el pago de gasolina para helicópteros y aviones a siete veces más que su valor; las equiparaciones, es decir, la rebaja de lo que pactaba el Estado como pago de parte de las compañías, que en el caso solo de los casinos, va por el orden de 50 millones de balboas, obviamente, con la consabida coima correspondiente a los altos funcionarios “benefactores”.
Claro que la “honorable” asamblea legislativa no podía quedar fuera de la larga lista de bellezas que afloran. Previa expulsión de sus instalaciones de los agiotistas que diezmaban la escuálida economía de todo empleado que cayera en sus redes, diputados de la bancada del PRD organizaron su propio negocio agiotista, que efectuaba sus cobros por medio de un sistema de descuento directo proporcionado por la propia asamblea, entramado que además incluía un negociado de servicios sexuales de alto rango de cobro.
La acción desarrollada por el nuevo gobierno contra los abusos de Figali ha levantado aprobación en una opinión pública harta de impunidad y desafueros, en espera de cárcel para los culpables. Hay que decir que toda la trama de tropelías contra el erario público que está aflorando, tenía un jefe mayor desde la silla presidencial, sobre el cual el nuevo gobierno no dice absolutamente nada, posiblemente por aquella practica inveterada de no sentar precedente tocando las cimas del poder, contradiciendo así la justa expectativa ciudadana de que se ponga fin a tanta impunidad reinante. Amanecerá y veremos.
Lo que si no parece entrar en las promesas de cambio, es la anunciada abolición de la carrera administrativa. Efectivamente, el gobierno saliente, al igual que todos los que hemos tenido posteriora la invasión de 1989, inició su período con una botadera masiva de empleados públicos para cumplir promesas electoreras de dar trabajoa quienes les apoyaron. El gobierno saliente puso en peligro a los empleados del Estado al no implementar los concursos de posiciones contemplados en la ley, pero lo que no dice el nuevo gobierno es que vaya a implementar esos concursos.
Más bien aflora, detrás del proyecto de ley que permitiría la suspensión de los efectos de la carrera administrativa para quienes ganen por encima de los 750 balboas, la intención de echar mano de esas partidas para el clientelismo político, todo lo contrario del ingreso por méritos al servicio del Estado, continuándose así con el tan criticado mecanismo del dedo para la adjudicación de los puestos públicos.
La suspensión anunciada tiene el peligro de no ser seguida de una convocatoria de concursos a todos los puestos de carrera administrativa, con prioridad para quienes los ocupan con antigüedad y méritos, sino que se constituirá en el primer aldabonazo contra las demás leyes que amparan al resto del personal en funciones en el Estado.
Nos referimos a una añorada aspiración de todas las administraciones del Estado, el liquidar aquellas leyes que protegen a amplios sectores del funcionariado público, como son las de educación, las de la profesión médica, las de administrativosy técnicos de salud tanto de la Caja de Seguro Social como del MINSA, las de sicólogos, enfermeras, trabajadoras sociales, agrónomos, empleados de la Universidad de Panamá, entre otras tantas que, producto de la lucha de tales sectores, amparan una estabilidad y conquistas salariales.
De lograr tal propósito seguramente lo que seguiría será el establecer una ley general de sueldos, para que sin el obstáculo de tales legislaciones, llevar a la baja el salario conquistado desde esos sectores, mientras se mantienen salarios de los altos funcionarios de la elite gubernamental, que como sigue ocurriendo en la nueva administración, ¡son 33 veces un salario mínimo! Esto si no constituye nada de cambio de las viejas prácticas.
Así como la actuación contra Figali es bienvenida, la modificación del reglamento de la Asamblea mantuvo los salarios astronómicos de los diputados, sus conocidos privilegios de importación de carros libre de impuestos, además de la posibilidad de seguir cobrando si faltan, pues sólo serán sancionados si su ausencia no permite conformar quórum.
Otros anuncios son signos alarmantes, como el pretender que castigar como adultos a niños que delinquen, incluso homicidas, va a cortar la delincuencia rampante que azota nuestro país, en vez de redireccionar fondos para asegurar la liquidación de las condiciones de miseria y degradación social de una vez por todas, verdadero caldo de cultivo de tan terrible violencia y único camino para desterrarla de nuestros ámbitos.
El autoritarismo asoma sus orejas con el exabrupto antijurídico de la Asamblea con respecto a Bosco Vallarino, pues la misma resolución es la prueba que al momento de ser postulado, no reunía el requisito de tener sus derechos políticos vigentes para poder ser electo y elegir. El Tribunal Electoral, cual taimados cortesanos que rinden pleitesía al nuevo rey, revelo lo que siempre han sido, cortesanos de todo poder.
Toca a la ciudadanía seguir atentamente toda acción gubernamental, de cara a hacer respetar sus legítimas aspiraciones a un verdadero cambio y distinguir la paja del heno.
