Panamá, Año VI, No. 159

7 al 13 de octubre de 2007

La Asamblea de Diputados acaba de aprobar una nueva ley reguladora del transporte público, que en gran medida satisface plenamente los exclusivos intereses de las mafias empresariales que controlan el sector. Gracias a ello nada ha cambiado, por lo que continuará operando un sistema obsoleto que le roba a la mayoría de los ciudadanos entre tres y cuatro horas diarias entre el ir y venir de su trabajo, alargando así innecesariamente una de por sí extenuante jornada laboral.

Por otra parte, se trata de un sistema cuyo costo de pasaje resulta gravoso para el panameño de salario mínimo, que es la gran mayoría, puesto que llega a consumirle aproximadamente cada mes entre un 15% y un 20% de su salario base. Aún así, los subsidios del Estado a los transportistas, que no son otra cosa que empresarios privados, totalizaron entre el 2005 y 2006 unos 29 millones de dólares, consolidado que podría alcanzar los 40 millones de dólares o más al finalizar el 2007. No por ello la presión de los transportistas por aumentar el pasaje se debilita, ya que gracias a este chantaje políticoobtienen del gobierno, año tras año, un aumento creciente del subsidio. Tómese en cuenta que estamos hablando de un negocio cuya facturación se sitúa en la actualidad por encima de los 500 millones al año.

Agréguese a todo lo anterior el riesgo de muerte por accidente que día a día asume el panameño al subirse a los por algo denominados “diablos rojos”. En pocos días se cumplirá un año de la horrorosa tragedia que acabo con la vida de 19 panameños, calcinados dentro un bus que carecía de salida de emergencia y cuyas ventanas no pudieron ser abiertas para permitir que los pasajeros escaparan del voraz incendio. A un año de aquella atrocidad, la más absoluta impunidad cubre a los verdaderos responsables de dicho “accidente”, que no son otros que aquellos que autorizaron su compra y circulación, pese a carecer dichos vehículos de las más elementales medidas de seguridad, y que habría que buscarlos entre las más altas autoridades del momento en el Banco Nacional y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Pero no terminan aquí las torturas y sufrimientos a que nos someten con el colapsado sistema actual de transporte público. No nos olvidemos de los denominados “palancas”, que no son otra cosa que conductores sin salario fijo, estabilidad ni seguridad social, que están sometidos a un ritmo laboral infernal para poder alcanzar la cuota diaria que le exige “el transportista”, es decir el propietario del bus y del “cupo”, a quien luego del “turno” deben entregarle además el vehículo con el tanque lleno de combustible. De ahí las regatas diabólicas por “robarse” unos a otros los pasajeros que esperan en las paradas, lo que ha ocasionado mil y un accidentes con víctimas mortales. Y para qué hablar de los “ayudantes”, esperanzados al “par de dólares” que les “deja caer” el conductor al final de la jornada. En otras palabras, un sistema de esclavos para transportar esclavos, pero que factura cada año más de 500 millones de dólares. Pero, ¿qué es lo que impide acabar con este sistema anacrónico, inhumano, pero de una alta rentabilidad para un grupo reducido de mafiosos?

Los misterios que encierra la “imposibilidad” de resolver esta situación

La ley del transporte recientemente aprobada crea una Junta Directiva de la ATTT numéricamente dominada por los transportistas y el gobierno, posibilitando, además, ¡válgame Dios!, heredar los cupos por los familiares del “transportista”. Se exigen también características elementales de seguridad para los buses nuevos que entren al mercado, pero deja tal cual estén a los cuatro mil buses que en la actualidad prestan el servicio en el área metropolitana, tengan o no puertas de emergencia, o estén o no en condiciones mecánicas deplorables. Por otra parte, se introducen dos novedades muy importantes: se elimina la prohibición de que capitales extranjeros exploten el negocio del transporte público y, en el caso de que ello ocurra, se exige que los transportistas sean indemnizados según montos que establecerá…. la Junta Directiva de la ATTT.

¿Cómo se explica tamaña barrabasada, luego de un año de “debates”, “consultas” y “consensos”? Empecemos por explicar que los gremios transportistas tienen su propia fracción parlamentaria, integrada por “transportistas” electos diputados que pertenecen a las bancadas mayoritarias de la Asamblea. Eso les otorga un margen de maniobra muy grande, pero hay más, mucho más.

De todos es sabido que para los diversos gobiernos la venta clandestina de los cupos ha sido un negocio multimillonario que ha enriquecido a muchos políticos. Y también a los transportistas favorecidos que han revendido una parte importante de dichos cupos. Calcúlese lo que dan de sí más de cuatro mil cupos. ¡Decenas de millones de dólares! Ahora, cuando el sistema ha colapsado, ¿cómo transformarlo si quienes tienen la autoridad para ello están embarrados hasta la coronilla en el negociado de la venta de los cupos? De ahí la necesidad de “negociar” la nueva ley con los “socios”, no sea que alguien se vaya de la lengua.

Pero lo anterior es lo de menos. Existe una razón aún más poderosa que ha amarrado la voluntad política a este y a los gobiernos que lo antecedieron. ¿De quiénes depende el arreo de masas enormes de votantes para favorecer a este u otro candidato en las primarias de los partidos y en las elecciones generales, ya sea para la presidencia de la nación o para ocupar una curul de diputado? En un sistema clientelísta, como es el de la partidocracia neoliberal panameña, los gremios transportistas, tal como se han conformado en Panamá, detentan un poder casi omnipotente. Ahí radica su fuerza “política”. Esa es la explicación del por qué el gobierno de Martín Torrijos y su bancada en la Asamblea no harán nada que pueda contrariar los intereses de sus “aliados” en las próximas elecciones. Y así de claro, y envalentonados, se lo han hecho conocer los transportistas al Presidente y a su bancada en la Asamblea.

Por su parte, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), la Cámara Panameña de Comercio y el Consejo Nacional de la empresa privada, junto con cuatro “usuarios” que carecen de toda representatividad, han lanzado una campaña para que el Presidente vete la recién aprobada ley. ¿Pero qué es lo que les molesta de la ley a dichos gremios empresariales, si ya se abrieron las puertas, tal como ellos y gobierno querían, a la inversión extranjera? Pues sencillamente, el obstáculo que significa la indemnización. De ahí que Torrijos haya declarado que reflexionara sobre la composición de la Junta Directiva, que es el organismo que la definirá en su momento. Pero el problema no radica en la Junta Directiva, sino en un sistema obsoleto que ha colapsado y que tiene que ser erradicado. ¿A favor del pueblo, o a favor de los multimillonarios intereses de la empresa privada? Ya lo explicaremos.