La masculinidad tradicional desgrava en la declaración de la renta

June Fernández 27/04/2022 Pikara

Feministas, desde las instituciones y la academia, dan pasos para detectar y corregir los sesgos de género en la recaudación del IRPF, el IVA, el IBI o el impuesto de sociedades.

Ilustración Sra. Milton

El sujeto dominante que la antropóloga María José Capellín definió con el acrónimo bbva (burgués, blanco, varón y adulto) tiene más recursos para afrontar el pago de tributos directos e indirectos. También dispone de más bonificaciones y de más estrategias de elusión o evasión fiscal. Las políticas de fiscalidad estatales y forales, lejos de lograr un efecto redistributivo, refuerzan las desigualdades sociales y de género, según han demostrado investigadoras como Paloma de Villota.

“Es mejor recaudar al máximo y reforzar la política social vía gasto”, argumenta esta profesora de Economía Aplicada, pero el sistema tributario español hace lo opuesto: “El sector público pierde mucho dinero con las reducciones y deducciones porque es como un queso de Gruyère: con tantos agujeros, el total de recaudación disminuye”. La escasa inversión pública en protección social se cubre con el trabajo gratuito de cuidados que hacen las mujeres, un trabajo por el que ni cotizan ni desgravan. No es casualidad, señala De Villota, que la brecha de género en el ámbito reproductivo sea mucho mayor en España, Italia o Grecia que en los países del centro y el norte de Europa, que sí que cuentan con sistemas tributarios redistributivos.

IRPF

“La mayoría de la reducciones y deducciones fiscales del IRPF [impuesto sobre la renta d personas físicas], tanto en el Territorio Fiscal Común [régimen que hay por defecto en todas las Comunidades y Ciudades Autónomas salvo en Euskadi y Navarra, que tienen régimen foral] como en la Comunidad Autónoma del País Vasco, encierran un indiscutible sesgo de género favorable para los varones”, concluye sin titubeos Paloma de Villota en un artículo académico para la gaceta tributaria Zergak. Atribuye esta evidencia a que el tributo está diseñado de forma androcéntrica, porque no tiene en cuenta las diferencias entre varones y mujeres en cuanto a su realidad socieconómica, su nivel y tipo de ingreso, su forma de empleo y de reparto de trabajo no remunerado. Contratar un plan de pensiones desgrava; cuidar gratis durante veinte años a familiares en situación de dependencia, no.

Cerca de un tercio de la población femenina no alcanza por sus escasos ingresos el mínimo establecido para tributar, frente a solo el 18 por ciento de los contribuyentes. A medida que se sube en la escala de ingresos, se profundiza en una “primacía masculina absoluta y creciente”, observa Villota. Son hombres quienes realizan actividades económicas de envergadura, con lo que sus deducciones son también más jugosas; pensemos en la compra de inmuebles. De hecho, las mujeres solo se benefician en mayor medida de tres deducciones: por alquiler de vivienda, por los rendimientos del trabajo (al ingresar menos de 18.000 euros brutos al año) y por maternidad. Esta última es una forma de discriminación positiva, pero a De Villota no le convence, porque excluye a las madres que más necesitan el apoyo estatal: las que no tienen renta. Por eso, aboga por prestaciones universales y por aumentar el gasto social ligado a la infancia.

Otra de sus críticas es que el sistema tributario español sigue bonificando con 3.400 euros anuales a los matrimonios que presentan la declaración de la renta conjunta. De Villota opina que esta modalidad, obligatoria hasta el año 1989, “proviene de una ideología favorable a la familia tradicional” formada por un marido como cabeza de familia y una esposa a la que se impone el rol de ama de casa. La profesora alerta de que la tributación conjunta perjudica a la segunda persona perceptora no solo económicamente, sino que la convierte en responsable solidaria en caso de que su pareja incurra en fraude fiscal. Al cierre de este reportaje, en mayo de 2021, el Ministerio de Hacienda había incluido dentro de un plan de recuperación económica la eliminación de ese beneficio fiscal, cuyo coste para las arcas públicas asciende a 2.293 millones de euros. Esgrime un argumento en clave de igualdad: que esta modalidad frena la incorporación de las mujeres al mercado laboral.

