Buscando Camino Buscando Camino
Panamá, Año VIII, No. 208
1 al 7 de febrero de 2009
Uno de los sufrimientos cotidianos de todo habitante de la ciudad de Panamá es el transporte. Es un negocio organizado contra los(as) usuarios(as), en el que auténticas chatarras surcan raudas y veloces las ahuecadas calles de la metrópoli para mal llevar, si no hay accidente de por medio, a aterrorizados ocupantes a sus destinos.
El sistema que explica tamaña salvajidad se conoce como la cuenta. Quien maneja el bus es un chófer denominado palanca que no recibe salario, sino que gana en función de la mayor cantidad de usuarios que transporte, para que al final del día, quede para él lo que sobre después de entregar una cifra fija al dueño del bus, éste lavado y con tanque lleno. De allí el manejo a altas velocidades, los constantes atropellos que siegan la vida de peatones, las mortales regatas, la saturación de pasajeros, los golpes por frenazos inesperados, entre otras calamidades padecidas.
Una consecuencia de este pésimo servicio es el hecho de que apenas pueda, lo primero que hace un usuario es adquirir su propio carro, con lo que hemos llegado al actual congestionamiento vehicular, que obliga por efecto de los tranques, a levantarse a las 3:30 de la madrugada a quienes viven en las afueras, para entrar a trabajos y centros escolares hacia las 7 de la mañana.
Toda relación en que una persona le preste servicio a otra implica legalmente el pago de salarios, seguridad social, seguro educativo e impuesto sobre la renta. Nada de eso cumplen los dueños de buses, a vista y paciencia cómplice de cuanto partido político haya llegado a ser gobierno. Por el contrario, lo que prolifera es la venta y acaparamiento de los llamados cupos, negocio realizado desde las diversas jefaturas de la Dirección de Tránsito en contubernio con las mafias transportistas.
La lógica de los dueños de buses para mantener este sistema es que no tienen capacidad para mantenerse en el negocio si tuvieran que pagar salarios y usar otro tipo de buses de mayor costo, ya que los actuales tienen precios accesibles. Lo que nunca dicen es que esos buses no están diseñados para adultos, sino para escolares, siendo comprados a precios irrisorios en su calidad de desechos en Estados Unidos.
La lógica de tal argumentación es que los intereses de una minoría están por encima de los derechos de la ciudadanía a un transporte decente, seguro y rápido. Contrario a ello, la propia Constitución establece que el transporte es un servicio público, es decir, que los intereses de los usuarios deben estar por encima de quienes lo consideran solamente un negocio.
Y así es en buena parte de las ciudades del primer mundo, al que dicen que Panamá muestra cifras macroeconómicas de acercamiento. En ninguna de esas grandes capitales, estaría en manos privadas tan vital servicio, de hecho es un servicio municipal, con chóferes que además reciben un salario y no tienen que andar matando usuarios para llevar dinero a sus casas.
Apelando engañosamente a las penalidades descritas, el gobierno de Martín Torrijos acaba de efectuar un amago de licitación para la compra de 420 unidades para el proyecto denominado Transmóvil. El quid del negociado parece residir en el hecho de que será otro sistema privado, esta vez en manos de dos grandes compañías. De allí que alegremente estén dispuestos a gastarse millonesdel erario público para “indemnizar” a los actuales dueños de buses con 25,000 balboas por unidad, para que dejen libre el camino a quienes serían sus nuevos “asociados”.
El sistema propuesto conlleva varias desventajas, entre ellas el incremento del precio del pasaje, además de que nada garantiza que el flujo vehicular sea más rápido. En ciudades con la densidad de usuarios que tiene la ciudad de Panamá, el bus no es el sistema principal, sino trenes ligeros u otros sistemas similares, ventajosos por su rapidez y masividad.
Esa oportunidad estuvo en manos de los gobiernos de Mireya Moscoso y de Martín Torrijos, pero fueron desechadas por razones más vinculadas a la búsqueda de negociados que la de ofrecer un servicio eficiente. Para muestra de ello, el costo de la cinta coimera es igual al que tenía en su momento una línea de tren ligero que permitiría llegar de Mañanitas al centro urbano en apenas 25 minutos.
Toda propuesta realista para solucionar el calvario del transporte pasa necesariamente porque sea un servicio municipal, en donde primen los intereses ciudadanos por encima de compañías especuladoras. Ninguno(a) de los aspirantes a la presidencia o a la alcaldía capitalina contempla tal condición, existente solamente en la propuesta del Dr. Miguel Antonio Bernal.
La estafa al erario público en ciernes, demuestra una vez más la urgente necesidad de un poderoso movimiento ciudadano que enfrente tales desmanes. Suficiente dinero existe en el país para que los habitantes de la ciudad se vean beneficiados con un transporte rápido, masivo y seguro.
