Buscando Camino Buscando Camino
Panamá, Año VII, No. 170
3 al 17 de febrero de 2008
Nuevamente la ciudadanía es afectada por decisiones que van directamente en contra de su bolsillo. Ante la exigencia de la CANATRA de subsidios y aumento del pasaje, el gobierno presidido por Martín Torrijos no le tiembla el pulso para usar los impuestos que el pueblo tributa, destinándolos a subsidiar un negocio que es totalmente privado y de la peor calidad.
Revisemos cuál es la lógica de los reclamos del llamado sector transportista, específicamente el que monopoliza tal actividad en la urbe capitalina. Argumentan que el negocio no es rentable con el actual precio del pasaje. Son los mismos que en el 2001 lograron del gobierno de Mireya Moscoso el aumento del pasaje a 25 centavos, además de tres veces ese precio por el “servicio especial” en los corredores. Juraron y perjuraron que mejorarían el servicio, para lo cual recibieron 30 millones de balboas del Banco Nacional, el de todos los panameños, que jamás cancelaron.
Como era de esperar, el servicio siguió siendo de lo peor, y el de los corredores con la misma practica de sardina en lata del servicio “regular”. Pero lo logrado en aquel 2001 desató la voracidad de quienes, desde un negocio privado, reivindican su sagrado derecho a ejercer tal actividad, eso si, siempre que el resto del país sea quien los financie.
Constituido por propietarios de flotas que se disfrazan de sindicalistas y cooperativistas, han amasado dividendos a costa de medidas absolutamente ilegales en el actual ordenamiento jurídico, como la de evadir el pago de la seguridad social de los “palancas”. El sistema del pago de la cuenta diaria explica las regatas y atropellamientos por parte de estos chóferes, inducidos a una conducta criminal por un sistema que les niega la retribución exacta de un salario.
Mucho de los males, como las altas velocidades, la conducción salvaje y agresiva, el tener el usuario que pararse del asiento antes de que el bus se detenga y el exceso de pasajeros, se evitarían si en la ciudad de Panamá se estableciera el pago de un salario decente y seguridad social para quienes desempeñan tal labor diaria, como se hace cotidianamente en países tan cercanos como Costa Rica o en capitales del primer mundo como Madrid.
Así, no tendrían que apelar, como ahora ocurre, a matarse y matarnos por dar más vueltas a la ciudad; no sería de vida o muerte ir llenos de usuarios(as) de pie, ni tendrían que tener un pavo encargado de reprimir el descontento, pues un salario correcto estaría garantizado. Así, poco a poco, esas malas mañas irían desapareciendo.
Pero a eso se opone la CANATRA con el argumento que ello no haría rentableel servicio. Muy caraduras son, pues lo que significa es que apuestan a que un negocio que reporta ganancias privadas sea sostenido con dinero público. Es decir, no tienen obligación de dar un buen servicio a precios razonables, sino que el Estado debe sufragar su enriquecimiento, y a ello, con nuestros dineros, se dedica el presidente Martín Torrijos.
A confesión de parte, relevo de pruebas. Solamente se le podrá poner coto de una vez por todas a estos desmanes creando una empresa publica que se encargue del transporte, ya que quienes ejercen hoy la practica privada del mismo se declaran incapaces de adoptar las medidas que permitan correctivos, pues su ganancia depende de mantener las actuales condiciones del sistema. Como es un servicio público, el interés privado debe dar paso al interés general.
Por el contrario, el gobierno actual pretende hacer socios de cualquiera solución futura del transporte público a los causantes del mal sistema que sufrimos, tal como dejó establecido en la última ley de transporte. Y en lo inmediato, sigue la fiesta de subsidios, que pagamos todos y todas, esos mismos que no existen para dotar de 30 médicos oncólogos al Oncológico, o para que exista un servicio de 911 operativo.
El alza de los derivados del petróleo es aducida como razón para una nueva alza del precio del pasaje por parte de la CANATRA. En este tema, un entramado de intereses privados, del que son parte altos personeros gubernamentales, nos condenan a sufrir los efectos del alza…innecesariamente, cuando ya hay ofertas que permitirían enfrentar adecuadamente tal situación.
Es público y conocido que el gobierno de Venezuela ha ofrecido la construcción de una refinería en Puerto Armuelles. Lo que pasa es que dichos personeros del gobierno panameño ya tienen compromisos con la OXI, de propiedad de intereses ligados con el presidente Bush. El mismo gobierno de Venezuela ha ofrecido vender combustible a precios ventajosos, sabiendo que el galón ronda apenas en ese país los 25 centavos de dólar, pero el gobierno evade tales ofertas, para así privilegiar intereses particulares por encima de los de la mayoría del pueblo panameño.
De existir una empresa pública de hidrocarburos, el acaparamiento de gasolina que se produjo antes de carnavales, para mantener un elevado precio en momentos que el mismo debía de bajar, no sería posible. Esta sería la empresa llamada a tener una refinería y una distribución fuera del control de las petroleras alcistas.
Una vez más se hace imprescindible la construcción de un movimiento ciudadano que se proponga, de una vez por todas, y con objetivos claros que generen la movilización de la mayoría social, levantar un programa de soluciones viables a problemas acuciantes.
