¡Plan para la justicia de género ya! Carmen Castro García (LA PARADOJA DE KALDOR)

Carmen Castro García (LA PARADOJA DE KALDOR) 19-09-2018 CTXT

Diez años ya y el resultado más contrastado es el empobrecimiento de una gran parte de la población y el mayor músculo que ha agarrado el capitalismo con el nuevo (des)orden neoliberal impuesto.

J. Howard Miller

Aún tenemos anotado, en la lista de tareas pendientes, gran parte del contenido del nuevo ideario, feminista y progresista, empezando por aquello de construir una economía que responda a las necesidades de las personas, dando sentido a la justicia redistributiva social, de género y ecológica. Por más que la lógica de la sostenibilidad de la vida se haya ido incorporando en algunos discursos sigue alejada del corazón de la agenda política, económica y energética. Las causas hay que buscarlas en el rearme capitalista y el embrutecimiento de la reacción patriarcal; debido a esta última también ha emergido con fuerza una versión vintage del imaginario simbólico de la naturalización de lo reproductivo como una responsabilidad femenina junto al mito de separación de las esferas de producción y reproducción.

Íbamos a cambiarlo todo, sin embargo, la beligerancia neoliberal ha encontrado vías de expansión los negocios transnacionales. De todos los que han proliferado, hay tres que considero especialmente preocupantes. En primer lugar, la arquitectura de la impunidad creada por la globalización financiera, y muy especialmente los servicios de arbitraje previstos en los tratados neoliberales de inversión (TTIP, TISA, CETA); en base a éstos, se han asegurado la prevalencia del interés oligopolista y corporativo capitalista sobre el interés general, público y común de sostenibilidad de la vida. En segundo lugar, la militarización creciente y el refuerzo de los mecanismos de represión de las libertades civiles, alentados en un contexto de geopolítica económica basada en la masculinidad hegemónica patriarcal. Y, en tercer lugar, la expansión de la mercantilización de capacidades, tiempos y recursos naturales. Con capacidades me refiero a la capacidad humana de producción (vía trabajo asalariado, atomizado y precarizado), reproducción (desde eufemismos como el alquiler de úteros y la donación de óvulos, a la compra de novias o esposas) y la de satisfacer los deseos de otras personas (con un amplio catálogo de casuísticas entre las que se incluyen el matrimonio infantil, la gestación subrogada y la prostitución). Esta tercera se vale de las contrageografías de la globalización, de las que habla Saskia Sassen, conformada por los mecanismos institucionales, flujos transfronterizos y mercados globales que se ponen a disposición para otra finalidad diferente a la que impulsó su creación; en este caso, para el gran negocio global de la mercantilización de personas. Sin ánimo de diferenciar ni entrar a debatir cuánto de dichos flujos provienen de las redes de trata o de tráfico, lo que me interesa es destacar, en primer término lo que constituye el objeto de mercadeo en sí mismo: la compra-venta de personas, de seres humanos, ya sea como un todo o al despiece. Algo huele a podrido en todo esto, por mucho que se pretenda esconder el hedor tras la falacia de la ‘libre elección’ y el refuerzo de la ideología individualista; probablemente sea uno de los mayores triunfos neoliberales, porque le va estupendamente al boyante desarrollo de la industria de explotación sexual y laboral. Se llama deshumanización, y es el proceso por el cual dejan de percibirnos como personas para percibirnos como cosas, mercancias, productos sustituibles o complementarios en el intercambio económico.

Se llama deshumanización, y es el proceso por el cual dejan de percibirnos como personas para percibirnos como cosas, mercancias, productos sustituibles

Todo lo anterior está ahí, conformando parte del nuevo esquema global que llega como un eco lejano a nuestra realidad cotidiana, afectada por la expropiación gradual del sistema de protección social y los derechos económicos.

