Martes 4 de abril de 2023
La investigadora navega en la ola feminista que se activó en los últimos años —con movimientos como el NiUnaMenos o las huelgas— produciendo teoría arraigada a la acción, con el foco en la ofensiva del neoliberalismo contra la reproducción social.
Sarah Babiker 2 ABR 2023 El Salto
Hace ya unos cuantos años que la socióloga e investigadora argentina Luci Cavallero, en estrecha colaboración con su compañera de escritura y acción, Verónica Gago, profundiza en los ámbitos del trabajo, las pensiones o la deuda desde una perspectiva feminista. Una reflexión que no puede desligarse, como aclara varias veces durante la conversación, de la discusión política colectiva dentro del movimiento feminista, y de las diversas coyunturas sociales y económicas dónde se da esta conversación.
La autora, junto Gago, de Una lectura feminista de la deuda (Tinta y Limón, 2021) participó a finales de febrero en el Congreso Internacional Feminista ‘We call it feminism. Feminismo para un mundo mejor’ organizado por el Ministerio de Igualdad. Tras una agenda intensiva, poco antes de tener que tomar un avión de vuelta a Buenos Aires, Cavallero ofreció a El Salto una mirada amplia sobre el rol de las instituciones feministas y sus límites, el sindicalismo feminista, la deuda, o el salario básico universal.
¿Qué impresiones te llevas del Congreso Internacional Feminista?
La primera sensación que tengo es que hubo mucha participación del activismo feminista local y con invitadxs internacionales de distintas procedencias y espacios de militancia. Encuentro que el Congreso fue una oportunidad para recoger y discutir una pregunta que estaba en el aire: ¿qué pasó en este último tiempo con el nuevo ciclo de luchas feministas? Esto supone varias cosas. Tanto la pregunta sobre qué fue capaz de instituirse como debate colectivo y como desplazamientos de la sensibilidad, como la pregunta por qué significa haber llegado a las instituciones, cuáles son los desafíos, cuáles son los límites de esas experiencias y políticas públicas. Se trata de una pregunta antigua en una nueva coyuntura: ¿cuáles son las relaciones más virtuosas y posibles entre institución y movimiento?
Creo que eso se reflejaba también en la composición de las mesas, donde se reunieron trayectorias del activismo local, periodistas, artistas y también personas ocupando cargos institucionales vinculados a agendas feministas.
Justamente ese arco, que empieza en los movimientos y entra en la institución para aplicar políticas públicas feministas, es también el tuyo. Por ejemplo, tras participar en el debate sobre la deuda dentro dentro del movimiento feminista, ahora formas parte del equipo que implementa en la Provincia de Buenos Aires un programa para afrontar los endeudamientos abusivos de las madres de familias monomarentales.
El primer punto a destacar es que la institucionalidad feminista está muy atacada por los movimientos de ultraderecha tanto en España como en Argentina. Luego, obviamente tiene muchos problemas de debilidad propia porque, en general, surge con muy pocos recursos y presupuestos. Yo digo que es una institucionalidad que debe estar peleando su existencia y su razón de ser permanentemente frente a otras instituciones y a la cual se le dirigen las críticas más veloces.
Lo que traté de impulsar fue una política pública que se haga cargo de la situación de sobreendeudamiento de los hogares monomarentales de la provincia de Buenos Aires, la más grande del país. El programa fue votado en la Legislatura y reconoce el endeudamiento como problema social prioritario en términos de violencia económica contra mujeres. Va a ser ejecutado por el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual; sin embargo, todavía no está en vigencia.
Participas como militante e investigadora de una agenda que aborda cómo interseccionan feminismo y sindicalismo para trascender esta falsa segregación entre empleo remunerado y trabajo del hogar o comunitario, visibilizando los trabajos no pagos, ¿qué potencia contiene partir de la base de que todas somos trabajadoras?
