Entrevista a Itziar Alkorta Idiakez, profesora de Derecho Civil experta en biotecnología: “Producir bebés en cadena y de forma transfronteriza no es sostenible”

June Fernández 20-01-2021 Pikara

Itziar Alkorta. / Foto cedida por la propia entrevistada

Itziar Alkorta Idiakez, profesora de Derecho Civil experta en biotecnología, sostiene que la gestación subrogada es contraria a los derechos humanos. Pero defiende una regulación restrictiva mientras lograr una prohibición internacional sea inviable.

El debate social sobre la gestación subrogada estalló en el Estado español en 2017, cuando el partido político Ciudadanos presentó una proposición de ley neoliberal que perseguía legalizarla. Ese mismo año, EH Bildu aportó en el Parlamento vasco una propuesta muy distinta, enmarcada en una gestión pública y sin transacciones económicas. Dentro del feminismo, distintas plataformas abolicionistas han denunciado que los vientres de alquiler son una forma de explotación reproductiva de las mujeres. En el movimiento feminista de Euskal Herria, varias activistas han aportado también un análisis crítico, situando este negocio globalizado en el conflicto entre capital y vida.

Itziar Alkorta Idiakez (Donostia, 1967) es la experta de cabecera en este tema para las feministas vascas. Profesora de Derecho Civil en la Universidad del País Vasco, en 2001 defendió su tesis doctoral sobre el tratamiento jurídico de la reproducción asistida, que dos años después publicó en un libro considerado de referencia en la materia. En esa etapa, completó su formación posdoctoral en dos centros de bioética de Estados Unidos, donde tuvo la oportunidad de conocer el fenómeno de la venta de óvulos y la gestación subrogada comercial. Desde entonces, ha redactado recomendaciones al Parlamento Europeo sobre la regulación de las biotecnologías. Además de su trabajo como formadora y asesora, realiza una importante labor de divulgación, incluidas numerosas charlas sobre gestación subrogada y la coordinación de congresos académicos sobre el tema.

El 18 de noviembre, día en que Pikara Magazine cumplió 10 años, la entrevisté con público en una actividad organizada por la Casa de las Mujeres de Azpeitia (Gipuzkoa). Le confesé que la maternidad me ha llevado a cambiar mi punto de vista y me contestó: «Este tema es muy experiencial y creo que todos los argumentos son válidos, tanto los racionales como los que nos salen de las tripas».

¿Prefieres hablar de “gestación subrogada” o de “vientres de alquiler”?

No me gustan ninguno de los dos nombres. “Gestación subrogada” proviene de un anglicismo que tiene su origen en el caso Baby M. En 1986, un médico de Nueva Jersey cuya mujer no se podía quedar embarazada se valió de una figura llamada surrogacy que prevé la ley civil de aquel estado para firmar un contrato con Mary Beth Whitehead, una mujer dispuesta a ser inseminada artificialmente con su semen y a entregarles el bebé. Es un término importado y es absurdo en nuestro contexto, tanto etimológicamente como en cuanto a su significado. Da a entender que es un mero acuerdo de sustitución. Por otro lado, «vientres de alquiler» no me parecen palabras respetuosas hacia esas mujeres gestantes. ¡Deberíamos inventar otra denominación entre todas!

¿Quién crees que debe ser madre ante la ley?

La fragmentación de la reproducción conlleva enormes quebraderos de cabeza jurídicos. Cuando las y los investigadores se dieron cuenta de que las mujeres somos capaces de aceptar los óvulos de cualquier mujer (mientras que para aceptar órganos es necesaria la compatibilidad genética), se llevaron una sorpresa tremenda. Yo creo que fue un hito para nuestra civilización. El capital vio una oportunidad: cuando la industria de la reproducción asistida, además de trasplantar óvulos in vivo, logró congelarlos y exportarlos, descubrió el negocio de producir bebés en cadena. Pongamos que el óvulo lo pone una donante anónima de Ucrania a cambio de dinero, que ese óvulo fecundado se transfiere a una mujer india y que, cuando nazca el bebé, lo recibirá una mujer de Donostia porque ha pagado el procedimiento. Desde un punto de vista jurídico, ¿quién es la madre? ¿La que ha aportado la carga genética? ¿Quien ha tenido relación fisiológica con el bebé durante el embarazo? ¿O la madre social, como ocurre con las adopciones? Si queremos dar una respuesta adecuada, además de pensar en las familias de intención, tenemos que pensar en las criaturas, en las mujeres y en la sociedad que queremos construir.

En los Estados Unidos, ¿quién es la madre por ley?

