Panamá, Año VII, No. 168

13 al 19 de enero de 2008

 

La Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL) realizó una de las pocas huelgas que han tenido un final exitoso en los últimos años. No sólo lograron satisfacer sus más justas reivindicaciones salariales, sino que, además, en el documento de acuerdos de final de huelga comprometieron al gobierno a renunciar a cualquier proyecto privatizador de la salud.

La cláusula octava del acuerdo señala expresamente que todas las instituciones de salud de la República “se mantendrán dentro del modelo público en la provisión, gestión y financiación; y no usarán sistema alguno que incluya elementos de privatización, externacionalización, tercerización, concesiones administrativas, sus sinónimos y similares.”

Como expresión de sensata desconfianza en los futuros propósitos gubernamentales, la misma cláusula octava, en su párrafo final, agrega: “Además se compromete (el Gobierno Nacional) a no presentar nuevas disposiciones legales de cualquier nivel jerárquico, que reintroduzcan sistema alguno de privatización, externalización, tercerización, concesiones administrativas, sus sinónimos y similares.”

De igual manera, en el documento final de acuerdos de huelga se dejó establecido, en su cláusula séptima, que los gremios médicos y el gobierno nacional “se comprometen a participar en la formulación, ejecución y evaluación de las mejoras del sistema público de salud, el modelo de gestión, el modelo de atención y su financiamiento, fundamentados en la estrategia de la atención integral de salud”.

Como puede observarse, la Comenenal logró del gobierno un compromiso público e inequívoco de renunciar a cualquier maniobra privatizadora, y para asegurarse de ello se hicieron partícipes en la “formulación, ejecución y evaluación de las mejoras del sistema público de salud…”. Todo parecía claro, transparente y seguro.

La trampa de la “concertación”

Terminada la huelga y firmado los acuerdos, los gremios médicos aceptan retornar a la mesa de salud de la concertación nacional, para en ese escenario proceder a la elaboración de las políticas públicas para el sector, en especial las referente al sistema único de salud. A partir de esegravísimo error, todo se ha transformado en inseguro, opaco y ambiguo. Reunidos con los representantes de la “sociedad civil”, los dirigentes médicos han sido objeto de fuertísimos cuestionamientos e incluso de insultos y amenazas. ¿No sabían los gremios médicos que ese sería el escenario montado por el gobierno, a través de los representantes de una “sociedad civil” que incluso se había plegado al gobierno durante la huelga médica?

¿Desconocían los gremios médicos cuál fue el mecanismo utilizado por el gobierno para derrotar la lucha inicialmente victoriosa contra la reforma antipopular de la Ley de la Caja de Seguro Social? La lucha contra dicha reforma convocó manifestaciones populares de tal magnitud que el gobierno se vio obligado a derogar las reformas que había aprobado a tambor batiente en la Asamblea de Diputados. Acto seguido, convocó una “mesa de concertación nacional” en la que le fue “quebrando el brazo” a la mayoría de los gremios presentes, cuando no comprando a sus dirigentes o desestabilizando a las direcciones que se negaban a claudicar. De esa manera logró una falsa mayoría que impuso la antipopular reforma. Esa fue la maniobra que transformó una lucha victoriosa en una grave derrota.

Lo mismo ocurrió cuando se creó el Pacto de Estado por la Justicia. Como respuesta a una grave crisis de credibilidad de la Corte Suprema de Justicia, generada por las públicas acusaciones de corrupción que se hacían entre ellos los propios magistrados, el clamor ciudadano generalizado en pro de la renuncia de la totalidad de los integrantes de dicha corporación puso al gobierno contra las cuerdas. La respuesta fue, una vez más, un nuevo marco de “concertación” denominado Pacto de Estado por la Justicia. Hoy, ante la burla gubernamental, varios de sus integrantes lamentan amargamente el “incumplimiento” de los acuerdos. ¿De verdad son tan ingenuos que pensaron en algún momento que el gobierno iba a cumplir una vez superada la crisis? Cuesta de creer.

Posteriormente, ante la crisis generada por los envenenamientos masivos provocados por el dietilenglicol, el gobierno tuvo la “gran idea” de nombrar a un “grupo de garantes” para que elaboraran las bases de una reforma en profundidad del sistema de salud público. Elaborada la propuesta, varios de los “garantes” han hecho pública su protesta por la tomadura de pelo de la que fueron objeto, ya que el gobierno manipuló su propuesta al introducirle elementos claramente privatizadores. En otras palabras, los “garantes” le garantizaron al gobierno el salir indemne de la crisis provocada por el dietilenglicol. Superado lo peor de la crisis, el documento de los garantes fue tirado al basurero. Ese es el costo de la “ingenuidad”.

Finalmente, cuando en medio del referéndum por la ampliación del Canal un grupo de intelectuales honestos planteó la necesidad de utilizar los excedentes canaleros para impulsar un plan de inversiones que inauguraría un desarrollo económico y social autónomo, independiente y al margen de las políticas económicas neoliberales, y dicho planteamiento empezó a encontrar oídos receptivos, el gobierno nacional inventó de inmediato que “una vez pasara el referéndum” convocaría un marco de concertación nacional para discutir dicho tema. En efecto, la burla ha sido mayúscula, y es en ese marco al que han ido a parar los gremios médicos, enfrentados a lo que ellos mismos han definido como “varilleros del gobierno”.

Romper con la trampa de la concertación

Pensamos innecesario recurrir a nuevos ejemplos. La “concertación” constituye un marco político, elaborado incluso por organismos internacionales tales como el PNUD, cuyo único objetivo es construir la derrota de los movimientos sociales que se resisten a la imposición de las políticas neoliberales. Los sujetos de la lucha social, tal como en este caso los gremios médicos, deben negociar directamente con el gobierno sus demandas, sin permitir que usufructen parasitariamente sus luchas pretendidos organismos o representantes de una “sociedad civil” al servicio de legitimar las políticas neoliberales del gobierno.