La otra cara de la moneda es la mayor presión fiscal que denuncian las asociaciones de familias monoparentales. El estudio ‘La monoparentalidad en el IRPF. Denuncia de un tratamiento discriminatorio’, elaborado por Elena García- de la Torre Sanz y Consolación de la Peña Infante para la Federación Española de Madres Solteras por Elección (FEMSPE), señala que el sistema tributario no tiene en cuenta que las madres solas disponen de menor renta para hacer frente a los gastos del hogar, incluidos los derivados de unas mayores dificultades para conciliar crianza y empleo. Al contrario, una familia biparental con los mismos rendimientos de trabajo sale mejor parada en la liquidación de la declaración de la renta: si un matrimonio que presenta la declaración de la renta conjunta recibirá la bonificación de 3.400 euros, y si presentan declaraciones individuales romperán con la progresividad del impuesto. Este informe recuerda también que las familias biparentales cuentan con el doble de semanas de permiso por nacimiento o adopción que las monoparentales, y que ese permiso está exento de tributación del IRPF.

A De Villota le preocupa esa discriminación y añade también otro sesgo de género: 76.951 padres separados (frente a 1.675 madres) se desgravan la pensión por alimentos. “En cambio, las mujeres que viven con sus criaturas y las están alimentando no pueden desgravar por esos cuidados”, expresa.

IVA

Las autoras y autores del estudio ‘La fiscalidad en España desde una perspectiva de género’, realizado por el Institut per a l’Estudi i la Transformació de la Vida Quotidiana, subrayan que el IVA es un “impuesto regresivo” porque se aplica a los productos y servicios sin tener en cuenta las circunstancias de quien paga. Esto provoca una mayor presión fiscal sobre las mujeres, “que mayoritariamente se sitúan en niveles de renta inferiores”, especialmente en el caso de las familias monoparentales.

Este informe también destaca los sesgos androcéntricos en la definición de los bienes y servicios de primera necesidad, en los que se aplican gravámenes reducidos del IVA. El ejemplo paradigmático es la llamada “tasa del tampón”: los productos relacionados con la menstruación soportan un IVA del 10 por ciento en vez del 4 por ciento de los productos considerados básicos. El equipo dirigido por María de la Fuente señala asimismo la “tasa de cuidado” que pagan quienes cuidan de otras personas, ya que productos como las vendas, las gasas y los guantes también soportan un IVA del 10 por ciento.

Impuesto de sociedades

El informe del Institut per a l’Estudi i la Transformació de la Vida Quotidiana desnuda los privilegios de las grandes empresas: soportan una carga fiscal media del 6 por ciento sobre sus beneficios, una cifra que sube al 15 por ciento en el caso de las pequeñas y medianas empresas. Otro dato apabullante explica ese agravio: más de tres cuartas partes de las ventajas tributarias del impuesto de sociedades son utilizadas solo por el 0,32 por ciento del tejido empresarial español, las alrededor de 4.500 grandes sociedades que facturan más de 45 millones de euros al año, cuyos órganos directivos están acaparados por hombres.

Desde la Diputación Foral de Gipuzkoa, en la legislatura gobernada por EH Bildu (2011-2015), se intentó reformar el impuesto de sociedades para que las empresas con grandes beneficios no pudieran librarse de contribuir a las arcas públicas a través de las deducciones por conceptos como la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+I). No lograron ponerla en marcha por falta de apoyos políticos en las Juntas Generales. “Pero el ejercicio que hicimos es simbólicamente relevante porque no hay apenas experiencias de reforma fiscal desde perspectivas feministas, y menos ecofeministas”, defiende Laura Gómez, la entonces diputada de Igualdad.