Tenemos una evaluación compartida con el colectivo NiUnaMenos sobre lo que fueron estos años de organización de las huelgas feministas. Creemos que uno de los saldos más importantes es la alianza entre las feministas y las sindicalistas, una confluencia entre dos experiencias históricas que estaban, de alguna manera, separadas. Quienes eran sindicalistas tenían muchos problemas para decirse feministas y quienes somos feministas teníamos cierto resquemor con el sindicalismo. Creo que la huelga feminista ha permitido que esas realidades, esas experiencias vitales, se entremezclen. No sólo para revitalizar el sindicalismo realmente existente, sino para ampliar lo que se entiende por sindicalismo, para desplegar un sindicalismo que toma seriamente las cuestiones de la reproducción de la vida. Por ejemplo, un sindicalismo contra el aumento de los alquileres, un sindicalismo que se hace cargo del costo de los alimentos, un sindicalismo que puede también poner en agenda en primer lugar la demanda de las trabajadoras del hogar y de las trabajadoras comunitarias.
Estas últimas son una realidad laboral muy extendida en Latinoamérica, son quienes trabajan en las comunidades, en la producción de alimentos, de salud, son quienes acompañan en los casos de violencia por razones de género y que no están reconocidas. Ahí vemos una gran deuda pendiente: a seis años de la primera huelga todavía no logramos que se remunere de manera digna el trabajo comunitario y de acompañamiento, que es vital.
Se trata de unos feminismos que son capaces de hacerse cargo de realidades laborales heterogéneas, migrantes, precarizadas y que responden a las políticas que el neoliberalismo ha instalado en nuestros países.
Habláis también del derecho a un envejecimiento en paz, es decir, afrontar los efectos de la división sexual del trabajo a lo largo de todo el ciclo vital, y trasladar esa mirada a la demanda de pensiones justas.
Este fue un tema que apareció con mucha fuerza en el año 2018. ¿Cómo llegó el feminismo a tomar la cuestión de las pensiones? Fue muy interesante el proceso político. El gobierno de Mauricio Macri, un gobierno ultra neoliberal llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Una de las primeras demandas del FMI fue que el Estado anulara la posibilidad de moratorias previsionales, una ley que está vigente desde 2004 y que permite que las trabajadoras que durante años trabajaron en sus casas o tuvieron patrones que no les hicieron aportes [que no cotizaron en la seguridad social], puedan al final de sus vidas pagar esos aportes y jubilarse como las trabajadoras registradas. Se trata de un mecanismo reparatorio ante una desigualdad laboral que nos atraviesa, justamente porque hacemos trabajo en la casa y porque la mayoría de las trabajadoras trabajan haciendo tareas de cuidado, pero que después no terminan en que eso les de derecho a una jubilación. Entonces nosotras utilizamos la consigna: “Los aportes que nos faltan los tiene el patriarcado”, y “Ni una jubilada menos”, para poner en evidencia la necesidad de que el feminismo tome esa realidad y el derecho a la jubilación, como la contraparte necesaria de la idea de “trabajadoras somos todas”. Si trabajadoras somos todas, también nos tenemos que poder jubilar todas, y tenemos que encontrar formas reparatorias en la Seguridad Social que den cuenta de todas las desigualdades que atravesamos en nuestras vidas.
¿Cómo se ha abordado desde los feminismos esta violencia institucional y burocrática que implica que son las mujeres las que tienen que luchar por los subsidios, las que tienen que justificar la pobreza de sus unidades familiares? Ese es un tema muy importante para nosotras. Desde el primer paro nacional en 2016, las asambleas se hicieron en el Sindicato de las trabajadoras de la economía popular, que son quienes hacen trabajos comunitarios que el Estado reconoce de maneras muy precarias y, al mismo tiempo, son señaladas y estigmatizadas permanentemente como población subsidiada y no trabajadora.
Nosotras sabemos que el ajuste económico que requiere el endeudamiento necesita de un suplemento moral. Ese suplemento moral genera una jerarquía de merecimientos, donde todo el tiempo, lo que se intenta hacer es ilegitimar la vida de las mujeres pobres, porque se las culpabiliza como madres, porque se dice que usan los subsidios sociales para comprar otras cosas que no son el alimento de la familia, etc. Por supuesto esto sucede mientras no se pone la lupa sobre las riquezas ni se juzga a quienes son dueños del capital concentrado. Se estigmatiza a las trabajadoras de la economía popular, que son además las que sostienen la reproducción de la vida en condiciones de precariedad. Sobre ellas, paradójicamente, el neoliberalismo activa su vigilancia moral.
