Buscando Camino Buscando Camino
Año VI, No. 143.- 22 al 29 de abril de 2007.-
Con la excusa electoralmente complaciente de «lucha contra la criminalidad», el gobierno de Martín Torrijos está modelando a marchas forzadas la configuración de un Estado de características cívico-policíacas. Se trata ahora de ir más allá del «régimen democrático» de libertades ciudadanas recortadas que padecemos, introduciéndole mecanismos de control policíaco de la sociedad.
El aumento del tiempo en que un ciudadano puede permanecer detenido sin ponerlo a órdenes de la autoridad competente y sin formularle cargos que justifiquen su detención, el derecho de allanamiento sin orden judicial conferido a las autoridades de policía (Presidente de la República, Ministra de Gobierno y Justicia, Policía Nacional, Alcaldes y corregidores), la transformación de los partes policivos en declaraciones juradas que servirán como piezas para la formulación de cargos penales, y la próxima e inmediata adscripción a la Policía Nacional de la Oficina de Investigación Judicial, constituyen medidas draconianas que transforman el actual régimen de libertades democráticas recortadas, en otro de carácter claramente policíaco.
Se trata de construir un Estado bicéfalo, gobernadopor la partidocrácia neoliberal, pero sostenido por un régimen policíaco, gracias al cual se garantiza la dominación del conjunto de la sociedad. En otras palabras, menos consenso y más represión.
¿Y para qué un régimen cívico-policíaco?
Los objetivos del nuevo estado son varios: en primer lugar, tienen quegarantizar el éxito de la lucha sin cuartel contra los pobres, en especial los jóvenes. Estos últimos constituyen la inmensa mayoría de los excluidos y desamparados, y son los más castigados por el flagelo del desempleo crónico. Según los conservadores datos del Banco Mundial, en los últimos seis años (1997-2003) en Panamá la pobreza y la pobreza extrema ha crecido, agravándose seriamente la situación de los pobres urbanos e indígenas. Por otra parte, en los últimos tres años los indicadores nos indican que el «trabajo» informal se ha disparado. Mientras ello ocurre, el 10% de la población acapara el 70% de los ingresos nacionales, según el Presidente del Colegio de Economistas. Agréguese a ello que, gracias a la política neoliberal de privatizaciones a ultranza, las ganancias de las empresas eléctricas y de telefonía, de los puertos, el cemento y los casinos, entre otras muchas, abandonan íntegras las fronteras nacionales, por lo que no revierten a la sociedad panameña como antes de su privatización.
Queda claro, pues, que para mantener a raya la criminalidad generada por este espantoso cuadro de miseria, el régimen neoliberal necesita endurecer los mecanismos represivos contra los pobres.
Pero, en segundo lugar, si el régimen neoliberal necesita, como hasta ahora, recortar las libertades democráticas de la ciudadanía para obstaculizar así la protesta y la resistencia social, este cuadro de miseria generalizada requiere de mecanismo de control aún más enérgicos: la represión dura y pura contra sindicalista, ecologistas, dirigentes populares y defensores de los derechos humanos y sociales.
En tercer lugar, la fracción perredé hegemonizada por Martín Torrijos requiere con urgencia el endurecimiento de los rasgos policíacos del régimen de democracia recortada, puesto que son los que le garantizarán el continuismo en el control del gobierno del Estado durante los próximos quinquenios. Esto significa, ni más ni menos, represión política «legalizada» contra todo opositor a sus planes de perpetuar a su clan económico en el usufructo de las mieles obtenidas a través del panal del Estado.
Estas características del nuevo Estado cívico-policíaco nos imponen tareas ineludibles de lucha y resistencia, y abren la puerta a una alianza amplia fundada en la defensa incondicional de las libertades democráticas, para avanzar posteriormente en la profundización de las mismas. Lo repetimos: la unidad popular y ciudadana ha dejado de ser una aspiración para convertirse en una necesidad impostergable.
