Buscando Camino Buscando Camino
Año VI, No. 140. – 1 al 7 de abril de 2007.-
Desde un escenario mediático pocas veces visto, y desde el cual se dirigió a la nación acompañado por los jefes de la totalidad de los organismos de seguridad del Estado, el Presidente de la República le informó al país que ponía en marcha su cuarto plan de seguridad, y que «no daría tregua a la delincuencia». Y como ejemplo de su firmeza desencadenó al unísono una ambiciosa redada que movilizó a más de trescientas unidades de la policía y de otros cuerpos de seguridad. Todos imaginamos que se estarían produciendo los allanamientos necesarios para la captura de los responsables de las quiebras fraudulentas de bancos y empresas, a la par que se detenía a los lavadores de dinero atrincherados en los casinos y los «negocios» inmobiliarios. Supusimos por un momento que estarían siendo detenidos los involucrados en el tráfico de influencias que ha dado por resultado el escandaloso negociado de la autopista Panamá-Colón, así como aquéllos que ejercen presión sobre la Junta Directiva del Canal de Panamá para que les sean concedidos los permisos para poner en marcha el urbanicidio de la cementera de Rodman. También acariciamos la idea de que los responsables de haber otorgado los permisos para el «delfinario» estaban siendo llevados a la cárcel, acompañados por los urbanistas que han robado a la vista de todos decenas de miles de metros cuadrados de espacios públicos, ahora comercializados en beneficio de unos pocos.
¡Qué ingenuidad! La redada inicial fue realizada contra el barrio damnificado de Curundú, y días después contra el empobrecido barrio del Chorrillo. ¿Resultados? Más de trescientos detenidos, en su gran mayoría puestos en libertad pocas horas después. Hablando en plata, fueron detenidos por ser pobres, por vivir en casuchas inhabitables e insalubres, por carecer en su gran mayoría de empleo y educación.
Por otra parte, el Presidente anunció que su cuarto plan de seguridad contempla aumentar las penas a los menores y a los pandilleros juveniles, además de alargar el tiempo en que las fuerzas de seguridad pueden tener detenida a una persona sin llevarla ante la autoridad competente.
Todo estudioso de la criminalidad conoce perfectamente que el aumento de penas no ha disminuido las estadísticas de comisión de delitos en ninguna parte del mundo, y así lo aseveran los organismos internacionales especializados. Todo estudioso de la criminalidad sabe que el pandillerismo juvenil surge y se alimenta fundamentalmente del desempleo y de la falta de oportunidades que genera exclusión social. ¿No lo sabe el señor Presidente? ¿Ignora que prorrogar el tiempo de detención es un ataque de extrema gravedad contra las libertades públicas?
Las medidas que hay que tomar
La lucha contra la delincuencia requiere de un conjunto de medidas de política criminal harto conocidas. Se trata de extirpar el caldo de cultivo que genera jóvenes delincuentes, y para ello es necesario dotar de empleo, educación y viviendas humanas a una juventud que hoy por hoy carece de esperanzas y futuro. Nacen, crecen y se hacen hombres en familias crónicamente desempleadas. Nietos e hijos de desempleados, han sido retrotraídos a la barbarie primitiva. Para ellos cada amanecer es el inicio de la lucha por la sobre vivencia. ¿Qué comeré, qué cenaré, dónde y como me divertiré?
Paralelamente a un programa de impacto efectivo contra la pobreza y el desempleo en dichos barrios, hay que depurar a los organismos de seguridad del Estado (policía, ptj, etc.), cómplices muchas veces de las bandas y pandillas juveniles, cuando no de las organizaciones criminales dedicadas al secuestro,narcotráfico, tráfico de armas y asaltos violentos. Nada se hará sin una limpieza profunda de tales organismos de seguridad pública.
De igual manera, el aparato de la justicia debe ser depurado. Jueces sin título ni idoneidad legal están libres y sin castigo ejemplar, el tráfico de influencias entre jueces y fiscales es el pan de cada día, lassentencias compradas por quienes pueden pagarlas es de público conocimiento, y la impunidad garantizada para amigos, compadres y socios, así como la libertad condicionada al pago de dinero bajo la mesa, ya no escandaliza a nadie.
Hay que impulsar la construcción de cárceles y reformatorios que reúnan las condiciones de infraestructura y personal idóneos para la resocialización efectiva del delincuente, acabando de una vez por todas con el infierno que suponen las cárceles de actual sistema penitenciario, por lo demás corrupto como las demás instituciones vinculadas al tratamiento de la criminalidad.
¿Y los valores?
Dejemos el cinismo a un lado. No hay que ser un genio para comprender que la cultura dominante en una sociedad es la cultura de la clase que domina. Por ello la lucha contra la criminalidad ha de iniciarse desde arriba, pues sólo así se empezará a construir una cultura del trabajo, la solidaridad y la decencia. El famoso «juega vivo» no es otra cosa que la cultura del «juega vivo» de nuestra clase dominante. Ahí están los delincuentes del pasado gobierno cleptocrático de Mireya Moscoso: todos ellos exhiben reídos sus fortunas mal habidas, haciendo gala de una desvergonzada impunidad. Y para qué hablar del Cemis, de Oderbrechet, de Banistmo, y de tantos y tantos «juega vivo» del actual gobierno. ¿Cómo explicarle a un joven sin empleo ni futuro que hay que cultivar valores éticos, cuando él ve con rabia y hasta odio cómo otros exhiben impúdica e impunemente sus riquezas producto del delito?
No nos engañemos más, ni permitamos que nos tomen el pelo. Ni este ni pasados gobiernos pueden encarar con seriedad la lucha contra la criminalidad, pues son sus políticas neoliberales las que generan y reproducen el caldo de cultivo del crimen. Son las prioridades políticas de los gobiernos neoliberales las que excluyen la posibilidad de que el presupuesto de la Nación esté al servicio de la seguridad y bienestar de los panameños: trabajo, educación, vivienda digna, salud y seguridad ciudadana. Por el contrario, los sectores dominantes impulsan políticas que tienen como resultado que más del 50% del país se debata entre la pobreza y la miseria, mientras que los más ricos se enriquecen aún más gracias a tales políticas. Tales sectores entienden que el botín de conquistar la dirección política del Estado es saquearlo como han hecho hasta ahora. Sólo un cambio de régimen político puede impulsar al país hacia un futuro distinto. No nos engañemos más.
