Buscando Camino Buscando Camino
Panamá, Año VII, No. 186
15 al 21 de Junio de 2008
Como si se tratara de un macabro ritual, en el cual se repiten agresores(as) y agredidos(as) de similar situación acaecida hace un año, este jueves 12 de junio, estudiantes que guardan independencia de las autoridades de la Casa de Méndez Pereira, fueron objeto de una premeditada y preparada agresión por parte de funcionarios administrativos y estudiantes de la agrupación BPU, que responde directamente y recibe por tanto el beneplácito de la Administración Universitaria. Las varillas escondidas y usadas en el ataque revelan la preparación del mismo, tal y como han difundido en videos y fotografías algunos medios de comunicación.
El repudio y la participación masiva de estudiantes de las Facultades de Comunicación Social y Humanidades impide, en esta ocasión, que la agresión llegará a mayores. El lamentable espectáculo de estudiantes heridos de parte y parte denota la irresponsabilidad de los instigadores y patrocinadores de una manera de actuar que evoca las huestes del noriegato y afirma los peligros de instaurar la impunidad en la casa de Méndez Pereira, dando alas a una especie de sicariato que pueda cobrarse vidas, tal como ya lo ha hecho en el movimiento sindical con la de miembros del SUNTRACS.
En el año 2007, un 14 de junio, idéntica situación se vivió en los predios de la Facultad de Humanidades, al ser atacados y heridos por una turba compuesta de algunos estudiantes y de empleados administrativos los mismos estudiantes objeto del más reciente ataque. Ningún atacante fue objeto de medida disciplinaria alguna. Por el contrario, meses después, uno de los estudiantes agredidos en esa ocasión, Martín Castillo, era el sancionado por el Consejo Académico por ejercer su derecho a protestar en una manifestación que había sido reprimida, originándose enfrentamientos con las fuerzas policiales.
Vale la pena destacar que en ocasión del asesinato del estudiante universitario y miembro del SUNTRACS, Al Iromi Smith, dichas protestas se dieron, y en la misma, aparece en medios de comunicación biombo en mano, uno de los estudiantes participes de las agresiones aquí mencionadas. Sin que pensemos que defenderse de la represión de los nuevos dobermans implique razón para sanción alguna, destaca en esa ocasión la vista gorda de la Administración Universitaria.
No es casualidad que sea precisamente contra los estudiantes Martín Castillo, junto a John Hughes, en razón de nuevos enfrentamientos con las fuerzas policiales que reprimieron el pasado 9 de mayo de este año una protesta estudiantil, que ahora si, el Consejo Académico, haya dictaminado nuevamente sanciones de expulsión por un año, sin siquiera estar presentes ni enterados los “enjuiciados”, violentando así las autoridades universitarias el debido proceso, del cual deberían hacer gala como regentes de una institución de estudios superiores. De igual gravedad es el que se haya sancionado también a otros tres estudiantes ¡sólo por el hecho de convocarla!, lo que atenta contra derechos consagrados de expresión y manifestación.
De lo que se trata es de un intento orquestado para hacer desaparecer organizaciones estudiantiles que no adquieren compromisos a cambio de prebendas por parte de quienes ostentan el mando de la universidad, para así ofrecer al poder político y a la partidocracia una institución dócil sin capacidad de producir molestias y sobresaltos.
Por ello el CGU, máximo órgano de gobierno de esa institución, el día anterior a los más recientes hechos, había aprobado un artículo de aplicación tanto para estudiantes como docentes, el cual establece que todo aquel que se compruebe haya organizado, convocado o participado de alguna protesta podrá ser objeto de un proceso sumarísimo (así en el original), es decir, sancionado automáticamente sin previa investigación.
Seguramente que inspirados en tamaño despropósito, un grupo determinado de estudiantes y administrativos afines a altas autoridades salen “a cumplir misión”. Se sabe que el pasado jueves buscaban involucrar en un enfrentamiento a Martín Castillo, para abonar excusas a la voluntad que entendían plasmada en tales acuerdos antidemocráticos del CGU.
Para hablar claro, el origen de los enfrentamientos en la universidad está en la impunidad que la institución le dispensa a los grupos afectos a la rectoría. Por lo tanto, ella es la que tiene en sus manos, como deber institucional, detener de una vez por todas ese accionar que pone en entredicho a la propia institución. Para ello es necesario generar una participación masiva de la comunidad universitaria, para poner un alto definitivo a la grave amenaza del sicariato en los predios universitarios.
