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Electoralismo, corrupción y represión

Año VI, No. 142.- 15 al 21 de abril de 2007.-

Como eslabones de una misma cadena, tres acontecimientos han estremeciendo el panorama político nacional. Al tiempo que el presidente Torrijos anunciaba la destitución de Catín Vásquez como Ministro del Canal, y su sustitución por el hasta ahora Contralor General, Dani Kuzniecky, la Unicef denunciaba que tres infantes indígenas de la comunidad darienita del Alto Tuira habían muerto de hambre. Mientras tanto, la Asamblea de Diputados ha continuado la discusión a tambor batiente del proyecto que modifica artículos del Código Penal y la Ley 40, modificaciones orientadas a recortar las libertades democráticas ciudadanas y sentar las bases para una lucha frontal contra los pobres, en especial contra los jóvenes marginados y excluidos.

Electoralismo rampante

La destitución de Catín Vásquez, y su alejamiento definitivo del gobierno, obedece a la necesidad de ubicar a Kuzniecky en un nuevo cargo, dada su resistencia a dejarse implicar en los gastos injustificados de la partida secreta presidencial (200.000 dólares en flores y licores, por sólo poner un ejemplo) y en el escándalo que supone la utilización ilegal de 200 millones de dólares de los excedentes del Canal, los cuales han sido exonerados del procedimiento de licitación pública. Usado y aprovechado, con agrias disputas previas con el mandatario por sus promesas incumplidas, Catín Vásquez ha sido despedido de mala manera, al extremo de negarse a estar presente en el teatro montado para anunciar los cambios.

Como se sabe, Carlos Vallarino, hasta la fecha Ministro de Economía y Finanzas, será el nuevo Contralor General. Figura dúctil y complaciente, será el hombre que posibilitará, sin resistencia alguna, que los dineros del Canal sean descaradamente utilizados en la lucha abierta por el control de la dirección del PRD, primero, y posteriormente para garantizar el continuismo en el control del gobierno del Estado.

En efecto, el denominado Programa de Desarrollo Comunitario (PRODEC) es un programa clientelista cuyo objetivo es la sumisión de los Representantes de Corregimiento, en primer lugar para garantizar la elección de representantes al Congreso del PRD que estén «cuadrados» con la orientación presidencial de impedir, a como de lugar, la presencia de Ernesto Pérez Balladares en el Comité Ejecutivo de dicho partido. Y en segundo lugar, para impulsar la elección en las primarias de Samuel Lewis Navarrro como candidato del PRD a la Presidencia de la República. Para la colaboración de la Contraloría General en la persecución de tales objetivos, la figura de Dani Kuzniecky no era la más adecuada.

No hay que olvidar, por otra parte, que en la misma medida en que Samuel Lewis Navarrro no logre el apoyo de las bases perredistas, pese al descarado apoyo presidencial, en esa misma medida las tentaciones releccionistas pueden encontrar apoyaturas importantes. Y en ese caso, el trabajo clientelista llevado a cabo a través del PRODEC habrá sido de suma importancia.

Como puede apreciarse, los cambios obedecen a necesidades electoralistas de la fracción del presidente en el seno de su partido, y nada tienen que ver con los intereses nacionales.

Galopante corrupción

La utilización electoralista de 200 millones de dólares de los excedentes del Canal es un crimen político y social sin nombre. Hoy vemos, con mayor claridad aún, las terribles consecuencias de la derrota del NO en el pasado referéndum. El PRODEC no sólo sirve a los intereses sectarios de la corriente hoy dominante en el PRD, sino que también es objeto de la rapiña de los de siempre. Ya se ha denunciado que los materiales para las «obras sociales» están siendo facturados con un 30% de sobreprecio. Y las denuncias provienen de los propios habitantes de los corregimientos «beneficiados». Dicho de otra forma, de tales dineros unos 15 millones de dólares irán a parar al bolsillo de los que se «cuadren con la línea».

Y esas son sólo las migajas. Las fundadas sospechas de corrupción que se señalan en la construcción de la autopista Panamá-Colón, y que se repiten para la construcción de la «Cinta Costera», son sólo ejemplos de lo que hacen con los dineros que los asalariados y los productores les entregamos por la vía de los impuestos.

Mientras tanto, los «programas sociales» del Presidente siguen adelante, y hoy nos llama a todos a unirnos en la lucha contra la pobreza, y nos recuerda que «hemos vivido 100 años dándole la espalda a esa realidad vergonzosa de un 40% de los panameños en pobreza». Quizá debamos recordarle al señor Presidente que su padre encabezó un régimen dictatorial que duró 20 años de esos 100. Quizá debamos recordarle al señor Presidente que los 35 dólares mensuales que reparte mensualmente entre los extremadamente pobres, no sirven para otra cosa que para disminuir las estadísticas «oficiales» de extrema pobreza, puesto que al superar la cifra de un dólar diario de ingresos ya no cuentan como extremadamente pobres. ¿Se había preguntado usted por qué 35 dólares precisamente? Pues ya tiene la vergonzosa respuesta.

Se perfila un régimen policíaco

El proyecto 292 que se discute en la Asamblea con el pretexto de lucha contra la delincuencia (y que analizaremos detalladamente en un próximo editorial), cercena importantes libertades ciudadanas y abre la puerta a un control cívico -policiaco de la sociedad. Se aumenta a 72 horas el tiempo en que un ciudadano puede estar detenido sin ser puesto a órdenes de la autoridad competente; los partes policíacos se presumirán hechos bajo la gravedad del juramento, y los corregidores podrán realizar allanamientos sin orden judicial alguna. Pareciera un verdadero programa de lucha contra los pobres y contra los «enemigos del gobierno». ¿Será tal vez lo necesario para imponer a sangre y fuego la relección? ¿O tal vez la debilidad política, como resultado del cada vez más amplio rechazo ciudadano, los empuja a una dominación más sustentada en la coerción que en el consenso? Sea como sea, la lucha por preservar las libertades democráticas está a la orden del día. La unidad del movimiento popular y ciudadano ya no es tanto una aspiración como una necesidad imperiosa.

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