Las feministas andaluzas frente a los ultras

Pastora Filigrana 14 de Enero de 2019 CTXT

Una mujer sujeta una pancarta durante el día de la huelga feminista. 8 de marzo de 2018, Madrid. Manolo Finish

El martes 15 de enero, coincidiendo con el debate de investidura del Gobierno andaluz, el movimiento feminista de Andalucía convoca una movilización frente al Parlamento. Será a las 12 de la mañana y simultáneamente en todas las provincias el mismo día a las 7 de la tarde. Se prevé masiva y con numerosos apoyos del movimiento feminista y LGTBi a nivel estatal e internacional que llaman a secundar concentraciones en solidaridad con las andaluzas.

Las negociaciones para formar gobierno después de la últimas elecciones se han llevado entre tres partidos del arco de la derecha, PP, C’s y Vox. Este último presentó el 8 de enero un documento donde se recogían propuestas insólitas a modo de condición para apoyar la investidura del candidato del PP. Entre otras, aquellas que rezaban “derogación de la Ley 12/2007 para lo promoción de la igualdad de género en Andalucía y la derogación de la ley 13/2007 para la prevención y protección integral de la violencia de género”.

Aunque finalmente estas medidas no han entrado en el pacto de gobierno, el hecho de que derechos consolidados para la igualdad de las mujeres sean parte del debate se considera un ataque frontal al feminismo y sus conquistas y ha motivado un amplio rechazo que llama a la contestación social.

Pero esta movilización va más allá de defender la Ley de Igualdad Andaluza y la Ley contra la Violencia de Género. Esta movilización es la respuesta desde el feminismo a la guerra que la derecha reaccionaria ha declarado a la igualdad material de las mujeres. Pues no solo estas medidas de Vox juegan en detrimento de los derechos de las mujeres, sino que otras, como no priorizar la protección de la educación pública, tienen los mismo efectos. El gasto medio de los hogares en educación durante la crisis aumentó considerablemente en Andalucía (de 175,19 a 223,6 euros). Este “copago-repago educativo” perjudicó a los hogares de rentas más bajas, muchos encabezados por mujeres. La reducción de becas, personal y financiación de servicios auxiliares como aulas matinales se traduce en que las mujeres suplen, a modo de trabajo no pagado, los servicios que dejan de ofrecerse o de subvencionarse desde las administraciones públicas1.

Las políticas encaminadas al desmantelamiento de lo público que pretende la derecha perjudican de formas especial a la realidad material de las mujeres. Así pues, las feministas andaluzas salimos a defender lo conquistado y más allá.

Pero para que la defensa de los derechos de las mujeres tenga éxito, hay que entender qué está pasando. Estas medidas las propone un partido político que representa a 400.000 votantes en los que ha calado el discurso de los “chiringuitos feministas”. El discurso del “chiringuito”, no solo afecta a las feministas, también se le aplica a ecologistas, sindicatos, movimiento antirracista...etc. Para desmontarlo es necesario entender y ver a qué malestares de la ciudadanía están apelando y por qué consiguen que mucha gente quiera desmantelar “chiringuitos”.

En Andalucía esa propuesta funciona y consigue apoyos. Esto hay que entenderlo a partir del agotamiento de la ciudadanía con 40 años de política clientelar del régimen del PSOE y una falta de transparencia en la gestión de las subvenciones públicas. El tercer sector subvencionado andaluz cuenta con comprometidos profesionales pero también con una clase política intermedia que ha vivido subvencionada. Este malestar de la ciudadanía hay que valorarlo y afrontarlo desde el feminismo y desde la izquierda para que la ultraderecha de Vox no sea quien lo canalice como justificación de sus propuestas de recorte a la democracia y a lo público.

Contra el “chiringuito” no vale el exterminio de lo público haciendo recaer el peso en los sectores más vulnerables; frente al “chiringuito” necesitamos control social y transparencia. Reivindicar el derecho de la ciudadanía a intervenir, individual y colectivamente, en los asuntos de interés público, en la toma de decisiones, en la planificación, ejecución y evaluación de planes y programas,

En definitiva el derecho a vigilar y controlar el buen manejo de los recursos públicos.

La ultraderecha agita malestares y los gana para sus objetivos. Las feministas y la izquierda tenemos que dar respuestas a estos descontentos y sufrimiento, señalar sus verdaderas causas y proponer soluciones que, a diferencia de las de los ultras, se encaminen hacia la vida digna de todos y todas.

1. Informe. "El impacto de la crisis y las políticas de austeridad en las mujeres y la igualdad de género en Andalucía. El escenario post-crisis". Observatorio GEP&DO. UPO. Sevilla.

Pastora Filigrana

Es abogada y activista por los derechos humanos.