La que paga, lo tienen muy claro.

¿Y en España, la que da a luz?

En España la gestación subrogada no está regulada. En 1988 se aprobó la ley que regula las técnicas de reproducción humana y establece que este tipo de contratos no son válidos. Por lo tanto, tenemos que recurrir al Código Civil: la madre es la que da a luz, no la madre genética ni la que ha pagado. Pero el padre genético puede reclamar la paternidad y eso es lo que hacen la mayoría de las parejas: el padre pide la prueba de ADN en el país donde ha nacido el bebé, lo registra y, posteriormente, su pareja realizará los trámites de adopción. En 2019 el Ministerio de Justicia prohibió mediante una instrucción registrar a los bebés traídos del extranjero si no hay garantías judiciales de que la mujer que ha dado a luz ha prestado su consentimiento informado. Además, el Ministerio Fiscal ucraniano ha intervenido en un hospital por considerar que lo que ahí se practica es trata.

Consideras que la gestación subrogada es una práctica contraria a los derechos humanos, pero abogas por regularla.

He tenido la oportunidad de conocer de cerca dos modelos. Por un lado, en California el fenómeno está totalmente aceptado y banalizado. ¡Existe desde hace 35 años y está muy bien pagado! Muchas chicas jóvenes lo utilizan para pagar sus estudios, cobran unos 100.000 dólares. No son mujeres pobres, una mujer migrada sin papeles no puede ser gestante, porque la ley exige unos ingresos económicas mínimos para garantizar que gesten con buenas garantías. Por otro lado, he conocido la situación de las mujeres indias, tanto en India como el caso de las que migran a Australia. Estas sí son mujeres pobres y además de conseguir ingresos, les parece una estrategia para vivir en condiciones dignas durante nueve meses: comen tres veces al día, están con sus hijas e hijos, lejos de maridos maltratadores…

Esos lugares son lo que las voces críticas llaman granjas de mujeres, ¿verdad?

Sí, pero son hospitales. Allí las mujeres están bien monitorizadas, de hecho, nadie está dispuesto a pagar a una mujer por un embarazo que no ofrezca garantías sanitarias. Yo soy partidaria de lograr una prohibición internacional porque veo explotación en esa práctica. Pero es un propósito ilusorio, porque está muy arraigada en Estados Unidos; en la asamblea general de Naciones Unidas ni siquiera han aceptado incluir el tema en el orden del día. Mientras tanto, una forma de reducir la demanda sería regularla en nuestro país, sin vulnerar los derechos de nadie. Esta es mi propuesta: quien da a luz es la madre, como ahora, no una intermediaria o surrogate, y en el Registro Civil aparecerá ella en un primer momento. Después, dará el bebé voluntariamente, con autorización de un juez o jueza. Segunda condición: la niña o el niño podrá conocer datos sobre su origen en el Registro Civil. Por último, el derecho europeo establece que las prestaciones humanas no pueden ser retribuidas, no pueden convertirse en actividades comerciales. Al igual que yo no puedo comprar un riñón, no puedo valerme del cuerpo de una mujer para tener una criatura. En definitiva, si decidimos que la gestación subrogada es una práctica aceptable, vamos a regularla para llevarla a cabo bajo principios sostenibles y de soberanía reproductiva.

El problema es la globalización: muchas familias prefieren irse a un país en el que sea legal la modalidad comercial antes que aceptar las condiciones del modelo altruista restrictivo que propones.

Así es. En Australia legalizaron la gestación subrogada pero luego decidieron que solo podía ser altruista sin compensación económica. Como comentas, ocurrió que la gente prefería irse a la India o a Tailandia porque no querían que su criatura supiera nada sobre la mujer que la había parido. Pero hay otra cosa que ha ocurrido en Australia y que resulta aún más frustrante para mi tesis: aunque han tenido la valentía de tipificar la gestación subrogada como delito extraterritorial en el código penal, no se está aplicando y en el registro civil se sigue inscribiendo a los bebés. ¿Por qué? Porque meter a las familias en la cárcel vulneraría la doctrina del interés superior del menor.

En Francia, sin embargo, son consecuentes con la prohibición total de la gestación subrogada. ¿Qué ocurre allí con el interés superior de los niños y las niñas?

