Buscando Camino Buscando Camino
Panamá, Año V, No. 123
23 al 29 de julio de 2006
En medio de las luchas que sostienen los docentes por conquistar un salario que les permita vivir con la dignidad necesaria para afrontar con fuerza y entusiasmo su sagrada y ardua misión educativa, el Ministro de Educación ha informado a la ciudadanía de los resultados de unas pruebas, realizadas en noviembre del pasado año, que ponen de manifiesto que la educación nacional está sumida en una profunda crisis.
Al margen de la malévola intencionalidad de ofrecer dicha información justo en los momentos más álgidos de la lucha reivindicativa de los docentes, para así responsabilizarlos ante el conjunto de la sociedad por la crisis del sistema, lo cierto es que, al margen del malsano pretexto, el Ministro no ha hecho otra cosa que reconocer públicamente el fracaso más absoluto de las políticas educativas que son de exclusiva responsabilidad de los gobiernos neoliberales, civiles y militares, que han conducido al país a la situación catastrófica en la que nos encontramos.
¿Son los docentes los responsables de la elaboración y aplicación de las políticas educativas vigentes? ¿Son ellos quienes deciden cuánto y cómo se invierte en el sistema educativo? ¿Está en sus manos la elaboración de políticas sociales orientadas a paliar cuando menos las lamentables condiciones sociales en las que mal vive la mayor parte de los jóvenes educandos? ¿Pueden ellos tomar las medidas necesarias, y fáciles por cierto, que se requieren para lograr la despolitización partidista del sistema? Ciertamente, hay que ser tonto de capirote para afirmar que en los docentes recae tal responsabilidad, o tal vez un demagogo desvergonzado y malintencionado, o ser una persona adornada por dichas cualidades.
El docente es un instrumento valioso e imprescindible del proceso de enseñanza y aprendizaje y del sistema que lo ejecuta. Ni más ni menos. Por lo tanto, la razón de la quiebra del sistema educativo panameño hay que buscarla en otras causas, tal como pueden ser las condiciones de vida miserables, en el pleno sentido de la palabra, en la que se pudre más del cincuenta por ciento de la población, y de la que sólo puede esperarse la generación del pandillerismo, la violencia social e intrafamiliar, la insalubridad y la desnutrición. Tal vez radique, también, en una infraestructura escolar deplorable en la que el 40% de las escuelas carece de luz eléctrica, el 25% de agua potable y cerca del 25% de los estudiantes de primaria (104.000) asisten a centros multigrados, lo que implica que un solo docente atiende a varios grados. Por no hablar de la inexistencia de bibliotecas escolares, laboratorios de ciencias y de informática. ¿Y qué decir de la mediocre, cuando no inexistente, capacitación y actualización docente que imparte el Ministerio?
Argüir, tal cual se hace, que el aumento a los docentes significaría dejar de realizar inversiones urgentes e importantes en otras áreas del sector educativo, resulta de un cinismo rayano en lo ofensivo. El aumento de 190 balboas que están exigiendo aproximadamente 40.000 educadores, significaría incrementar en 90 millones el presupuesto anual del Ministerio. ¿No puede destinarse el 25% de los excedentes del Canal que este año ingresarán al tesoro nacional, y que el gobierno y la ACP han calculado en 800 millones, para así satisfacer una justa demanda y reforzar, con los cien millones restantes, la necesaria y urgente inversión en la colapsada infraestructura del sistema? Por no hablar de los recortes presupuestarios posibles en los rubros de botellas y salarios en la Asamblea de Diputados, en los altos salarios de funcionarios y asesores en los otros dos órganos del Estado, y la supresión de los injustificados gastos en consultorías innecesarias cuando no inventadas. ¿No se han llenado la boca diciendo que la educación es una prioridad nacional para este y anteriores gobierno?
Con justa razón la ciudadanía se pregunta asombrada a dónde van a parar los más de 500 millones de balboas que cada año engrosan el presupuesto del Ministerio de Educación. Pues sencillamente al saco sin fondo de la irracionalidad, la ineficiencia y el despilfarro, de los que únicamente son responsables lasautoridades rectoras del sistema educativo.
Dinero hay y de sobra, si fuese en verdad que el sistema educativo, tal como exigen los ciudadanos, fuese una prioridad para los gobiernos que, uno tras otro, han llevado al país a este estado calamitoso. En ese sentido, lo que la ciudadanía debiera saber es que lo que ha fracasado completamente es un modelo de sociedad fundado únicamente en la lógica del beneficio privado, y por tanto opuesto a toda acción de Estado que de preponderancia a las políticas impulsoras de los bienes comunes, gratuitos y accesibles a todos, tal como deberían ser la educación, la salud y los servicios públicos.
Defensores a ultranza de esa lógica de la barbarie, han privatizado la luz, la telefonía, el cemento, los puertos, etc. Y se aprestan a entregar el transporte público a la voracidad de las multinacionales, y lo mismo harán con el proyectado Megapuerto. Por supuesto, previa entrega de acciones y dineros a quienes impulsan tales políticas y se enriquecen con ellas. No es otro el fondo del asunto que los mueve desesperados a imponer la aprobación del referéndum para la construcción del tercer juego de esclusas.
Es por todo lo anterior que necesariamente tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas para derrotarlos en el tramposo referéndum para la ampliación del Canal. No se trata aquí de disquisiciones sobre la conveniencia técnica, la viabilidad económica o su necesidad empresarial imperiosa. Lo determinante es definir, previamente, si los excedentes del Canal serán obligatoriamente utilizados para la inversión en educación, salud, infraestructura y vivienda popular digna, mediante un plan de inversiones preestablecido y consensuado, o si se trata de seguir engordándoles el bolsillo, ya de por si rebosante gracias al dinero expropiado por ellos a todo el pueblo.
Lo que está en juego es nada más ni nada menos que el modelo de sociedad al que aspiramos la inmensa mayoría de los panameños. O los excedentes del Canal se ponen al servicio de más escuelas, más hospitales, más infraestructura para el desarrollo, etc, o tales excedentes continúan al exclusivo servicio delminoritario y plutocrático círculo de los beneficiarios de las políticas neoliberales, y que por ello aplauden la reelección, es decir, la continuidad del empobrecimiento de la mayoría en provecho de una ínfima minoría. ¡Panameño vota NO en el referéndum!
