UN ESTADO CORRUPTO

Año VI, No. 145.- 13 al 20 de mayo de 2007.-

Los supuestos hechos de corrupción se agolpan uno detrás de otro. El tío del Presidente, Rodolfo Charro Espino, compró 30 hectáreas de tierras del Estado en Punta Chame por la irrisoria suma de un poco más de quince mil balboas. Poco tiempo después, el mismo tío adquirió de Reforma Agraria y en el mismo lugar un nuevo globo de terreno de 28 hectáreas por la mágica cifra de dos mil balboas, es decir, a menos de un centésimo el metro cuadrado. En esas mismas tierras el tío del presidente devastó 38 hectáreas de manglares y realizó rellenos con arena de playa, cometiendo con ello un grave delito ecológico. Posteriormente, al intentar dar explicaciones, a través de un anuncio pagado, alteró documentos públicos, lo que constituye además un delito penal. Pese a que los hechos son públicos, nadie ha dado una explicación «satisfactoria», excepto el Ministro de Desarrollo Agropecuario que informó que «no existía ley alguna que le prohibiera a los parientes del Presidente la compra de tierras del Estado».

No se había secado la tinta de los periódicos que se hicieron eco de lo arriba descrito cuando se ha hecho público que un primo hermano del Presidente, Miguel Espino Barañano, hijo a su vez de Charro Espino, adquirió en Veraguas 65 hectáreas de tierras patrimoniales del Estado por la módica suma de 396 balboas. Tampoco nadie ha dado explicaciones satisfactorias, si es que puede haberlas. Como podemos imaginar,esas tierras deben constituir la mínima parte de las adquisiciones de tierras del Estado de las que nos enteramos, y que hoy engordan el patrimonio de altos cargos del Estado, cuando no de sus familiares.

Tampoco se ha esclarecido la oscura operación de la construcción de la autopista Panamá-Colón, la cual por arte de magia, es decir sin previa licitación pública quedó en manos de la brasileña Oderbrecht. La escandalosa evasión de impuestos de la venta de Banistmo, no ha merecido explicación esclarecedora alguna. ¿Y qué decir de los lazos inocultables de ciertos personajes allegados al poder que impulsan la fábrica de cemento que se pretende instalar en Rodman? ¿O de la cinta costera, que las malas lenguas afirman que se adjudica primero y se licita después? ¿O del entramado de negocios energéticos tejido entre ciertos conocidos políticos y el multimillonario mexicano Slim?

Pero ahí no quedan las cosas. El antidemocrático y feudal Emirato de Qatar y la Occidental Petroleum (Oxy) están negociando con el Estado panameño la construcción y operación de una refinería de petróleo en Panamá. ¿Sabía usted que la familia del Presidente Bush tiene importantes intereses en la empresa Oxy? Ahora tiene usted claro por qué de ciertas inexplicables e inexplicadas «visitas de Estado». Ahora tiene usted igualmente claro por qué fue rechazada la oferta de Chávez de construir una refinería en Panamá, con la única condición que fuese una empresa estatal: la Oxy y el medieval Emirato de Qatar establecerán una refinería de capital privado. ¿Adivina usted quiénes serán socios de ese multimillonario negocio?

¿Se trata de un problema ético personal? ¿Tal vez de un problema que afecta a este gobierno?

Las raíces de la corrupción

La corrupción como problema ético afecta a personas individuales y se trata de un fenómeno excepcional. En todos los gobiernos e instituciones, no importa cuál sea su naturaleza política e ideológica, se producen actos individuales de corrupción. Para muestra el botón de lo que ocurre actualmente con el Presidente del Banco Mundial. Tales actos se castigan o se deberían de castigar de forma ejemplar y asunto concluido. Ejemplos sobran, en otros países claro.

Ese no es el caso de Panamá. Aquí se trata de un problema más profundo. Si nos remontamos al advenimiento del régimen político de democracia recortada que inauguró el Presidente Endara, recordaremos el rosario de escándalos de corrupción que ha salpicado a todos y cada uno de los gobiernos que hemos tenido desde entonces. Gigantescas fortunas personales se han construido gracias al control del poder político del Estado.

No se trata solamente de explicar que gracias a las políticas económicas que ejecuta el Estado se favorece a tal o cual sector de la clase económicamente dominante, tal como en efecto ocurre. Tampoco esclareceremos el fenómeno señalando que el presupuesto general del Estado se utiliza como un instrumento favorecedor de esos mismos sectores sociales y económicos dominantes. Tales explicaciones sirven para constatar que el gobierno del Estado constituye una especie de Consejo de Administración de los intereses generales de los sectores dominantes, que a su vez gerencia los específicos intereses de la fracción que ha hegemonizado la dominación política (el gobierno).

Un Estado corrupto

Lo que ocurre en Panamá es algo mucho más profundo y grave. El Estado ha sido convertido en un instrumento de enriquecimiento personal de la burocracia política que conquista el gobierno del Estado, en asocio claro está con los sectores económicamente dominantes en el país. No se trata de meros actos de corrupción personal de los que gobiernan. Las políticas económicas impulsadas por el gobierno del Estado se elaboran y ejecutan en función de las posibilidades de acumulación económica de la burocracia política al mando de la nave del Estado. Las privatizaciones, la apertura de mercado, la firma del TLC, la construcción de una refinería privada, etc., están directamente conectadas al bolsillo de quienes políticamente gobiernan.

Por otra parte, el Presupuesto General del Estado también sirve a los mismos fines corruptos de la denominada «clase política» en el poder, que devora dicho presupuesto a través de contratos, licitaciones amañadas, nombramientos clientelistas y consultorías ejecutadas por ellos mismos. Y el régimen político (ejecutivo, judicial y legislativo, más las instituciones que le sirven de apoyo) ha sido construido para controlar que nadie más que ellos mismos puedan conquistar el gobierno del Estado, y que, por otra parte, les brinde la impunidad necesaria para continuar ejecutando fechorías. Los ejemplos sobran: dos gerentes generales del Banco Nacional, uno inculpado y el otro condenado, pasean alegremente por las calles de la ciudad, o duermen plácidos sueños en sus mansiones privadas. Un Magistrado de la Corte Suprema sin visa a los Estados Unidos, acusado de actos de corrupción, y sigue sentado en su mullido sillón «impartiendo justicia». ¿Esta claro que lo que hay que cambiar no es el gobierno sino el régimen político mismo?