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Panamá, Año VII, No. 201
7 al 13 de diciembre de 2008
Mientras el mundo conmemoraba una jornada más en la lucha contra la pandemia del VIH, el gobierno de Martín Torrijos liquidaba el proyecto de ley 442, que pretendía proteger derechos humanos en materia de sexualidad y salud reproductiva, además de promover la educación, información y atención de dicho renglón.
Tal proyecto, al igual que en su momento el concerniente a la protección integral de la niñez, había sido objeto de una descarnada campaña de difamación por parte de sectores que esgrimen en Panamá posiciones ultraconservadoras similares a las que levantan, en otras latitudes, fundamentalismos islamistas al peor estilo de un Ben Laden.
Es la repetición de la infamia de hace varios meses, cuando los(as) mismos(as) detractores(as), sustituyeron fraudulentamente la portada de una guía de un programa de formadores en educación sexual para adultos de San Miguelito, por la de guías de educación sexual supuestamente para niños(as) de cuarto, quinto y sexto grado de primaria, presentándola en medios de comunicación y logrando, por medio de ese falseamiento, una alarma social que llevó a paralizar la iniciativa en curso en el Ministerio de Educación.
El alto número de niñas y adolescentes embarazadas en escuelas, colegios y comunidades, así como el incremento de afectados(as) por el VIH en la población entre los 14 y los 21 años, indican a las claras las carencias existentes. Al menor asomo de una formulación legal que disponga que el Estado por fin cumpla con impartir una educación sexual tanto en instituciones educativas como de salud, salen a proferir infundios alarmistas y absurdos, en el sentido de que lo que se pretende es violentar a la niñez con contenidos poco adecuados para sus edades, así como sustituir a la familia en lo que debe ser educación sexual, llegando a atribuir al proyecto de ley una supuesta liquidación de la patria potestad.
El artículo 11 del proyecto de ley hoy engavetado establecía que le correspondía al Ministerio de Educación el diseño curricular en concordancia con la etapa evolutiva en que se encontraran los educandos, contrario al argumento esgrimido por los(as) fundamentalistas. Por otra parte, el propio artículo 6 del proyecto reafirmaba la patria potestad, mientras que el artículo 10 establecía que los padres y madres de familia debían de ser los primeros educadores de sus hijos(as) en el tema de sexualidad y afectividad, lo contrario de lo afirmado por sus detractores(as).
Eso sí, contrario a posiciones propias de un neoliberalismo que niega las responsabilidades del Estado en la calidad de vida de la ciudadanía, quienes propugnaron desde la sociedad civil por tal proyecto partían de que había que atender la realidad de que en la actualidad existe un inicio temprano en la sexualidad, distorsionada desde perspectivas sexistas de subordinación de la mujer al varón, enfoques alimentados hasta por la industria de novelas que extrañamente han proliferado, eso sí, con la complicidad de quienes desde esos mismos medios de comunicación se han rasgado las vestiduras contra el anteproyecto en mención.
Esa realidad va acompañada de otra aún más determinante, el tabú familiar con respecto a este tema, que lleva a que los(as) adolescentes encuentren en la calle lo que no se les habla en sus casas, lo que impone la necesidad por parte del Estado de suplir adecuadamente tal necesidad educativa.
Quienes adversaron el proyecto de ley hicieron hincapié en cuestionar privilegiadamente la perspectiva de género, es decir, el avance planetario en concebir la desigualdad y discriminación por razones sexuales, como algo nada natural, sino como parte de atavismos basados en injustas costumbres ancestrales originadas en nuestras sociedades, por lo que merecen ser erradicadas como lo fueron males sociales como la esclavitud, considerada durante siglos como algo normal y natural.
De que lo que estaba en discusión era la plena vigencia de derechos humanos, lo demuestran la gala de diatribas que los adversarios del anteproyecto, particularmente pastores evangélicos, profirieron contra las mujeres, atribuyéndoles casi características cuasi-demoniacas, además de justificar desde la Biblia, el supuesto origen divino de la -para ellos- natural y necesaria subordinación de la mujer al hombre.
El anteproyecto de ley, en su artículo 12, reivindicaba también el derecho a la atención de salud para personas con preferencias y prácticas sexuales diversas. Desde el campo de los detractores, también se hizo gala de una homofobia de la peor estirpe, como si una opción distinta a la heterosexual justificara medidas punitivas contra quienes también son seres humanos. Ello va coludido con la reciente oposición por parte del Estado Vaticano a la propuesta desde la ONU de despenalizar la homosexualidad, que es objeto nada más y nada menos que de pena de muerte en una serie de países, contradiciendo la jerarquía eclesiástica el propio mandamiento de no matarás.
La decisión adoptada no ha sido ajena a la presidencia de la república, desde la cual se decide qué proyectos deben recibir el beneplácito legislativo. También se encuentra muy lejos del supuesto acatamiento a un “sentir mayoritario”, invocado desde el cuerpo legislativo, que de lo que si no puede hacer gala es de tener oídos para las demandas ciudadanas. En esta ocasión, nuevamente, le pusieron oído a lo más conservador y violatorio de derechos humanos.
