UN GOBIERNO INDOLENTE

 Año V, No. 134.  3 de diciembre de 2006.

 

Nos estamos acercamos a la tenebrosa cifra de 50 muertos «reconocidos» como resultado del envenenamiento por «medicamentos» elaborados con glicerina industrial, y distribuidos por la Caja de Seguro Social a sus pacientes asegurados, y entregados a los no asegurados por la «caravana de salud» politiquera y clientelista que encabezaron el Ministro de Salud y el Despacho de la esposa del Presidente. Todos sabemos que los muertos son más, muchos más, y tan es así que el Fiscal Dimas Guevara, responsable de la investigación, ha hecho público que en el expediente hay constancia de 220 casos de pacientes envenenados, de los cuales 200 han muerto.

Esta catástrofe asesina pareciera tener como únicos responsables a dos vendedores de frituras que prestaron sus nombres para la constitución de la sociedad anónima Medicom, y al gerente de dicha empresa, que a todas luces es un hombre de paja de los verdaderos mercaderes de la muerte que desde tiempos inmemoriales tienen a la Caja de Seguro Social como objeto de sus corruptas fechorías comerciales. ¿Por qué no son desenmascarados? La palabra clave se llama Cemis (tu no me tocas, yo no te toco).

¿Y qué ha pasado con los responsables directos de la negligencia criminal de mantener el laboratorio y demás instalaciones de la CSS en el más absoluto desgreño? Nada. Tanto el Ministro de Salud como el Director de la CSS siguen tan campantes en sus puestos, pese a que siete de cada diez panameños encuestados (Dichter&Neira) exigen que ambos sean destituidos.

Por su parte, el Presidente de la República «ordenó» el cierre del laboratorio de la CSS y nombró una comisión de «garantes» para que propongan cambios profundos en el sistema de salud pública. Con dichas medidas, el mandatario reconoce abiertamente que la CSS no es autónoma y que en ella sigue mangoneando descaradamente el poder ejecutivo, y por otra parte también acepta que las tan cacareadas reformas impuestas a la Ley del Seguro Social han fracasado estrepitosamente. Si no fuera así, ¿para qué el nombramiento de una comisión de «garantes» que proponga cambios que debieron supuestamente haber sido contemplados por la antipopular reforma?

En cuanto a los 18 muertos calcinados en el terrible incendio de un autobús del transporte público, las únicas medidas adoptadas han sido las de encarcelar al propietario del vehículo, a su chofer y a un mecánico que realizó, mal o bien, unas ciertas reparaciones. ¿Dónde están los criminales que financiaron, importaron y autorizaron la circulación de autobuses que no reunían las más elementales medidas de seguridad? La ciudadanía debe tener la más absoluta certeza de que el problema del transporte público no será resuelto, ya que detrás del pulso entre las mafias transportistas y el actual gobierno lo que hay no es otra cosa que una madeja de cómplice corrupción, consistente en el multimillonario negociado de la venta de los certificados de operación por sumas que van de los cinco mil a los diez mil dólares cada uno. Por otra parte, el multimillonario negocio del transporte alcanza los 200 millones de dólares al año, y el gobierno ha decidido «modernizarlo», es decir expropiárselo a la mafia «plebeya» del transporte para entregárselo en régimen de monopolio a una alianza entre los amigos/socios del Presidente y el capital extranjero. Estas son las dos razones de fondo que explican el actual conflicto, que no encontrará solución sino cuando el transporte sea municipalizado, transformándose así en un verdadero servicio público. En este caso, también, la Ministra del Gobierno y Justicia continúa en su cargo como si nada hubiese pasado.

No podemos dejar de reseñar la lucha ejemplar de los Jubilados Independientes, dirigidos por Eladio Fernández, quienes llevan cuatro meses soportando lluvia y sol en las calles para exigir un aumento de treinta dólares mensuales a sus miserables pensiones. El gobierno no se ha inmutado, y el muñeco que pasea no ha hecho otra cosa que echar mano de las conocidas triquiñuelas al utilizar a Rafael Medina, vendido dirigente de la Confederación de Jubilados, para intentar dividir el movimiento para así derrotarlo. Como más sabe el Diablo por viejo que por Diablo, los jubilados independientes no han caído en la trampa y se niegan a sentarse en la misma mesa que sus enemigos solapados, por lo que no se repetirá el grave error cometido por el movimiento popular en la lucha contra la reforma de la Ley del Seguro Social, ni han incurrido en los errores sectarios cometido en la pasada lucha de los docentes. Permanecerán en las calles hasta que el gobierno negocie directamente con ellos, y sus decisiones están siendo tomadas mediante la más absoluta democracia directa.

Súmese a todo lo anterior las 24 muertes ocurridas en lo que va de año en la construcción como resultado de la negligencia criminal de los empresarios del sector y la vista gorda del Ministerio de Trabajo. La explicación de esa elevadísima estadística (más de dos muertes por mes) no es otra que la maximización del beneficio perseguido por los empresarios de la construcción mediante el infame método de poner en riesgo la vida de sus trabajadores al dejar de invertir en equipos de seguridad. Por supuesto, ello sólo puede ocurrir cuando se cuenta con la complicidad de un gobierno neoliberal, sometido completamente por ello mismo a la dictadura del mercado.

Contabilícense también las 24 mujeres asesinadas en lo que va del año, así como los niños muertos por desnutrición en los últimos meses en la comarca Ngobe Buglé, y empezaremos a tener una clara visión de la naturaleza indolente del gobierno de Martín Torrijos. Pero, ¿qué explica tamaña indolencia, qué la alimenta y estimula? Las políticas públicas de naturaleza neoliberal, que exigen despiadados recortes en la inversión social y en los servicios públicos, al tiempo que imponen la desnacionalización y privatización del Estado, son el telón de fondo de tan criminales actitudes. De ahí la privatización de la emisión de las licencias de conducir, la próxima entrega a monopolios extranjeros del transporte público, la pronta privatización del llamado Megapuerto, la profundización de las políticas privatizadoras de la salud pública (San Miguel Arcángel) y del Seguro Social, así como el inicio de lo mismo en el sistema educativo.

Ahora bien, no basta con denunciar a los responsables políticos del desmoronamiento de la sociedad panameña. También hay que explicar que el pueblo carece de los instrumentos necesarios para hacer eficaz su protesta, yhay que señalar que es posible construir tales instrumentos. A ello dedicaremos nuestros modestos esfuerzos.