«Un reto permanente»

La movilidad total se presenta como uno de los rasgos más característicos de la modernidad. Cada vez más, sobre todo en los países ricos, la vida es movimiento. Nuestras prácticas confirman esos pensamientos. Las vacaciones estivales se miden por el número de desplazamientos que se producen en los diversos medios de transporte. En las fiestas, que estos días celebra nuestra ciudad, cuentan menos las sensaciones de las gentes que el número de visitantes en los diversos acontecimientos. En este contexto nunca está de más acordarse de quienes tienen eso que se ha dado en llamar movilidad reducida. Más todavía cuando, aunque sea desde un pensamiento interesado, en esa situación podemos estar todos en un momento u otro de nuestra vida.

Creo que no nos encontramos ante un problema de falta de legislación. Las tres últimas décadas han conocido la eclosión de todo tipo de normas en las diversas administraciones públicas. La Constitución española recoge como objetivo la mejora de la calidad de vida de la población, especialmente la de aquellas personas con algún tipo de discapacidad o de limitación, como una manifestación particular del principio de igualdad.

Como hablamos de principios, conviene recordar que el mandato a los poderes públicos no se limita a medidas particulares y aisladas, sino que se trata de asegurar el disfrute de los derechos individuales y colectivos precisos para garantizar el desenvolvimiento autónomo de todas las personas en cualquier sitio donde se desarrolle la actividad humana. Todavía más. La accesibilidad para todos debe primar en cuantos conflictos de intereses se presenten, ya que constituye un valor sustancial de las democracias que pretenden ser avanzadas. Por esa razón, algunos echamos de menos una mayor implicación de la Junta en el problema de la instalación de un ascensor, que ocupe suelo privado en un edificio del barrio de Las Delicias.

Tampoco es parca la legislación de las administraciones más cercanas a los ciudadanos. Más bien parece, que existe una competencia entre todas las administraciones por aprobar legislación más precisa y detallada. En Castilla y León y en Valladolid no nos faltan instrumentos legales. Desde julio de 1998 está en vigor la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras de ámbito autonómico y en el 2001 se aprobó el correspondiente reglamento. El Ayuntamiento de Valladolid cuenta, desde 1995, con la vigente Ordenanza para la Supresión de Barreras Arquitectónicas. Todas estas normas y una mayor sensibilidad ciudadana han permitido avances sustanciales en la mejora de la movilidad de las personas con problemas.

Las mejoras más evidentes son las que se han producido en las calles de la ciudad sobre todo en la mejora de los itinerarios peatonales. El principal inconveniente en esta materia viene por el lado de la proliferación de todo tipo de artefactos en las aceras y espacios peatonales.

Espacios verdes

También los edificios públicos de la región han mejorado su accesibilidad aunque, en ocasiones, sea buscando fórmulas complicadas y recónditas. Quedan lejos aquellos edificios, como la Escuela Superior de Ingenieros Industriales, que parecían expulsar, con su entrada, a las personas con discapacidad. Las dificultades se mantienen, todavía, en algunos espacios públicos, principalmente en parques y en espacios periurbanos.

Donde los problemas son más acuciantes es en el campo de los establecimientos privados. No podemos olvidar que la ley también afecta a este tipo de instalaciones. El artículo 2º de la autonómica señala con claridad que: «La presente Ley será de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, en todas aquellas actuaciones que se realicen en ella de carácter público o privado referentes a construcción de nueva planta, redistribución de espacios o cambio de uso de edificios, establecimientos o instalaciones que se destinen a fines que impliquen concurrencia de público, entre los que se encuentran los siguientes: establecimientos y servicios comerciales y bancarios, establecimientos turísticos y hoteleros, centros laborales, gasolineras, teatros, salas de cine y espectáculos, instalaciones deportivas, estaciones y terminales de transportes colectivos de pasajeros y los garajes y aparcamientos, etcétera».

Aquí hace falta un mayor protagonismo de las asociaciones gremiales, más tiempo, más medios económicos, y más sensibilidad de todos pero, sobre todo, de los propietarios y de quienes tienen que vigilar el cumplimiento de los preceptos legales.

El problema más frecuente en las nuevas obras es que se cumplen los ’grandes preceptos’ legislativos pero se olvidan los detalles. Un banzo a destiempo, un servicio no apto para sillas de ruedas, una puerta estrecha constituyen, todavía, elementos comunes en muchos lugares. Olvidamos con frecuencia que tres ó cuatro centímetros, casi nada para la mayor parte de las personas, son un mundo para otras.