En Francia han sido mucho más severos, sí. Una pareja heterosexual trajo al bebé de California y el juez o la jueza ordenó darlo en adopción, pese a que había nacido con el semen del padre, señalando que la familia sabía que estaba firmando un contrato ilegal y que conocía las consecuencias. Llegaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando la criatura tenía 14 años y llevaba todo ese tiempo sin acceder a la nacionalidad francesa. Estrasburgo dictaminó que no tenía la culpa, que esos eran sus padres y que tenía derecho a tener la nacionalidad de forma retroactiva. Se ha desarrollado un mecanismo perverso: las familias de intención saben que lo que hacen es contrario a la ley, pero el negocio está bien estructurado y ahí están las agencias que cobran por solucionar los problemas que aparecerán en el camino. Los estados podrían desmantelar fácilmente la actividad de estas agencias, ¡pero no lo hacen!

La opinión pública empatiza fácilmente esas familias, ¿qué harías con ellas?

Mientras no consigamos una prohibición internacional, soy partidaria de legalizar acuerdos que contribuyan a minimizar los daños para todas las partes. En el Reino Unido, por ejemplo, si no tienes la posibilidad de tener descendencia biológica y si una pariente o amiga está dispuesta a gestar para ti sin dinero de por medio, existe la posibilidad de ir ante el juez o la jueza, explicarle la situación y que decida si ese acuerdo es legítimo, si hay un verdadero consentimiento informado.

En ese caso, ¿estás de acuerdo con respetar la máxima “mi cuerpo, mi decisión”?

Sí. Creo que una mujer es libre de ayudar de esta manera a su hermana sino no hay incentivo económico ni presiones. En ese caso, creo que hay que respetar su autonomía.

¿Y si la motivación no es ayudar a familiares o amistades sino a personas desconocidas porque la gestante lo considera una forma de militancia?

También en este caso el juez o la jueza indagaría mediante informes periciales si esta mujer ha prestado su consentimiento informado. ¿Por qué no?

Además de las agencias, otro actor intermediario es la industria de la reproducción asistida, que ejerce de lobby…

España es una potencia mundial en este sector gracias a una legislación permisiva sobre el comercio de óvulos, que se usan tanto para procesos reproductivos como para investigación con células madres. Se le llama donación pero se ofrece una compensación económica, tiene que ser anónima, los óvulos los pueden recibir mujeres de 50 años, se pueden exportar… ¡La mitad de los óvulos que se implantan en mujeres en Europa han sido producidos en España! Esto ha creado un cierto microclima favorable. Están ganando la batalla de la opinión pública, porque han presentado estas técnicas como la solución al retraso de la maternidad y a la baja natalidad. Tenemos que pensar si a las mujeres nos interesa este modelo de ser madres y qué precio vamos a pagar y vamos a hacer pagar a otras mujeres.

A las mujeres nos educan en la abnegación. En el negocio de los óvulos hemos visto que apelar al altruismo resulta rentable a la industria.

Sí, la proposición de ley de Ciudadanos propone una modalidad altruista con compensación. ¡No repitamos los errores cometidos con la donación de óvulos! El argumento del altruismo es muy superficial, solo sirve para dar una bonita cobertura al sistema. Las mujeres dan sus óvulos con el principal propósito de ingresar 1.000 euros, por eso recurren a clínicas privadas y no a hospitales públicos. El eufemismo sirve para desarmar las conciencias y aumenta el beneficio de la industria. ¡En Estados Unidos se subastan óvulos! Una estudiante caucásica de Harvard puede pedir fácilmente 120.000 dólares por sus óvulos. ¡Allá por lo menos no son hipócritas!

Se suele olvidar que para la gestación subrogada también son necesarias esas mujeres que donan óvulos. Prestar ese servicio implica exponerse a hormonación, monitorización, laparoscopia, sedación… No podemos basar este negocio en una producción similar a la ganadería intensiva. Es un procedimiento muy duro y no creo que las mujeres estén bien informadas. Además, las clínicas banalizan su aportación; les dicen que van a donar tejido en vez de poner en valor que están aportando material con su carga genética. Si la mujer que donó óvulos a los 18 años no consigue quedarse embarazada posteriormente y acude a la clínica para preguntar si nació algún bebé con sus óvulos, no le responderán, porque la ley exige anonimato.

Eres partidaria de garantizar la revelación de los orígenes. Es un derecho que se ha regulado en la mayoría de los países europeos pero en España el lobby de reproducción humana ha pedido al Gobierno que no lo apruebe.

Así es. El anonimato niega el derecho a conocer la propia biografía y es contrario a una norma europea que obliga a gestionar los datos personales con total transparencia. La ley de 1988 preveía registros de donantes, pero a las clínicas no les interesaba porque el anonimato ayuda a encontrar gente dispuesta a dar óvulos o esperma. El registro se ha creado 20 años tarde y se ha dejado en manos privadas, esto es impensable en la donación de otros materiales biológicos.

