Panamá, Año VII, No. 171

17 al 23 de febrero de 2008

– En defensa de las libertades democráticas –

El cobarde asesinato del obrero de la construcción Iromi Smith, miembro del SUNTRACS, dirigente comunitario y activista universitario, como resultado de la salvaje represión llevada a cabo por la policía nacional el pasado día martes, contra una manifestación pacífica de trabajadores de la construcción que exigía la aprobación inmediata por el gobierno del reglamento de seguridad del sector, no fue un hecho aislado ni casual.

A las escenas transmitidas por televisión de manifestantes obreros y transeúntes pateados en el suelo por la fuerza pública, debemos agregar que el asesinato de Iromi Smith, a quien se le disparó por la espalda, se cometió en los predios de la Policlínica Hugo Spadafora, a donde había concurrido para ser atendido de heridas causadas por perdigones disparados por la policía. Dos obreros más resultaron heridos por armas de fuego de grueso calibre. Tómese en cuenta que ya el año pasado fueron asesinados en circunstancias similares dos dirigentes de dicho sindicato, y que tales crímenes aún permanecen impunes. Súmese a ello el llamamiento a “juicio” de Saúl Méndez, uno de sus más respetados dirigentes nacionales, a quien se le ha montado la patraña de haber facilitado dinero y un arma de fuego a un delincuente común para causar desordenes en una pasada manifestación.

La reacción defensiva del SUNTRACS fue paralizar la capital mediante el tranque de sus principales arterias y realizar manifestaciones a nivel nacional, como medida de protesta ante el cínico comunicado oficial de la policía, asumido también por el Ministro de Gobierno y Justicia, en el que se justificaba el asesinato en razón de que “el agente utilizó su arma de reglamento al ver su vida y la de un compañero en peligro”. Sépase que cuando apareció el comunicado, ya era público de Airomi Smith había sido abatido por la espalda y frente a más de cuarenta testigos, entre los que se encontraban funcionarios administrativos y de salud de la Policlínica, pacientes y compañeros obreros.

Del recorte de libertades públicas al estado policiaco

La comprensible reacción de ira e indignación de los trabajadores de la construcción, que en esta ocasión han contado con la comprensión generalizada de la gente de la calle, no fue óbice para que el gobierno profundizara la represión generalizada: más de mil detenidos en las primeras 72 horas de protesta, decenas de heridos por perdigones y armas de fuego, y centenares afectados por las bombas lacrimógenas y el gas pimienta. De igual forma, se violentaron las instalaciones de hospitales y clínicas, y se realizaron juicios sumarios en los propios locales policiales. Además se convocó a los directores de los medios de comunicación para señalarles, amenazadoramente, que su labor informativa alimentaba la “subversión”. Por su parte, el presidente Torrijos llamaba a la “cordura, el sosiego y la tolerancia”, mientras por televisión se observaba, en vivo y en directo, la cordura, el sosiego y la tolerancia con que las fuerzas policivas apaleaban y gaseaban a los trabajadores y a los transeúntes.

Como decimos, no se trata de hechos aislados ni casuales. ¿Cómo explicar esta involución represiva del gobierno? Para explicarlo recordemos que el surgimiento pos invasión del régimen de libertades democráticas recortadas mediante el cual se nos domina y gobierna, respondía a la necesidad de imponer a rajatabla las políticas neoliberales de privatizaciones, apertura de mercados, flexibilización del código de trabajo, reducción de las inversiones sociales del estado, etc. Para ello era imprescindible un régimen que restringiera las libertades democráticas en la medida necesaria para romper y aplastar toda resistencia popular. Pues bien, esa resistencia popular, incluyendo la de las clases medias asalariadas y la de sectores de pequeños y medianos productores agrarios, así como la de las comunidades faltas de agua, caminos, escuelas y centros de salud, se ha incrementado peligrosamente para los intereses del actual gobierno neoliberal. Si bien se trata, todavía, de una resistencia fragmentada y dispersa en cierto modo, lo innegable es que cada día entran en lucha nuevos sectores opuestos a las políticas neoliberales: indígenas, ecologistas, urbanistas, profesionales e intelectuales, etc. Por otra parte, los sindicatos amarillos, financiados por el gobierno para dividir y enfrentar a los trabajadores, pierden día a día su capacidad para comprar, corromper y dividir. Sírvanos de ejemplo la recienteruptura de los gremios médicos con la farsa tramposa de la “concertación nacional”, escenario en el que los amarillistas se mueven a sus anchas.

Por otra parte, no cabe duda que el SUNTRACS constituye una organización en cierta medida vertebradora de las luchas obreras y populares, aún cuando se esté de acuerdo o no con la eficacia y acierto de sus métodos de lucha y organización. Sea como sea, la ofensiva represora del gobierno, que tiene entre sus primeros objetivos descabezar la dirección del SUNTRACS, y de ser posible desarticular a dicho sindicato, constituye un paso más en el camino de la puesta en pie de un régimen policiaco que sea capaz de imponer a sangre y fuego la inminente privatización de los servicios de salud y educación.

La unidad popular y ciudadana: en defensa de las libertades democráticas

Lo que ahora está en juego son las libertades democráticas fundamentales de organización, manifestación y expresión de toda la población, pues el neoliberalismo es la negación de tales libertades, ya que las mismas constituyen un obstáculo de envergadura para la imposición sumisa de políticas que generalizan la pobreza y concentran y aumentan la riqueza de unos pocos. El valladar que puede detener la actual marcha hacia el estado policiaco es la unidad popular en torno a la defensa de tales libertades. En torno a su defensa puede construirse la unidad, e iniciarse las alianzas necesarias para poner en pie un bloque social capaz de frenar y hacer retroceder la inminente privatización de la salud. Para ello habrá que abandonar las políticas sectarias que privilegian, por encima de la satisfacción de las necesidades populares y la construcción de un movimiento social fuerte, y por ello democrático, las conveniencias sectarias de las organizaciones.

Esa unidad, respetuosa de la autonomía de sus integrantes y democrática en su funcionamiento, puede derrotar en un abrir y cerrar de ojos la trampa judicial tendida al dirigente Saúl Méndez y forzar el nombramiento de una comisión independiente que investigue los pasados asesinatos de dirigentes del SUNTRACS, e impedir la inminente privatización de la salud. Ese es el camino y esa la tarea.