No hay planes de austeridad y de ajuste que puedan prescindir de una producción de poblaciones que deben ser castigadas, criminalizadas. Tratamos todo el tiempo articularnos en luchas que no solamente no estén a la defensiva frente a la avanzada ajustadora y moralizante, sino que estén a la ofensiva: se trata de decir nosotras somos las trabajadoras y a nosotras se nos debe. Somos las acreedoras. Es el movimiento que busca invertir lo que hace la deuda externa, ¿no? Nosotras no somos las que debemos, sino que a nosotros se nos debe porque hacemos un trabajo que sostiene la vida y que no está reconocido a la vez que es explotado.
Y en todo este mecanismo, qué lugar ocupa la figura de subjetividad deudora, ¿cómo opera?
Lo que venimos investigando junto a Verónica Gago es cómo estas políticas de austeridad del Fondo Monetario Internacional generaron un derrame de endeudamiento hacia los hogares: deuda externa que se transforma en deuda privada y que deben asumir las familias. Lo que nos encontramos es que esa deuda estaba siendo asumida principalmente por mujeres trabajadoras de la economía popular, es decir, las mujeres que perciben algún subsidio estatal. Y eso es una paradoja, son las mujeres que más trabajan y al mismo tiempo las que están más endeudadas. ¿Por qué? porque hay una relación entre el trabajo no remunerado y el trabajo mal pago y la necesidad de endeudarse para vivir. La deuda se transforma en un mandato que no se puede obviar.
Es así cómo se producen subjetividades deudoras. Por eso es muy importante la consigna “desendeudadas nos queremos”, porque la usamos para cuestionar el impacto de esa deuda externa con el Fondo Monetario Internacional en términos de recorte de presupuestos, en términos de reducción de inversión social del Estado, pero también porque esa deuda externa aparecen en los hogares como necesidad de endeudamiento que responsabiliza principalmente a las mujeres.
Entre esas deudas continuas, está la deuda por alquiler de vivienda. Cuéntanos de las alianzas con sindicatos de inquilinos e inquilinas
Desde las luchas feministas es necesario hacer una conexión con los conflictos que van apareciendo coyunturalmente porque son parte de las luchas por la reproducción social. Nosotras, en pandemia, tuvimos muchísimas consultas y demandas en relación a la vivienda. La vivienda pasó a ser casi la principal violencia económica en ese momento de emergencia. Quienes no tienen acceso a un alquiler, por ejemplo, no pueden salir de una situación de violencia. Además muchas jefas de hogar que están alquilando sus hogares empezaron a recibir presiones de los propietarios. Entonces empezamos a hablar de “violencia propietaria” para señalizar las amenazas y chantajes a las inquilinas por que no podían pagar en pandemia, muchas desempleadas, sin ingresos, y con lxs hijxs en la casa. Los hogares más perjudicados durante la pandemia fueron, de nuevo, los hogares monomarentales, los más amenazados con desalojos.
En este marco, empezamos a trabajar cada vez más con el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas, como una manera también de hacer una alianza estratégica para involucrarnos en esta conflictividad que hoy en día es la principal demanda de quienes están pasando por una situación de violencia. Necesitan un lugar para ir, necesitan poder tener autonomía económica para salir de esa situación. Pero también es el principal problema de quienes alquilan, incrementado ahora por la inflación y la especulación inmobiliaria. Así que otra de las cosas que hice acá, fue encontrarme con compañerxs de la PAH y del sindicato de Inquilinos e Inquilinas, para charlar, intercambiar un poco esta situación y cómo también la agenda feminista está en la lucha por la vivienda y al mismo tiempo la lucha por la vivienda está en la agenda feminista.
