Buscando Camino Buscando Camino
Año V, N°133,
23 de octubre al 19 de noviembre de 2006
El envenenamiento por medicamentos fabricados en el laboratorio de la CSS, utilizando para ello el tóxico dietilene glycol que le fue vendido fraudulentamente a la institución en sustitución de gliserina pura, ha cobrado ya más de 40 víctimas mortales. Proporcionalmente hablando, más del doble de los fallecidos en la catástrofe de las Torres Gemelas de Nueva York. Y el listado sigue engrosándose día tras día, sin contar con las sospechas razonables de que los fallecimientos por tales causas se vienen produciendo desde el mes de junio y que el número de muertos ha sido manipulado por las autoridades de salud. Por si fuera poco, a los afectados que escaparon milagrosamente de la muerte se les tendrá que dar seguimiento médico por no menos de diez años. Se trata, a no dudarlo, de la más grande tragedia sanitaria de la historia de nuestro país.
Pese a lo anterior, el gobierno nacional no decretó ni un solo día de duelo nacional, no organizó un funeral de Estado, no ha destituido a ninguna autoridad de las que son cuando menos administrativa y políticamente responsables de esta tragedia. Sólo se ha detenido a dos vendedores de frituras que habían prestado sus nombres para conformar la sociedad anónima Medicom S.A., empresa responsable de la venta del veneno a la CSS.
Preguntas sin respuestas
En primer lugar la ciudadanía quiere conocer con certeza la fecha exacta en que se iniciaron las muertes como resultado del envenenamiento, y si el miedo a un resultado adverso en el pasado referéndum influyó o no en el atraso en dar la alarma sanitaria. De igual manera habrá que aclarar si las caravanas clientelistas de salud, impulsadas por el Ministro Camilo Alleyne y el despacho de la Primera Dama, repartieron gratuitamente, tal como se afirma, miles de frascos del expectorante envenenado entre la población no asegurada, lo que ha hecho difícil y extremadamente lenta la recuperación o devolución del medicamento.
De igual manera habrá que aclarar cómo fue posible que Medicom S. A. pudiera vender a la CSS tales insumos sin disponer de la certificación necesaria de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud. Como también habrá que informar a la opinión pública sobre por qué los controles de laboratorio de la CSS no pudieron establecer que lo vendido a la institución no era gliserina pura. Y así innumerables preguntas que habiendo pasado casi dos meses no han obtenido respuesta.
Está claro que detrás de esta compraventa se encuentran los verdaderos dueños del «negocio», que no son otros que aquéllos que financiaron la importación y disponían de las relaciones políticas necesarias para tal vez corromper a funcionarios que hicieron la vista gorda. Sea como sea, el peligro de que el manto de la impunidad arrope a políticos, empresarios y funcionarios corruptos está presente, y de ello da fe la lentitud y opacidad de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público.
Impunidad política y desprecio de la opinión pública
Contrariando a la totalidad de la opinión pública que exige a gritos la destitución del Ministro de Salud y del Director General de la CSS, el señor Presidente se ha reafirmado en su decisión de blindar de impunidad a ambos funcionarios. Al grito de aquí no pasa nada, el Presidente ha llegado al extremo de nombrar una «comisión de garantes» que tiene un plazo de 120 días para presentar un proyecto de unificación de los servicios médicos que brinda la CSS y el Ministerio, y cuyos coordinadores son nada más ni nada menos que …el Ministro de Salud y el Director de la Caja de Seguro Social. Evidentemente, se trata de una burla inaceptable y un desprecio inaudito de la opinión pública.
Por otra parte, las medidas anunciadas por el Presidente nada tienen que ver con la crisis que enfrentamos. Por el contrario, todas ellas ponen de manifiesto el más absoluto fracaso de la impuesta Ley del Seguro Social reformada. La creación de una Defensoría de la Salud Pública, la construcción de un nuevo cuarto de urgencia y la constitución de una Autoridad Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica, son decisiones que debieron ser tomadas mucho antes y que no guardan relación alguna con la crisis abierta por el envenenamiento colectivo.
Lo que la ciudadanía está exigiendo es la separación inmediata de sus cargos del Ministro Salud y del Director de la Caja de Seguro Social, para dar paso entonces a la creación de una Comisión Independiente que esclarezca las responsabilidades técnicas y administrativas que le corresponden a los funcionarios que fueron encargados de velar por la salud de todos los panameños. Mientras ello no ocurra, los integrantes de la comisión nombrada por el Presidente, al margen de las buenas intenciones que pudieran tener, no cumplen con otra función que no sea la de legitimar la impunidad de la que descaradamente gozan los altos cargos que son políticamente responsables de la actual tragedia.
