Buscando Camino Buscando Camino
Año V, N°124
31 de julio al 5 de agosto de 2006
La detención de Pablo Rayo Montaño y el desmantelamiento de la organización criminal dedicada al narcotráfico que dirigía dicho personaje, ha levantado una nube de suspicacias, presunciones, sospechas y rumores que involucran a bancos y banqueros, a importantes firmas de abogados allegadas a los círculos del poder político, a personajes encumbrados que son asociados con altos cargos del engranaje gubernamental y, finalmente, a elevados funcionarios de las instituciones de investigación, así como de las judiciales. Al frente de dicha investigación se encontraba el Fiscal de Drogas Patricio Candanedo.
El presunto asesinato del inspector de la PTJ, Franklin Brewster, jefe de investigaciones sensitivas (tráfico de armas y drogas, blanqueo de capitales, etc.); la renuncia del Fiscal de Drogas Patricio Candanedo, quien en su carta de renuncia y declaraciones posteriores apunta a presiones venidas de poderosos círculos de poder, al extremo de habérsele ofrecido su traslado a Chiriquí como Fiscal Superior; la cancelación de la visa de entrada a Estados Unidos de la Fiscal de Drogas de Colón, y las posteriores acusaciones formales de la Agencia Antidrogas de los EU (DEA) en su contra por colaboración con el narcotráfico; la solicitud del embajador de los Estados Unidos de que se «recapacite» sobre la «renuncia» no hecha todavía pública de Delia Cárdenas, Directora de la Superintendencia Bancaria, funcionaria que por sus responsabilidades maneja información sensitiva sobre el movimiento de capitales, no son más que algunos de los hechos ocurridos en cascada tras la detención y desmantelamiento de la red del narcotraficante Pablo Rayo Montaño.
Agréguese a todo lo anterior las insolentes declaraciones del embajador norteamericano, William Eaton, quien señaló que en Panamá «existe una cultura lamentable de la impunidad para los poderosos, y también con oficiales del gobierno, y a veces con los ricos y los que tienen poder». Tales pronunciamientos, realizados con posterioridad a su asistencia al entierro del inspector Brewster y luego de realizar una encendida defensa pública del Fiscal Candanedo, vinculan directamente el caso de Rayo Montaño con los sectores señalados como impunes.
La insolencia de tales declaraciones radica en la absoluta ausencia de autoridad moral y política del señor embajador para hacerlas. Recuérdese tan sólo el descarado e impune fraude electoral que permitió la reelección del George Bush, o los vínculos del actual Vicepresidente de aquél país con empresas envueltas en escándalos de corrupción financiera en los proyectos de «reconstrucción» en Irak. Y por si fuera necesario, recuérdesele al señor embajador que fue su gobierno el que apoyó, financió y contrato los «servicios» de Manuel Antonio Noriega durante 21 años, quién todavía hoy puede exhibir las innumerables cartas de felicitaciones que recibió de parte del gobierno norteamericano y sus distintas agencias.
Insolentes son, igualmente, por provenir las mismas de un representante extranjero en nuestro país. Y lamentable es, hay que decirlo, la ridícula respuesta del Presidente de la República y del Canciller. Vergonzosa, por otra parte, la actitud de la Procuradora quien lo recibe luego del escarnio de tales declaraciones. Pero ambas actitudes son comprensibles: el gobierno y las instituciones del Estado son rehenes de Washington, tanto por su sumisa e interesada entrega política como por las informaciones de inteligencia que le otorgan al gobierno de Washington el poder suficiente para mantener bajo el chantaje a los distintos gobiernos panameños.
El hedor de la crisis
¿Pero cuáles son las razones que llevan al gobierno norteamericano a escarnecer de tan humillante manera al gobierno de su socio y amigo Martín Torrijos? Recuérdese que lo mismo se hizo con Mireya Moscoso, y lo que se pretendía era, entre otras minucias, asegurar la impunidad del terrorista Posada Carriles. Ahora son otras las razones del escarnio. En efecto, la desmedida, desbordada y por ello descarada codicia que ha llevado a ciertos sectores a tejer relaciones con Rayo Montaño, los interminables conflictos entre los distintos grupos y corrientes de Palacio en lucha abierta por el «pastel» del presupuesto nacional, así como una corrupción cada vez más desbocada en los tres órganos del Estado, le advierten a los norteamericanos que la situación pareciera estarse saliendo de control, en una situación de generalización del descontento ciudadano y despunte, aunque sea aún inicial, de las luchas populares, lo que les podría traer consecuencias políticas muy desagradables tanto a corto como a mediano plazo. Se trata, pues, de un verdadero tirón de orejas.
Lo que los norteamericanos no pueden o no quieren entender es que nada pueden hacer para impedirlo. Lo que vemos es el resultado directo de las políticas neoliberales por ellos impulsadas e impuestas, puesto que sus ejes fundamentales son las privatizaciones y la desregulación. ¿Cómo impedir entonces la feroz lucha que está generando la privatización del Megapuerto, con lo que implicará de reparto de acciones y comisiones? ¿Cómo obstaculizar que se apruebe una ley que tuvo por único objetivo el que la más importante operación financiera en la historia del país se ahorrara en impuestos al fisco nacional centenares de millones de dólares, sobre todo cuando gracias a ello se ha podido cobrar una comisión multimillonaria?
La desnacionalización del Estado, como resultado de las políticas neoliberales de privatización y desregulación, ha desnaturalizado su función de aparato regulador de la acumulación empresarial privada, para convertirlo, además, en un aparato de acumulación privada, por la vía de la corrupción rampante, de la fracción burocrática neoliberal en el poder. Dicho de otra forma, la corrupción es consubstancial al neoliberalismo, tanto como lo es el régimen de democracia restringida bajo el cual funciona.
Lo que la ciudadanía percibe, asombrada e incrédula, es el fétido hedor que emerge de la podredumbre de los sótanos del poder neoliberal en crisis. ¿Y esos son los que nos prometen el oro y el moro para después de la aprobación/imposición del referéndum de la ampliación del Canal?
¡Panameño, vota NO!