Hablabas de autonomía ahora, venís trabajando la cuestión del salario básico universal. En el Estado español hablamos de renta básica universal. El término salario se asocia más con un reconocimiento al trabajo no pago, mientras que cuando hablamos de renta, ponemos el foco en la redistribución, en el acceso a unos recursos mínimos como derecho, desligado del factor laboral. De hecho, determinados feminismos critican la posibilidad de remunerar el trabajo de cuidados —como defendían en su momento pensadoras como Silvia Federici—, y ven tanto en la idea de salario como en la de renta el riesgo de esencializar el rol de las mujeres como cuidadoras. ¿Venís reflexionando sobre esto?
Creo que eso tiene que ver con una historia de luchas. Si bien el debate fue global, en los países apareció de maneras diferentes, nosotras no podemos separar la lucha por el salario universal de lo que viene siendo la Argentina, la lucha de los movimientos sociales por el reconocimiento de las tareas que se hacen. Es además donde están la mayoría de las compañeras que hacen trabajo comunitario. Por ende, en Argentina la demanda aparece como salario porque el salario es la palabra mágica que reconoce que se hace un trabajo anterior, que se remunera un trabajo ya hecho. Creo que habría que pensar, obviamente, que hay puntos de contacto con esta idea de renta, pero a nosotras nos parece que es más adecuado llamarlo salario. Y por supuesto que en la discusión feminista está toda la discusión de cómo hacer para que ese salario eventualmente no reifique la condición de mujer trabajadora en las tareas reproductivas. Pero me parece que ahí la clave es luchar al mismo tiempo: que se lucha por salario, por mejores servicios públicos de cuidado, por licencias marentales y parentales, por desacoplar los mandatos de género respecto del cuidado.
Hacéis mucho énfasis, en el discurso y en vuestras prácticas, en la necesidad de unir investigación y movimiento
Lo que nosotras escribimos lo hacemos dentro de un proceso político, que es el proceso político de la lucha feminista en Argentina y, diría más, en América Latina. Muchos de los conceptos que están en el libro tienen que ver con conceptos que están en conversación con los procesos políticos que, por supuesto, no niegan las trayectorias universitarias que tenemos pero que también, en el marco de una universidad pública que está abierta a los movimientos, tiene una porosidad con respecto a lo que pasa en las calles.
Por lo tanto, no hay una separación tan tajante entre universidad y movimientos, pero sí que es importante resaltar que es un libro que se hace al interior de un proceso político y que por eso también tuvo la capacidad de sistematizar palabras que estaban saliendo de las asambleas y que tienen que ver con esta idea de que la economía feminista habla de un lenguaje desde la vida cotidiana y que discute primero con la idea de que la economía sólo puede ser un discurso de expertos, generalmente neoliberales, que proponen una economía orientada simplemente a bajar el déficit fiscal. Nuestro objetivo es contribuir a re politizar la reproducción social: qué comemos, cuánto debemos, a quién le debemos, por qué debemos y cómo eso también genera una economía de la obediencia en la vida cotidiana. Por eso la necesidad siempre de pensar en relación a la producción de violencias invisibilizadas. Es muy importante que la producción de categorías, la producción de teoría, no se despegue del proceso político, que aporte a sus dinámicas organizativas, que no se genere una situación donde haya unas que piensan y otras que militan.
Y en este marco del despojo, ¿la deuda es una forma de despojo del futuro?
Sí, nosotras trabajamos con esa discusión al interior del feminismo. Estamos hablando de endeudamiento en condiciones de precariedad, a tasas de interés altísimas, que también es algo que se da mucho en Latinoamérica. Primero, lo que implica la deuda es prometer trabajo futuro. Le estás prometiendo a tu acreedor que vas a estar realizando una serie de acciones y que por ende no vas a estar realizando otras. Para nosotros la deuda tiene que analizarse en relación a cómo incide en la capacidad de planificar la vida cotidiana de las mujeres, pero también de pensar una fuga de un hogar violento, cómo la deuda limita la indeterminación propia del tiempo que vendrá. Hoy cada vez se trabaja más y se gana menos. Eso atenta directamente contra la posibilidad de usar el tiempo para tu bienestar y para la acción política. Hay una disputa muy importante por el tiempo, y en ese sentido la deuda actúa sobre esa disputa.