La imagen que ilustra la distribución de renta no da margen a la confusión. Según los datos de Oxfam, el 1% más rico de la población acumula el 82% de la riqueza generada en 2017. En el Estado Español, el 10% de las personas más ricas aglutinan más riqueza que el 90% restante.

Si algo caracteriza a las políticas austericidas de esta década es su falta de empatía social; de ella adolecen tanto las reformas laborales, como la reforma del sistema público de pensiones, los recortes en servicios sociales, educación y sanidad, la menor cobertura de prestaciones por desempleo, el desinterés ante su persistencia, el abandono de la atención a la dependencia, la falta de una estrategia de corresponsabilidad, la desigualdad de los permisos por nacimiento y el re-esencialismo de la maternidad son piezas de la trampa patriarcal de privatización de los cuidados.

Y todo ello acompañado de la regresión fiscal practicada. El resultado no se ha hecho esperar: hemos tenido que ir aprendiendo a gestionar la desigualdad, a convivir con una mayor precariedad de las condiciones de vida y a activar estrategias y circuitos alternativos de supervivencia.

La precariedad laboral, monetaria y de tiempos se ha instalado en nuestra cotidianidad y lo ha hecho fuertemente atravesada por la desigualdad de género. En este contexto, el sostén realizado desde la esfera invisibilizada de la economía ha sido crucial. Tres millones trescientas mil mujeres constan oficialmente como ‘inactivas’ por estar dedicadas exclusivamente al trabajo de cuidados, no remunerado y en similar situación se encuentran trescientos cuarenta mil hombres. De entre quienes tienen un empleo, las mujeres dedican en promedio tres horas más cada día, de manera no remunerada, al cuidado del bienestar personal y de las relaciones en los entornos familiares y comunitarios, respecto al tiempo que dedican los hombres. La brecha en los cuidados, en sí misma, representa una distorsión económica y social que deberíamos resolver, ya que es determinante también de la persistencia de otras brechas de género. Siete de cada diez personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres y también lo son ocho de cada diez de entre quienes perciben los salarios más bajos. Si pensamos en estructuras familiares, basta destacar que son ellas quienes sostienen económicamente el 90% de las familias en las que solo hay una persona adulta con menores a su cuidado y cuatro de cada diez de las familias monomarentales están en situación de riesgo de pobreza, afectadas por el suelo pegajoso, no sólo por su situación monetaria, sino también por factores como el empleo, la vivienda, la salud o la carencia de redes de apoyo.

La feminización de la subsistencia tiene nombres e historias de vida concretas. A muchas de ellas las reconocemos por su resistencia activa y su lucha colectiva por la dignidad de las condiciones de trabajo; son las temporeras de la fresa, las aparadoras del calzado, las Kellys, las empleadas del hogar, las cuidadoras de las residencias y centros de día, las pensionistas. Son todas ellas y somos nosotras, nuestras hermanas, madres, abuelas o vecinas.

Es tiempo de debatir y consensuar un plan de medidas urgentes para la justicia de género que, cual programa económico feminista, sirva de agenda común

Hay que salir de este bucle y sin demora. Los relatos sobre las experiencias emancipadoras y prácticas de resistencia feminista colectivas son un germen para la transformación. Sin embargo, más allá del sumatorio de experiencias individuales, hace falta una apuesta colectiva decidida por la justicia redistributiva y la transformación social. Es tiempo de debatir y consensuar un plan de medidas urgentes para la justicia de género que, cual programa económico feminista, sirva de agenda común que oriente el cambio de enfoque de las políticas públicas.

