Buscando Camino Buscando Camino
Año IV, N°114,
20 al 26 de marzo de 2006
A comienzos del mes de marzo y en los principales medios de comunicación local, se difundió la noticia que el desacreditado Fondo Monetario Internacional (FMI), instaba al gobierno panameño a encontrar fórmulas (impuestos en el lenguaje del Fondo), para cubrir el impacto que tendrá el TLC con los Estados Unidos en los recursos del Estado. El MEF, raudo y veloz, aseguró que ese impacto ha sido previsto, como previstas han sido las vías para compensarlo.
Lo cierto es que la preocupación del FMI no guarda relación alguna con la posibilidad real de que el Estado descuide — aún más– sus escasos programas sociales; tampoco esperemos que los actuales gobernantes compensen los impactos del TLC, con medidas que afecten exclusivamente a los privilegiados. En ambos casos, el interés es absolutamente contrapuesto a los intereses de los sectores populares y de los más desfavorecidos de la sociedad panameña.
El FMI busca garantizar a toda costa que el Estado panameño se mantenga solvente, no para que atienda los grandes problemas que aquejan y agobian a su población, sino para que pague puntualmente sus deudas. Si las pueden pagar anticipadamente como algunos países ya hicieron (Brasil y Argentina, por ejemplo), mejor. Naturalmente que quiénes así obran, saben perfectamente que no existe ninguna seguridad de que pagándole al Fondo puedan eximirse de las condicionalidades que imponen los préstamos y “ayudas” internacionales.
No hay ni una pizca de soberanía e independencia en estas decisiones. Sólo se acatan las órdenes del FMI. Al final, los países continuarán sometidos a la estructura de dominación y abuso que tales compromisos financieros entrañan, y que vienen sujetos a unos humillantes mecanismos de supervisión y control, que rebasan significativamente el ámbito económico, adentrándose en esferas de competencia exclusiva de la política. Es decir, no hay transacción en el seno del BID o el BM, que no pase por el FMI.
Por otra parte, en una demostración inaudita de mediocridad e incompetencia, el gobierno actual espera compensar los impactos del TLC, a través del crecimiento sostenido de la economía y las recaudaciones que se produzcan, principalmente, las que genere la última reforma fiscal. Y es que para nadie es un secreto que el gobierno sólo prevé impactos de orden fiscal, como resultado de la aplicación del calendario de desgravación arancelaria que acompaña al TLC, ignorando por supuesto, las consecuencias devastadoras en otros sectores, principalmente en los sectores orientados al mercado nacional.
Lo anterior quizás explica porque el gobierno PRD sólo estima una reducción fiscal de 200 millones de dólares en cuatro años, mientras analistas independientes calculan, de forma muy conservadora, que el TLC con los Estados Unidos supondrá un agujero de hasta 100 millones de dólares en solo un año.
Si de algo debe sentirse orgulloso el gobierno actual y su “team” es de su fidelidad ilimitada a unos postulados neoliberales, que cada vez en el mundo cuentan con menos adeptos y menos adictos. Sin embargo, fieles a su fantasía neoliberal, siguen destinando más de la mitad de los gastos corrientes del Estado al pago de la deuda pública. Deuda que ya supera los 10,000 millones de dólares en una Nación que, según un informe del año 2000 del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el 76.6% de su Producto Interno Bruto corresponde al monto de su endeudamiento.
Naturalmente que para el neoliberalismo, sus apologistas y las IFI’s , esto no representa ningún problema. La deuda pública y principalmente la deuda externa, aún cuando sea injusta, inmoral, ilegítima y hasta “odiosa”, debe ser pagada hasta el último centavo y nuestro país debe ser un ejemplo a imitar.
Hace más de veinte años que se demostró desde todos los ángulos posibles, que la deuda externa del Tercer Mundo era impagable y que su existencia constituye una violación permanente de los derechos humanos, sociales y económicos de los pueblos. El hecho de que recientemente algunas naciones como Rusia, Turquía, Brasil y Argentina, estén pagando sus deudas con el FMI a través del endeudamiento interno o utilizando sus reservas internacionales no es de ningún modo una manifestación inequívoca de que la deuda externa se puede pagar.
En todos los casos, el volumen del endeudamiento con el FMI no supera el 10% de la deuda externa total que estos países tienen; se recurre a ahorros que provienen de recortes a programas sociales, y al final, se están pagando deudas que han sido saldadas varias veces. Sólo en las últimas dos décadas los países del llamado Tercer Mundo, han pagado seis veces la deuda original y aún la deben, como cuatro veces más. Para colmo de este drama tan injusto, los ingresos por la inversión extranjera directa representan en la actualidad, casi un 50% menos de los recursos netos que se transfieren por pagos al servicio de la deuda.
Es preciso, es urgente, que las organizaciones y movimientos populares y sociales panameños, comencemos a valorar en su justo contexto el problema de la deuda externa y la irrenunciable necesidad de exigir su anulación inmediata. En cierto modo hay intercambio desigual, TLCs, programas de ajuste estructural, fuga de capitales y un empobrecimiento creciente en nuestros países, porque existe la deuda externa.
Es por ello que también se impone en nuestro país, aún a costa de que nos puedan acusar alguna vez de soñadores, que empecemos a levantar la bandera de que somos los verdaderos acreedores de las naciones más industrializadas del planeta. Aquí hay una innegable y abultada deuda social, ecológica, moral, financiera e histórica, que sólo puede ser explicada por los varios siglos de explotación y saqueo –que continúa en nuestros días– de las riquezas y recursos naturales de los llamados países del Tercer Mundo, por las naciones ricas.
