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Comunicado. 26-VII-05

CETRANSA proyecta triplicar la capacidad de tratamiento de la planta de Santovenia de Pisuerga

Pide autorización ambiental para una nueva línea de tratamiento de residuos tóxicos con una capacidad de 100.000 toneladas al año para eludir la nueva normativa de admisión en vertedero

Martes 26 de julio de 2005

La Coordinadora Anti-Vertedero de Valladolid, integrada por Ecologistas en Acción, FACUA Castilla y León-Consumidores en Acción, La Federación de Asociaciones de Vecinos y Consumidores de Valladolid e Izquierda Unida ha presentado alegaciones a la solicitud de autorización ambiental presentada ante la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León por la empresa CETRANSA para la planta y el vertedero de residuos tóxicos y peligrosos que esta empresa gestiona desde 1993 en la localidad de Santovenia de Pisuerga (Valladolid).

Esta solicitud, cuya exposición pública finalizó el pasado 15 de julio, responde a la normativa estatal de prevención de la contaminación, que obliga a CETRANSA a contar con una autorización ambiental específica para sus instalaciones de Santovenia antes del 30 de octubre de 2007. Según ha podido comprobar esta Coordinadora en la documentación presentada ante la Junta de Castilla y León, CETRANSA ha aprovechado la ocasión para presentar una propuesta de construcción de una nueva línea de estabilización de residuos tóxicos con una capacidad de tratamiento de 100.000 toneladas al año.

Esta capacidad de tratamiento es muy superior a la actualmente existente, estimada por la empresa en 60.000 toneladas anuales, así como a la producción de residuos peligrosos destinados a eliminación por toda la industria de Castilla y León. Se da la circunstancia de que en el año 2003 al menos la cuarta parte de los residuos admitidos por CETRANSA procedían de fuera de Castilla y León, a pesar del reiterado compromiso de los distintos Consejeros de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León sobre el uso exclusivo del vertedero de Santovenia para la industria regional.

Para la Coordinadora Anti-Vertederto, este nuevo proyecto de CETRANSA se debe en parte a la entrada en vigor el pasado 16 de julio de una normativa europea que limita por motivos de seguridad la entrada de residuos orgánicos en los vertederos de residuos peligrosos, estableciendo un máximo del 10% en peso. Según los datos facilitados por CETRANSA a la Junta de Castilla y León, en 2003 la tercera parte de los residuos vertidos en Santovenia (unas 12.000 toneladas en ese año) superaba esta limitación legal, ahora de obligado cumplimiento. Con su nueva instalación de «estabilización» de residuos, CETRANSA pretende eludir este control, «cementando» los residuos problemáticos.

No obstante, la sobrecapacidad de tratamiento indica también la pretensión de la empresa de convertir a sus instalaciones de Santovenia en el mayor complejo de gestión y vertido de residuos peligrosos de España, permitiéndole «captar» buena parte de la basura tóxica procedente de nuestras comunidades vecinas (País Vasco, Navarra, Cantabria, La Rioja, Madrid).

Otras modificaciones proyectadas por CETRANSA son el aumento en un 50% de la capacidad de almacenamiento de residuos en la planta, o el vertido de aguas subterráneas y de lluvia desde el vertedero de residuos tóxicos al arroyo El Junquero, afluente del Pisuerga, 3 kilómetros aguas arriba de su desembocadura en el municipio de Valladolid, junto a la antigua NICAS.

La Coordinadora Anti-Vertedero advierte en sus alegaciones que la ampliación de la planta de CETRANSA está expresamente prohibida por el Plan General de Ordenación Urbana de Santovenia de Pisuerga. Asimismo, pide que se considere el riesgo para la población de esta localidad de un accidente grave en esta planta, que el pasado mes de octubre sufrió una fuga de ácido sulfhídrico, gas tóxico que estuvo a punto de acabar con la vida a 2 empleados de la empresa.

Finalmente, la coordinadora recuerda que la planta y el vertedero de residuos tóxicos de Santovenia de Pisuerga fueron declarados ilegales por el Tribunal Supremo en 2001, por lo que debieron cesar su actividad hasta que en julio de 2002 una Ley autonómica que examina el Tribunal Constitucional forzara su reapertura.