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Panamá, Año VII, No. 166
23 de diciembre de 2007
El actual régimen democrático de libertades recortadas que sufrimos se va endureciendo en función de las necesidades de la partidocracia neoliberal. La innegable bonanza económica por la que atraviesa el país, pero que beneficia a un reducidísimo sector de la sociedad, mientras que, por otra parte, generaliza la pobreza y aumenta la exclusión social, responde a unas políticas públicas neoliberales que tienen que ser defendidas contra las pretensiones de quienes aspiramos a un modelo de sociedad que tenga entre sus prioridades la salud, la educación, la vivienda y unos servicios públicos eficientes y accesibles para toda la población. Dicho en otras palabras, y para poner un simple ejemplo, la partidocracia neoliberal optó, según sus necesidades e intereses, por invertir aproximadamente 200 millones de dólares en la Cinta Costera. Por el contrario, un gobierno de amplias libertades y mayoría social hubiese optado por resolver de una vez por todas el gravísimo problema del transporte público, que viene a satisfacer una necesidad imperiosa de centenares de miles de ciudadanos y cuyo costo es similar al de la Cinta Costera.
Imponer unas políticas públicas generadoras de pobreza y exclusión para la mayoría social, aunque enriquecedoras de los círculos dominantes, sólo es posible recortando el ya estrecho marco de libertades públicas bajo el cual vivimos. La partidocracia comprende perfectamente que la aplicación de laspolíticas neoliberales resulta imposible en un escenario de amplias libertades públicas, y de ahí su necesidad de ir configurando un régimen político que secuestre tales libertades. Y ese es el camino por el que avanza a toda velocidad el gobierno de Torrijos, con la complacencia y apoyo de la mal llamada “oposición”. En efecto, todo un conjunto de medidas adoptadas o por adoptar por el actual gobierno están sentado las bases de un régimen vaciado de libertades democráticas efectivas. Se trata, en definitiva, de construir una sociedad en la que los ciudadanos carezcan de la más mínima posibilidad de protesta o de resistencia frente a las políticas públicas impulsadas por el neoliberalismo.
Ese y no otro es el sentido del proyecto de Ley que elimina la autonomía del cuerpo de bomberos, reduciéndolo a un aparato dependiente del gobierno. De esa forma se acaba con el mal ejemplo que significa la existencia de la autonomía y la democracia interna para elegir a sus autoridades, y además se posibilita la politización del cuerpo, gracias al nombramiento por el gobierno de un Director General.
La ley que acaba de reformar a la hasta ahora Policía Técnica Judicial (PTJ), transfiriendo sus funciones investigativas a la Policía Nacional, es decir al gobierno, es otro ejemplo de la institucionalización del autoritarismo represivo con el que pretenden acallar toda protesta o doblegar cualquier resistencia. A partir de la nueva ley desaparece cualquier rasgo de independencia y autonomía en la investigación judicial, transformándose la misma en un nuevo apéndice del partido en el gobierno.
Por otra parte, y tal como han señalado diversos comentaristas, al margen de las cualidades profesionales y personales que visten a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo importante y destacable es que a partir de ahora el gobierno detenta una mayoría suficiente en ese órgano, lo que le garantiza la más absoluta impunidad para sus futuras actuaciones. ¿Avanzamos hacia una dictadura civil? Todo parece indicarlo.
Lo mismo hacen pensar las “facultades extraordinarias” que, cedidas por la Asamblea, le permitirán al gobierno legislar mediante Decreto sobre temas de gran importancia para el país. Mediante dicho mecanismo el gobierno podrá aprobar sin el menor debate ni la más mínima consulta leyes sobre aduanas, turismo, migración y banca. No debe cabernos la menor duda sobre las desagradables sorpresas que nos deparará el Ejecutivo al respecto. Amanecerá y veremos.
Dos ejemplos finales que clarifican sobremanera la forma de gobierno que están institucionalizando. Acaban de aprobar la “Ley de Concertación”, mediante la cual, se supone, le darán seguimiento a los acuerdos alcanzados bajo el paraguas de la “concertación” impulsada por el PNUD. En verdad lo que se pretende es institucionalizar la concertación como mecanismo de dominación social, sustituyendo de esa manera toda forma de negociación directa por los diversos actores sociales. De igual manera, se aprobó exonerar al FIS de publicar sus proyectos en panamacompras durante el 2008. En verdad lo que se pretende es facilitarle al FIS su función clientelísta en el año preelectoral. ¿Estaba usted enterado? ¿Alguien le consultó? ¿Escuchó algún debate al respecto?
Debemos tener claro que nuestras libertades están siendo recortadas cada día más, y que ello ocurre en función de poder satisfacer sin resistencia los intereses de una plutocracia minúscula. Cambiar ese curso de las cosas requiere de una acción política encaminada a instaurar un gobierno que amplíe sin límites las libertades democráticas de expresión, organización, manifestación y decisión, lo cual sólo será posible con el apoyo activo y consciente de la mayoría social.