El II Plan Foral para la Igualdad 2012-2020 incluyó entre sus objetivos específicos el de “avanzar en la implementación de una reforma fiscal progresiva que introduzca criterios de género”. Emplazaba a conocer el impacto de los diferentes impuestos y sus exenciones fiscales, a cuantificar el “impuesto reproductivo” que pagan las mujeres a través del trabajo de cuidados no remunerado y a dar más peso a los impuestos al capital que a los del trabajo. “Tuvimos que desarrollar mucha imaginación con Elena Franco [diputada de Hacienda] e Itziar Miner [directora general de Política Fiscal] a la cabeza”, recuerda Gómez.

Su propuesta de reforma establecía una serie de filtros para frenar la elusión fiscal. En primer lugar, prohibía el acceso a las deducciones a las empresas que incumplieran la ley de igualdad o que estuvieran sancionadas por discriminación por razón de sexo.

A continuación, eliminaba todas las deducciones excepto las de I+D+I, pero redefinía estos conceptos: se priorizarían los proyectos que respondieran a la sostenibilidad de la vida de las personas, que buscasen soluciones a la crisis ecológica y de cuidados o que incorporasen la perspectiva de género en su diseño. “En la práctica significaba no apoyar desde lo público producciones como las de la industria armamentística”, destaca Gómez.

El tercer paso incorporaba un incentivo: las empresas que reinvirtieran sus beneficios en equidad de género se beneficiarían de una reducción en la base del impuesto. La batería de medidas que sugería incluía la creación de empleo indefinido femenino, las partidas dedicadas a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar o los planes de prevención e intervención en situaciones de acoso sexista. “Sigue siendo una propuesta muy útil y certera”, valora Gómez.

IBI

“La política fiscal no se ha de concebir solo como un instrumento recaudatorio sino como una herramienta política que puede contribuir a la justicia de género”. En esta premisa se basa el proyecto sobre fiscalidad que desarrolla desde 2016 la Dirección de Género y Políticas del Tiempo del Ayuntamiento de Barcelona.

Empezaron por encargar un estudio que intentó analizar el impacto de género de siete tributos vinculados a las ordenanzas fiscales: el impuesto de circulación, la tasa de aparcamiento de vehículos, las tasas por ocupación de la vía pública, el impuesto de bienes inmuebles urbanos (IBI), los precios de los jardines de infancia públicos, del servicio de atención domiciliaria y de los equipamientos deportivos municipales. El informe llamaba a observar a través de los datos tributarios aspectos sociales como las desigualdades en el uso del transporte, del espacio público, de la vivienda o de los servicios municipales, así como en la atención a la infancia y a la tercera edad. Este propósito se vio frustrado por la falta generalizada de datos desagregados por sexo. 2020 ha sido el primer año en el que el Ayuntamiento dispone de estos datos.

“Los gobiernos locales no pueden cambiar los impuestos, porque habría que modificar leyes que son estatales. Lo que sí podemos hacer es jugar con las subvenciones”, explica la directora del servicio, Sonia Ruiz García. En el caso del IBI, que es la fuente principal de financiación del Ayuntamiento de Barcelona, su equipo ha comprobado que las bonificaciones y las ayudas fiscales establecidas por el anterior equipo de gobierno tienen en cuenta a los sectores más afectados por la feminización de la pobreza: las personas viudas, las personas con rentas bajas, las familias monoparentales y las numerosas. El perfil de beneficiaria de esta ayuda es el de una mujer mayor, viuda, pensionista y arrendataria, porque han detectado la práctica de algunos propietarios de exigir a sus inquilinos e inquilinas el pago de este tributo.

El proyecto ha incluido el desarrollo de un cuaderno metodológico para evaluar si cada tributo reproduce las desigualdades o contribuye a transformarlas. Otro de sus objetivos es homogeneizar las reducciones de los precios públicos; por ejemplo, generalizar la bonificación para las familias monomarentales. También se ha creado una mesa de presupuestos y fiscalidad feminista, pero la directora de Género lamenta la falta de participación del movimiento feminista: “Tal vez porque se percibe la fiscalidad como un tema complicado, pero luego ves que no lo es tanto y que puede cambiar la vida de muchas personas”.