Tenemos que asumir la responsabilidad compartida por la persistencia actual del sistema patriarcal, que no se sostiene de manera etérea; desde ese reconocimiento, y sin demora, conviene empezar ya a cambiar el imaginario simbólico que influye en las decisiones que afectan a nuestras vidas. Dos cuestiones básicas para iniciar este cambio serían, por una parte, un nuevo orden de prioridades sobre derechos fundamentales, otorgando máxima relevancia al derecho de toda persona a tener una vida plena, en equidad de género y libre de violencias. Y, por otra parte, la articulación de un pacto constituyente del paradigma feminista, por el que renovemos el contrato social identificándonos como seres interdependientes y ecodependientes y con ámbitos de autonomía relacional, en vez de hacerlo desde la ficción patriarcal de un homo económicus individualista, independiente y falto de empatía social. En base a este pacto, las personas y la naturaleza serímos fines en sí mismas y no meros instrumentos o mercancías intercambiables. Se trata de una apuesta clara por la dignidad humana y la eliminación de los procesos de deshumanización que sustenta los mecanismos actuales de explotación laboral y sexual.

Lo siguiente a resolver es qué medidas vamos a considerar para elaborar el programa económico feminista y, derivado de ello, cómo vamos a trasladar a las experiencias e iniciativas de la cotidianidad las expectativas y construcción sociopolítica de otro modelo de sociedad.

Al menos tres ejes deberían dar contenido a dicho programa, en el que cabría otorgar un especial protagonismo a las políticas género-transformativas, con capacidad de subvertir el orden de género y diluir la división sexual del trabajo.

El primer gran cometido, sin duda, ha de ser el de restitución, equiparación y ampliación de derechos; se trata de hacer efectivo el principio de tratamiento igualitario en el ordenamiento jurídico y, en base a la simetría de género, completar la individualización de los derechos, independientemente del criterio con el que cada persona opte por establecer sus relaciones sexo-afectivas y/o de convivencia familiar. Hitos especialmente relevantes son el derecho a una vida libre de violencias, el derecho al cuidado durante todo nuestro ciclo vital, el derecho a satisfacer las necesidades básicas (alimentación, educación, salud, vivienda), el derecho a una vida económicamente independiente, a través de la obtención de un ingreso mínimo vital, del acceso a un empleo y/o al sistema público de protección social. ¿Por dónde empezar?

Recuperar y restituir los derechos expropiados durante estos diez últimos diez años es una buena opción, aunque no será suficiente, no se trata de volver a una situación anterior sino de establecer un marco de garantías básicas que conformen otras realidades. Por ejemplo, necesitamos recuperar el derecho a la autonomía personal que recogía la Ley de dependencia, y que fue convertido en papel mojado en la pasada década; ahora bien, hay que reestablecer dicho derecho eliminando los sesgos de género que estaban implícitos en la mencionada ley y que reforzarían la división sexual del trabajo. Y también necesitamos recuperar el derecho de los y las menores al sistema público de educación infantil (de 1 a 3 años).

En la equiparación de derechos hay dos urgencias cuyo abordaje debería realizarse ya, por una parte la equiparación de los derechos asociados a un nacimiento diluyendo las expectativas de desigualdad que actualmente se asocian a la maternidad y paternidad. En este sentido, la tramitación de la Proposición de Ley de reforma del sistema de permisos de paternidad y maternidad presentada por el grupo parlamentario Unidos Podemos – IU - En Comú Podem – En Marea, recogiendo el diseño de la PPiiNA, debería facilitar, a través de un proceso de debate transparente, el establecimiento de permisos iguales, intransferibles y plenamente remunerados ante un nacimiento o adopción, para cada persona progenitora. Por otra parte, hay que acabar con la discriminación laboral histórica de las trabajadoras de hogar, estableciendo la equiparación de sus condiciones laborales y derechos a quienes están dentro del Régimen General de la Seguridad Social, y para ello, hay que poner punto final a esa torticera consideración de relaciones especiales dentro del ámbito familiar.

