Buscando Camino Buscando Camino
Año IV, N°108,
23 al 29 de enero de 2006
El gobierno ha suspendido por noventa días el alza de las tarifas eléctricas. ¿Será que escuchó la voz del pueblo? En absoluto. Lo que ocurre es que se ha encontrado atenazado por la indignación causada por el descubrimiento de las mentiras y engaños que nos han dicho sobre el TLC y una opinión pública además enfurecida por el atraco que significa la subida de la luz. Ante ello, el gobierno ha optado por suspender el alza… por noventa días, para así desmovilizar lo que amenazaba con transformarse en protestas multitudinarias, y ganar tiempo así para ver cómo se burlan nuevamente de nosotros, tal cual hicieron con la reforma antipopular de la CSS e intentan hacer también con los acuerdos secretos que desmantelan toda nuestra legislación fito y zoosanitaria.
El gobierno miente y engaña nuevamente
Tómese en cuenta que la denominada «Comisión Energética Nacional», que es la que «recomendó» al Consejo de Gabinete la suspensión del alza, y que está integrada fundamentalmente por los amigos de Martín, que a su vez forman parte del Gabinete, fue creada hace ya cuatro meses. ¿Por qué entonces no se impidió en su momento la decisión de aumentar la tarifa? Por la sencilla razón de que no había estallado el escándalo Cortizo y pensaban que una vez más nos tragaríamos sus mentiras y agacharíamos el lomo. ¿Queda alguna duda? Si así fuera, hemos de recordar que el Ente Regulador es un simple y dócil apéndice del Ejecutivo, y que tal como ahora se ha suspendido el aumento, mediante una resolución del Gabinete, lo mismo pudo hacerse desde hace meses. ¿Alguna sombra de duda? Por si la hubiera, es menester recordar que los estados financieros amañados de las empresas eléctricas que se han visto obligados a hacer públicos ahora, arrojan utilidades que superan los 50 millones de dólares . Y sólo se trata de las empresas distribuidoras. Habría que preguntarse cuánto ganan, además, las empresas generadoras , para así poder acercarnos a la cifra multimillonaria que tales multinacionales succionan cada año del bolsillo del pueblo panameño. Y todo ello era y es del conocimiento de Martín y sus amigos.
Conociendo de tan enormes y leoninas ganancias, el gobierno, propietario del 49% de las acciones de dichas empresas, les otorgó a las mismas, entre enero de 2004 y enero del 2006, más de setenta millones de dólares en «subsidios», que salen, claro está, de lo que debería de invertirse en hospitales, escuelas y caminos de penetración.
Lo que nos debe quedar muy claro es que la subida de las tarifas eléctricas fue pactada por el gobierno y las empresas eléctricas privatizada, pues con ello se recaudarían más de 200 millones de dólares el primer año, cien de los cuales, los correspondientes al gobierno, ya están incluidos en el presupuesto del 2006. ¿Cuánto más estará incluido en ciertos privatizados bolsillos ?
No hay otro camino que la renacionalización
Nos dijeron que las privatizaciones mejorarían el servicio, generarían empleo, posibilitarían mayores ingresos al gobierno y abaratarían las tarifas que mes tras mes paga el conjunto de los ciudadanos. Todo fue una gran mentira y el pueblo sufre hoy las consecuencias de tales políticas neoliberales, que sólo han servido para engordar el bolsillo de las multinacionales y el bolsillo de ciertos nacionales, socios en el gran negocio y en la gran corrupción que tales políticas generan.
Ahora el gobierno nos informa que «en noventa días» se tomarán las medidas para «minimizar» el impacto del alza, cuando lo que quiere la mayoría nacional es abaratar en lo posible el coste de los servicios públicos y acabar de una vez para siempre con la explotación que hacen de tales servicios las empresas multinacionales, que además exportan la totalidad de sus leoninas ganancias.
La Constitución Nacional faculta al poder ejecutivo para la recuperación de las empresas eléctricas privatizadas, y ello por motivos de » utilidad pública o de interés social». La norma es clara e inequívoca, y no puede argumentarse, tal cual lo hacen Martín y sus amigos, que hay que garantizar «la seguridad jurídica» de tales empresas. La dichosa «seguridad jurídica» viene limitada y condicionada por nuestra Constitución Nacional, y tanto Martín como sus amigos lo saben perfectamente, al igual que lo saben las empresas multinacionales de generación y distribución eléctrica. Nuestra Constitución advierte que por encima de la «seguridad jurídica» de tales empresas está » la utilidad pública y el interés social «, y que » el interés privado deberá ceder al interés publico o social». No hay pues atropello alguno en la apertura de negociaciones destinadas a la recuperación para la Nación de esas empresas privatizadas.
Consciente de ello, Martín ha declarado que el Estado no dispone de dos mil cien millones de dólares para recuperar dichas empresas. Pero, ¿de dónde saca Martín que tales empresas valen dos mil cien millones? Nuevamente nos mienten, pues dicha cifra sale de la mente calenturienta de quienes, además, pretenden hacer el gran negociado en caso de que el gobierno fracasara en su intención de impedir a toda costa la renacionalización.
La voluntad mayoritaria de la nación
Está fuera de toda duda que la mayoría nacional demanda la renacionalización inmediata de las empresas generadoras y distribuidoras de energía eléctrica. Pero el gobierno no cederá, pues lo prioritario para Martín y sus amigos es la defensa de sus intereses . Por ello se hace necesaria la movilización nacional que los obligue a la convocatoria de un referéndum para que el pueblo soberano exprese su voluntad mayoritaria respecto al futuro de dichas empresas. Y para avanzar en busca de lo anterior hay que evitar volver a cometer el nefasto error de los dichosos «diálogos nacionales», trampas mortales en la que se busca ganar tiempo, quebrar brazos, corromper conciencias, desestabilizar a gremios consecuentes y comprar a «dirigentes», tal como quedó demostrado, una vez más, en el tramposo diálogo nacional por la reforma de la Caja de Seguro Social. El único diálogo posible es entre ellos y nosotros, para lo cual proponemos un referéndum nacional, mecanismo estrictamente democrático, al que por ello mismo se opondrán con todas sus fuerzas. Pongamos en pie la coordinadora nacional por la recuperación de las empresas eléctricas. Estamos a tiempo y tenemos la fuerza para ello.
