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Año IV, N°115
27 de marzo al 2 de abril de 2006
Una de las más importantes y emblemáticas falacias que el neoliberalismo trajo consigo, fue su inveterada visión de que privatizando las empresas de interés público, principalmente las que los Estados ejercían como monopolios, se podía alcanzar el desarrollo económico y social de los países. El predominio de tales concepciones desde los años 80, desató una ola de privatizaciones de las empresas públicas en el mundo, que aún no termina. De esta forma, los intereses sociales fueron dando paso a los intereses mezquinos del mercado. Una bicoca bastaba, en la mayoría de los casos, para entregar al control del capital privado nacional o transnacional empresas con márgenes de rentabilidad sostenidos y aceptables. Los desaparecidos IRHE e INTEL son, en nuestro patio, ejemplos elocuentes de tan nefasta y criminal práctica bursátil.
Esas empresas, así como otras que le siguieron, fueron privatizadas bajo el falaz argumento de que mejorarían la calidad de sus servicios y que reducirían el costo de sus tarifas. En esto la confabulación contra el pueblo panameño alcanzó las dimensiones de una gigantesca patraña. Porque aquí todo el mundo sabe, perfectamente, que las tarifas jamás han disminuido, y que muy por el contrario su signo ha sido siempre ascendente, mientras que la calidad de los servicios ha dependido exclusivamente del lucro que generen.
Para el dogma neoliberal y los organismos financieros internacionales de crédito, las verdaderas causas de que nuestros pueblos sean pobres y subdesarrollados no deben buscarse en el modo de producción capitalista y en su injusto orden mundial, sino en la ineficiencia per se del sector estatal, la corrupción de sus funcionarios y en las debilidades de su sistema democrático. Eso explica porque conciben el progreso y el desarrollo como resultado de la aplicación de la más amplia privatización de todos los servicios y empresas públicas, imposición de reformas fiscales, control riguroso del gasto público, promoción de inversiones extranjeras y una castración significativa de la intervención del Estado en las actividades económicas. Más de dos décadas después de este absurdo ensayo neoliberal, nuestros países han pasado a ser más dependientes, más pobres, más endeudados y más desiguales en la distribución de sus riquezas.
La propuesta de las organizaciones populares panameñas de que el Estado recupere el control total de las empresas eléctricas privatizadas, puede resultar descabellada para los círculos oficiales y para los gestores y mentores del proceso privatizador. Naturalmente que para ellos lo importante ante todo es garantizar la “seguridad jurídica”, que es la más vil de las excusas que puede esgrimirse para mantener el saqueo de nuestros recursos y la explotación inmisericorde del pueblo panameño por las empresas transnacionales. Esta es la misma seguridad que se invoca cuando ocultan sus estados financieros, nos imponen el alza de las tarifas y justifican la repatriación de sus ganancias.
Desde que dichas transnacionales se hicieron del control de las empresas eléctricas, jamás han operado con pérdidas. Así, cientos de millones de dólares cruzan anualmente el Atlántico o viajan a las metrópolis imperiales, tal cual lo solían hacer cinco siglos atrás. Aún cuando la expoliación resulta ahora más refinada y sofisticada, sigue siendo, como antaño, una empresa jugosa y productiva. Un solo vistazo al año 2004 serviría para comprobar la extraordinaria rentabilidad de estas compañías y el tamaño del atraco que el negocio les significa.
Es por ello que la inmensa mayoría del pueblo panameño reclama, como consecuencia lógica y natural de este fiasco privatizador, la recuperación total de las empresas eléctricas y su inmediata orientación hacia el beneficio social. No hacerlo en estos momentos tan cruciales, en que se nos promete un incremento sustancial de las tarifas eléctricas, constituye una prueba inequívoca de que las actuales autoridades son, en esencia, los administradores de turno de los negocios transnacionales en nuestro país.
Indudablemente que el camino por recuperar las empresas eléctricas privatizadas será largo, difícil y complejo. Ponerlas bajo control popular será otra tarea colosal. Sin embargo, los panameños y panameñas no renunciaremos jamás al derecho que nos asiste de vivir en este país con dignidad, con justicia e igualdad. Porque aquí no puede imponerse aquel apotegma del general mambí Manuel Sanguily que, con relación a Cuba y a los cubanos, nosotros nos hemos tomamos la libertad de parafrasear: “parece que Panamá puede ser un paraíso para todos menos para los panameños”.