¿Cómo se puede controlar entonces el negocio de la venta de óvulos en España?

Yo creo que, como en otros países europeos, la gestión de la donación de óvulos y esperma debe ser pública, las donaciones deben ser nominativas y sin compensación económica. La única forma de donar óvulos en el Reino Unido es aprovechar los que sobran de un ciclo in vitro. Para fomentar esta opción, recurren a estrategias que me parecen legítimas, como ofrecer descuentos a las mujeres en los tratamientos o adelantarlas en las listas de espera. En hospitales españoles también se ha probado un incentivo: si una mujer que solicita ovodonación va acompañada de otra mujer dispuesta a donar óvulos a desconocidas, a la primera se le adelanta en la lista de espera.

Un estado de Canadá ha aceptado que los bebés puedan inscribirse en el registro civil con más de dos progenitores. ¿Te parece una vía interesante para reconocer y promover modelos alternativos de reproducción?

Sí, yo creo que ese es el camino. Las personas que quieren participar, ya sea con una contribución biológica o social, firman un acuerdo sobre la guardia y custodia de la criatura, que conocerá su biografía. En cambio, el planteamiento de la gestación subrogada refuerza la estructura tradicional de pareja, incluso en el caso de las parejas homosexuales. No obstante, deberíamos preguntarnos si tener hijos es un derecho. He escuchado a una activista por la legalización de la gestación subrogada decir: «Soy mujer y tengo derecho a llevar a cabo mi proyecto reproductivo. El Estado tiene que garantizármelo». Yo creo que ese derecho, que nombra Ciudadanos en su programa, no existe. Los acuerdos internacionales sobre adopción indican claramente que la infancia tiene derecho a tener una familia pero que las madres y los padres no tienen derecho a tener criaturas. Creo que tenemos que mantenernos firmes en ese principio.

Las campañas feministas contra los vientres de alquiler reivindican que el Estado promueva y agilice las adopciones. Pero la adopción es una realidad en la que también se han denunciado dinámicas racistas, clasistas e incluso trata, en el caso de la internacional.

En la actualidad, traemos más niños y niñas a nuestro país a través de la la gestación subrogada que a través de las adopciones internacionales, porque muchos países han cortado el grifo debido a problemas éticos. Son vasos comunicantes: las familias que antes habrían adoptado han visto en la gestación subrogada un nuevo camino. Las tasas de adopción en Francia son muy buenas pero lo que ocurre con las adopciones nacionales es bastante turbio y lamentable: una mujer embarazada puede poner en marcha el proceso de entrega del bebé en adopción, de forma anónima, y son las mujeres inmigrantes empobrecidas las que más recurren a esa opción. Me parece hipócrita que se prohíba la gestación subrogada al tiempo que se acepta un modelo de adopción que está consistiendo básicamente en la quita de bebés a mujeres migradas.

El Gobierno indio ha conseguido cortar de raíz el fenómeno de la gestación subrogada internacional. ¿Puedes explicarlo?

Ha demostrado una gran inteligencia política. Durante la crisis económica, en algunos estados muy industrializados de la India, se pusieron en marcha hospitales llamados «laboratorios de innovación”; en algunos se realizaban ensayos clínicos y en otros se monitorizaba a gestantes subrogadas. Es decir, crearon una industria cuya materia prima era la carne humana. La gente empobrecida iba a esos hospitales porque ofrecían buenas condiciones, pero eran transacciones que aquí nos resultan inaceptables. El parlamento indio tomó una decisión hábil: que en las aduanas se prohibiera la introducción de embriones alegando razones sanitarias. Así cortaron el suministro, pues las familias de intención extranjeras no estaban dispuestas a hacer todo el proceso en la India. Posteriormente, han aprobado una ley que solo permite la gestación subrogada si es altruista y entre personas indias. En la exposición de motivos señalan que los embarazos subrogados son una nueva rama del biocolonialismo. Creo que ese término es realmente revelador.

¿La pandemia ha frenado el llamado turismo reproductivo?

Las exportaciones de óvulos no han cesado. En el caso de la gestación subrogada ha habido problemas para ir a buscar al bebé al extranjero o para programar cesáreas, debido a las restricciones y la incertidumbre a la hora de viajar entre países.

¿Puede ser un buen momento para cambiar algo?

¡Sí! La Covid-19 ha hecho mucho daño, pero deberíamos aprovechar este contexto para poner ciertas cosas en su sitio. Yo creo que producir bebés en cadena y de forma transfronteriza no es sostenible.