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Comunicado. 2-VII-02

La Coordinadora Anti-Vertedero de Valladolid exige la retirada del Proyecto de Ley de Infraestructuras de Residuos

El pronunciamiento de los técnicos y profesionales vallisoletanos sobre el vertedero de Santovenia ratifica la inseguridad de las instalaciones de CETRANSA

Martes 2 de julio de 2002 - 1143 lecturas


La Coordinadora Anti-Vertedero de Valladolid, integrada por la Asociación Regional de
Consumidores y Usuarios, la Asociación de Vecinos de Santovenia de Pisuerga, Ecologistas en
Acción, la Federación de Asociaciones de Vecinos e Izquierda Unida, considera que el
pronunciamiento de 25 profesores universitarios y profesionales vallisoletanos de la química, la
geología, la ingeniería, la geografía, el urbanismo y la ordenación del territorio sobre el
inaceptable emplazamiento del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de CETRANSA en
Santovenia de Pisuerga debe hacer reflexionar a las autoridades regionales que se obstinan por
reabrir irregularmente esta instalación ilegal, a través de una ley a la carta.

Las consideraciones de los 3 catedráticos, 14 profesores universitarios y 11 profesionales
vallisoletanos sobre los serios problemas técnicos y urbanísticos del emplazamiento donde se
ubica el vertedero en la actualidad, y sobre la deficiente gestión del mismo realizada por
CETRANSA ratifica una vez más las denuncias efectuadas por la Coordinadora sobre el riesgo
que conlleva esta instalación para los vallisoletanos, y desautoriza el discurso oficial sobre la
supuesta seguridad de la misma, único argumento que ha sido capaz de esgrimir en los últimos
meses para defender su inexplicable postura la Consejera de Medio Ambiente y su equipo de
calidad ambiental.

Por ello, la Coordinadora Anti-Vertedero reclama públicamente al Presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que intervenga para rectificar de una vez por todas el
disparate promovido por la Consejería de Medio Ambiente con el Proyecto de Ley de
Infraestructuras de Residuos, que entre otros despropósitos pretende legalizar ejecutivamente un
vertedero que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Supremo, ha sido cerrado por la
autoridad municipal competente y ha sido objeto de una descalificación técnica tan contundente
como la expresada por los expertos vallisoletanos en la materia.

La única opción respetuosa con la salud pública y el medio ambiente, y con la Ley es, pues, la
retirada inmediata de este proyecto de Ley y la apertura del debate técnico pedido por los
profesionales vallisoletanos sobre las alternativas a una instalación que nunca debiera haberse
construido. Por el contrario, la aprobación por las Cortes de esta Ley sería expresión, además
de la arbitariedad y el talante antidemocrático de nuestros gobernantes regionales, de su escaso
respeto por la seguridad de los vallisoletanos y de su desprecio por la Constitución y el Estado
de Derecho que tanto se ufanan en proclamar en otras ocasiones.


Más información: Javier Gutiérrez, 983.423352 y 983.373793