Buscando Camino Buscando Camino
Año VI, No. 146.
21 al 26 de mayo de 2007.
Los sistemas de justicia tienen por objetivo fundamental la represión del delito y la salvaguarda de los derechos procesales de los acusados. Por ello cuando se demuestra que a un supuesto delincuente se le han violado sus derechos procesales, se ordena la realización de un nuevo juicio en el que estos últimos estén garantizados. Pero ello ocurre, claro está, en los verdaderos sistemas de justicia. Por el contrario, en los sistemas judiciales construidos para garantizar impunidades, como es el caso del sistema de «justicia» de la partidocracia neoliberal panameña, los tecnicismos jurídicos y no el fondo del asunto que se juzga, se utilizan para dotar de impunidad a los beneficiarios y garantes del sistema.
El caso Garrido
Bajo la ponencia del Magistrado (panameñista) Winston Spadafora, la Corte Suprema de Justicia acaba de anular el proceso seguido al «honorable» diputado panameñista Enrique Garrido, quien era investigado por la compra de votos en la Comarca de Kuna Yala, utilizando para ello un sinnúmero de las becas otorgadas por el Estado, tal cual lo denunciaron 29 ciudadanos beneficiados por dichos actos de escandalosa corrupción. En esta ocasión, siete de los nueve magistrados consideraron que se habían cometido vicios procesales y por ello sepultaron el proceso. Por su parte, el Magistrado Adán Arnulfo Arjona y la Magistrada Troitiño salvaron en esta ocasión su voto, haciendo constar que con dicho fallo «se deja en estado de franca impunidad los hechos denunciados».
El caso Garrido – que hoy debe estarse riendo de todos nosotros en el cómodo asiento de una de sus camionetas Porshe adquiridas con los dineros que salen de nuestros bolsillos – no es la excepción sino la regla. El sistema de «justicia» panameño está construido para mantener a raya a los pobres y a los «simples» ciudadanos, mientras se garantiza impunidad a los poderosos y a los políticos que garantizan el funcionamiento y la estabilidad del sistema neoliberal. De ahí los indultos otorgados a banqueros delincuentes de cuello blanco (Banco Disa), la impunidad en que ha quedado el asesinato del Hotel Paitilla, o el tráfico de armas y explosivos por el que fue acusado un «distinguido» miembro del partido gobernante, por sólo poner unos cuantos ejemplos.
El MIDA, el tío y el primo
Pero todavía, como siempre, hay más. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) ha malgastado dinero de los contribuyentes en un anuncio pagado cuyo único objetivo ha sido la «defensa» de un tío y un primo del Presidente, denunciados por haber comprado decenas de hectáreas de tierras estatales a precios que no superaban el centésimo por metro cuadrado. En dicho anuncio pagado se afirma que la Reforma Agraria realiza «una acción social orientada a resolver el explosivo problema de la tenencia de la tierra, entre los dueños de los latifundios y los pequeños productores». Y continúa diciendo que la acción delMIDA «mantiene el espíritu constitucional de fomentar la legalización de los terrenos por los campesinos». De ahí que «la tabla guía de los terrenos del Estado sea tan baja y para algunos escandalosa. Pero el humilde productor jamás tendría posibilidades de titular su terreno, si los costos dependieran del valor comercial de mercado…»
Se trata, como se puede comprobar, de un anuncio pagado que no tiene desperdicio. Ahora resulta que el tío y el primo del Presidente son «pequeños y humildes productores» que hay que proteger de los latifundistas, y por ello han pagado a menos de un centésimo el metro cuadrado de las casi cien hectáreas que entre los dos le han comprado a Reforma Agraria. Tan es así, que en el mismo anuncio nos dan ha conocer que hay otros «humildes productores» que por el mismo procedimiento y precio se han agenciado de 50 hectáreas cada uno, y para que no nos quede duda alguna nos dan el nombre de cuatro de ellos. En verdad, se trata de un descaro inaudito.
El asalto a las tierras del Estado constituye según ellos «una acción social» de la misma naturaleza, agregamos nosotros, que la cementera que pretende instalar en Rodman, el TLC, la Cinta Costera, la autopista a Colón, etc. No es de extrañar entonces que cuando le preguntan a un Ministro de Estado del por qué lo llaman Ubaldino Robaldiño, conteste que «será por envidia». Ciertamente, los asaltantes de Multicredit Bank y el propio Alí Babá deben de estar muertos por tal causa.
Se trata del régimen político
El descaro con el que alardean de su impunidad pone de manifiesto que el régimen político les otorga las suficientes garantías y seguridades de que la «justicia» está hecha a la medida de sus necesidades. No tienen por qué actuar al amparo de las sombras ni por qué ocultar a la opinión pública sus fechorías. El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial forman un entramado de protecciones mutuas que conforma un verdadero blindaje de impunidad. Hoy por ti, mañana por mí, pareciera ser su divisa.
No se trata por tanto de la perversión del actual gobierno ni de los anteriores. Nada se logrará cambiando un gobierno que no es más que la expresión de un régimen político impuesto precisamente para garantizar la impunidad de tales desmanes, al tiempo que se enriquecen gracias a desnacionalizar el Estado, privatizar los servicios públicos y destruir el mercado interno, que entregan en bandeja de plata a las multinacionales. Se trata de una verdadera orgía de dinero para unos pocos y un autentico drama de empobrecimiento generalizado de la mayoría de la población.
El actual régimen político de libertades democráticas recortadas tiene la función degarantizar que nadie que no sean ellos mismos y sus partidos puedan participar en la vida política y disputarles el poder del Estado. De esa manera se garantizan el control absoluto y exclusivo de la vida política y económica del país. Se trata de una democracia caricaturesca, regulada por un Código Electoral hecho a imagen y medida de las necesidades de la partidocracia neoliberal. La lucha por ampliar, extender y profundizar la democracia constituye la tarea central del momento.