El segundo eje se refiere a la reorganización social y económica de los tiempos y trabajos, remunerados y no remunerados. Hay que repensar todo el sistema, empezando por desplazar la centralidad del tiempo dedicado al trabajo remunerado en los mercados y promoviendo activamente un cambio en los patrones de género y en el modelo productivo. Una vez más, la potencialidad género-transformativa nos sugiere prestar una atención específica a la implicación de los hombres en la transformación de los roles de género. Será importante redefinir el papel de lo público, estableciendo funciones y mapa de garantías efectivas a asumir; el reto de aproximar lo público a lo colectivo y lo común debería posibilitar margen suficiente para iniciativas de co-gestión público/colectivo/social. Algunas cuestiones a abordar son de lo más básicas, empezando por la revisión de las prioridades de los tiempos de vida hacia una redistribución más equitativa de tiempos y trabajos. En este sentido, considero que la reducción de la jornada laboral máxima es irrenunciable (ya sean 35 ó 30 horas semanales), con paridad de salario, como también lo es el desarrollo de servicios públicos, con criterios de calidad, para atender las necesidades de cuidados, incluyendo servicios específicos de educación infantil de 1 a 3 años (una vez garantizado que el primer año de vida de una niña o niña puede ser cuidada directamente por quienes sean sus personas progenitoras) y servicios de atención a personas mayores, dando cobertura de amplio espectro y tipología de servicios (desde formas de convivencia compartida, recursos habitacionales, servicios puntuales de atención, ocio e interacción social diurnos). ¿Cómo dar sentido pragmático al desarrollo de este eje de acción? Desde mi punto de vista requiere de una apuesta decidida por el empleo público, garantizando condiciones dignas, criterios de calidad e igualdad en el acceso; el sector de atención a los cuidados se encuentra en un estado embrionario y resulta imprescindible para avanzar hacia otro modelo de sociedad, que integre el valor del cuidado mutuo y la corresponsabilidad como base de la convivencia. Más allá de los empleos remunerados, hay un trabajo de cuidados que no se ha visibilizado, ni está compartido ni valorado, y que mayoritariamente ha sido y sigue siendo realizado por las mujeres; hay que subvertir esta situación. ¿Cómo avanzar en la radicalidad democrática de la sociedad sin un reparto equitativo de trabajos y tiempos de vida?

El tercer gran cometido, se refiere a la reforma fiscal, progresiva y feminista; es una tarea ingente, pero hay que abordarla ya, apostando por la progresividad fiscal y eliminando los sesgos de género existentes. En este sentido, hay que equiparar el tratamiento individualizado de quienes son contribuyentes, como personas adultas autónomas, sin ser consideradas en base a las relaciones de parentesco o familiares que establezcamos. Esto tiene consecuencias prácticas y directas, como la eliminación de la tributación conjunta del IRPF y también una gran excepcionalidad: urge hacer efectiva la equiparación del tratamiento fiscal de las familias monomarentales con respecto a las familias numerosas.

El marco general debería redefinir la imposición sobre las rentas de capital y patrimonio en una proporcionalidad justa, en comparación con la aportación de las rentas del trabajo; reajustando prioridades de recaudación y otorgando un mayor peso de la imposición directa respecto a la indirecta.

Convendría apuntalar el derecho universal al sistema público de pensiones y prestaciones económicas, sin obviar la urgencia en asumir la responsabilidad de cómo vamos a atender el derecho a un ingreso mínimo vital digno indepedientemente de las cotizaciones contributivas acumuladas, en este sentido, ¿no es tiempo ya de considerar seriamente la transformación de todos las prestaciones no contributivas en prestaciones económicas dignas, al nivel mínimo de las contributivas -al menos- y diseñar un plan gradual de conversión de los derechos de prestaciones contributivas en derechos básicos vitales?

Pongámonos a ello, abramos debate, reformulemos ejes, propuestas y una hoja de ruta viable que facilite el desarrollo de un plan de medidas urgentes para la justicia de género. Intuyo que los consensos serán más fáciles una vez que asumamos colectivamente que estamos realmente en condiciones de imaginar una organización socioeconómica más allá del orden de género y del actual (des)orden neoliberal.

Carmen Castro García es Doctora en Economía y activista feminista. (@SinGENEROdDUDAS)