Panamá, Año VI, No. 160

21-27 de octubre de 2007

Dos son los objetivos fundamentales de la nueva ley de transporte público masivo propuesta por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea: a) eliminar la prohibición que existía en la vieja ley para que los capitales extranjeros pudieran incursionaran en ese gigantesco negocio de más de 500 millones de dólares al año, y b) garantizarle a la mafia transportista, socios del gobierno, una indemnización “razonable” una vez que ello ocurra, siempre y cuando no se alcance un acuerdo que les garantice su trozo del “pastel”.Ambos asuntos han quedado resueltos con la nueva ley. Ahora sí, pero luego de las elecciones de 2009, se entregará el negocio del transporte masivo a una alianza del capital extranjero con socios locales.

Lo anterior significa que los panameños tendremos que someternos a un sistema de transporte masivo que se acomode a los intereses del capital extranjero, lo que no tiene porque coincidir necesariamente con una solución técnica que se acomode a los intereses del pueblo panameño. Tómese en cuenta que el capital opera bajo la lógica del mayor beneficio posible (mínima inversión, máxima ganancia), lo que está en contradicción con la lógica de un sistema que procure satisfacer las necesidades de un servicio público masivo: máxima satisfacción y al menor precio posible. Así pues, se nos impondrá una solución técnica a la medida de la conveniencia del capital, además de un precio del pasaje exorbitante, que oscilará entre los 0.75 centavos y un dólar.

La privatización de los servicios públicos es el resultado de la aplicación de las políticas públicas neoliberales. La privatización de las empresas estatales de electricidad y telefonía, por sólo poner dos ejemplos, traspasó esos rentables servicios públicos a multinacionales extranjeras que no sólo han cuadruplicado injustificadamente las tarifas sino que exportan sin freno ni control sus exageradas ganancias. En otras palabras, las ganancias que antes se quedaban en Panamá y en manos del Estado para ser revertidas a la sociedad, ahora, multiplicadas por cuatro, abandonan el país para beneficio de los accionistas de grandes pulpos extranjeros. Claro está, no debemos ocultar que tales privatizaciones, al igual que todas las demás, se han hecho y se hacen en asocio oculto con los políticos que ejecutaron y ejecutan tales privatizaciones. La nueva ley somete el servicio público de transporte masivo a la misma lógica neoliberal, y de ahí el acuerdo entre los empresarios de la APEDE, el CONEP, la Cámara de Comercioy el gobierno neoliberal de Martín Torrijos.

Una solución a la medida de las necesidades populares

Frente a la “solución” neoliberal del actual gobierno, el servicio de transporte masivo metropolitano debe ser brindado por una Empresa Pública, ya sea que ésta quede en manos del municipio o del gobierno central. Eso permitiría la adopción de la solución técnica más conveniente a las necesidades de los usuarios y a la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. La adopción de una u otra solución técnica no puede hacerse depender de su costo y argüir que “no hay dinero”, cuando vemos cómo se despilfarran doscientos millones de dólares en la construcción de una cinta costera que no tiene otro objetivo que no sea electoralista, puesto que no soluciona ninguno de los grandes problemas que padece la ciudad de Panamá y sus habitantes.

Constituida la empresa pública que manejaría el transporte masivo metropolitano y adoptada la solución técnica más conveniente a la población, tal como ocurre en todas las grandes ciudades (New York, Madrid, París, Roma, etc.) se podría además establecer un precio del pasaje acorde con las posibilidades de los sectores populares. Bastaría con utilizar para ello, si fuese necesario, el subsidio que ahora otorga el gobierno a la mafia transportista….para que no aumente el pasaje y sostenga sus ganancias, sólo que entonces dicho subsidio ya no iría a los bolsillos de esa mafia, sino que ahora beneficiaría directamente a los ciudadanos.

Como puede comprobarse, informándose para ello sobre las empresas metropolitanas de cualquier ciudad moderna, no estamos proponiendo una solución de corte “socialista”, sino simple y llanamente una solución que responda realmente a la satisfacción de un servicio público masivo. Claro está que lo que es racional para New York, Madrid, París, Roma, etc., será caracterizado como irracional y socialista por los empresarios panameños y el gobierno neoliberal de Martín Torrijos. ¿Dónde está el elemento diferenciador? En que en aquéllas ciudades se trata de un servicio público al servicio de los ciudadanos, y en Panamá quieren que sea un negocio al servicio de las multinacionales y sus socios locales, claro está que en detrimento del pueblo llano.

La Empresa Pública de Transporte Metropolitano contrataría, con todos sus derechos laborales y sociales, a conductores previamente capacitados que ya no necesitarían de “pavos” sino de asistentes con igual condición laboral, ni tendrían que arriesgar la vida de los usuarios en regatas infernales, pues los conductores ya no tendría “ingresos” sino salarios fijos, y las paradas en las distintas rutas tendría horarios previamente fijados. Así de simple y sencilla es la solución del llamado “problema de transporte”.

El verdadero problema del transporte público es la naturaleza neoliberal del actual y anteriores gobiernos. Enfrentar el problema del transporte publico masivo requiere de la organización y movilización de la ciudadanía, única fuerza capaz de luchar por una solución popular como la propuesta. En dicha lucha deben estar involucrados los usuarios, los ecologistas que defienden un ambiente sano, los partidarios de una ciudad al servicio de sus habitantes y no del capital, los trabajadores a través de sus gremios y sindicatos, y los estudiantes de todos los niveles, puesto que serían los beneficiarios de subsidios especiales y exoneraciones justificadas. Esta lucha requiere de un organismo unificador de todos los sectores, lo que sólo será posible en la medida que se respete la autonomía de cada sector y organización, se funcione democráticamente y no se pretenda monopolizar a toda costa la dirección de la lucha.

Gracias a un método semejante, los hermanos costarricense lograron una masiva participación de la ciudadanía en su lucha contra el TLC, contrariamente a lo ocurrido en el referéndum de la ampliación del Canal, en que el abstencionismo le dio una victoria tramposa al gobierno panameño.