Toda la población castellana y leonesa ha respirado aire contaminado por ozono, en un nuevo verano tórrido

• El informe anual sobre la contaminación por ozono de Ecologistas en Acción constata que los frecuentes episodios de calor de la primavera y el verano de 2023 han elevado los niveles de ozono, afectando a la totalidad de Castilla y León

• Tres sentencias evidencian que los Gobiernos de Castilla y León y de España siguen careciendo de planes eficaces sobre el transporte, la industria y la ganadería intensiva que reduzcan los elevados niveles del contaminante más ligado al cambio climático.

El informe estatal sobre ozono elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2023 en casi 500 estaciones de medición repartidas por todo el territorio español, entre ellas 30 situadas en Castilla y León.

En lo que respecta a Castilla y León, entre sus principales conclusiones, destacan:

– El ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa, sino que se forma en la superficie terrestre en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el transporte (en especial los vehículos diésel), las centrales termoeléctricas, ciertas actividades industriales o la ganadería intensiva. Se trata por tanto de un contaminante típico de primavera y verano.

– El ozono es el contaminante del aire que año tras año afecta a más población y territorio en el Estado español, y el más estrechamente ligado al cambio climático, por su relación con la radiación solar. Durante 2023, sus niveles han repuntado ligeramente en Castilla y León como consecuencia de la primavera y el tercer verano más cálidos desde 1961, con varios episodios cálidos entre abril y septiembre y cuatro olas de calor en julio y agosto.

– El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el valor diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de acuerdo al cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2023 a la totalidad de la población y del territorio castellano y leonés.

– Durante el presente año no se ha identificado población expuesta a niveles superiores al obsoleto objetivo legal vigente para la protección de la salud, más laxo que la recomendación de la OMS. La única zona donde en el trienio 2021-2023 se habría superado el nuevo objetivo legal propuesto para 2030 por la Comisión Europea, el Valle del Tiétar y Alberche, suma 31.000 habitantes, el 1,3 % de la población.

– La frecuencia de las superaciones de los estándares de la OMS y legal ha sido inferior a la de los años previos a la pandemia, con descensos de respectivamente el 10 % y el 54 % en relación al promedio de las registradas en el periodo 2012-2019, en el conjunto de Castilla y León. El empeoramiento de la situación ha sido en especial significativo en las aglomeraciones de Burgos y Valladolid, en El Bierzo y en el Valle del Tiétar y Alberche.

– El cambio climático se confirma como un factor determinante en el agravamiento de los episodios de mala calidad del aire por ozono, por el aumento de la radiación solar, el alargamiento progresivo de la duración del verano (estimado por la AEMET en un día al año) y la reducción de las precipitaciones, a sumar a otros “inconvenientes” ambientales entre los que en 2023 hay que destacar en España la intensa sequía primaveral y estival.

– La contaminación por ozono debe abordarse como un problema sanitario de primer orden, que causa cada año en torno a 2.500 muertes en el Estado español, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, afectando a niñas y niños, mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades cardiorrespiratorias. Durante el verano de 2023, el Instituto de Salud Carlos III ha identificado en Castilla y León 270 muertes por las altas temperaturas.

– El coste sanitario y laboral de la contaminación por ozono fue de 5.000 millones de euros en 2013, un 0,33 % del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

– La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. Las estaciones del Ayuntamiento de Valladolid y de la Junta de Castilla y León no están optimizadas para la medición del ozono, según el CSIC, lo que restringe su representatividad, por lo que Ecologistas en Acción ha solicitado su reubicación parcial ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

– Buena prueba de la gravedad de la situación y de la falta de actuación relevante de las administraciones son las sentencias del Tribunal Supremo (2020) y los tribunales superiores de Castilla y León (2018 y 2023), Navarra (2021), Cataluña (2022) y Comunitat Valenciana (2023) condenando a sus gobiernos a aprobar a la mayor brevedad planes de calidad del aire para reducir el ozono, por el incumplimiento desde 2010 de los objetivos legales.

– En este sentido, Ecologistas en Acción considera inaceptable que un año más la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España sigan careciendo de planes eficaces sobre el transporte, la industria y la ganadería intensiva que reduzcan los elevados niveles de ozono. En una reciente sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha otorgado un plazo de seis meses para que la Junta elabore un plan acorde con la normativa vigente.

– Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono son disminuir el tráfico motorizado, sustituir los disolventes orgánicos por agua, el ahorro y la eficiencia energética, un despliegue ordenado de las energías renovables, reducir el tráfico aéreo, penalizar fiscalmente a los vehículos diésel y una moratoria para las macrogranjas.

– Transcurridos nueve meses desde el fin del plazo para que los municipios de más de 50.000 habitantes establecieran zonas de bajas emisiones, para mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, ninguna ciudad castellana ni leonesa ha cumplido formalmente esta obligación legal, pese a los fondos públicos que están recibiendo para su implantación. Ecologistas en Acción pide a las autoridades locales que prioricen la salud de sus vecinos.

– La crisis de la COVID-19 ha demostrado que la reducción estructural del transporte y la descarbonización de la industria y los edificios son las mejores herramientas para mejorar la calidad del aire que respiramos, en las ciudades y en las zonas rurales, también en el caso del ozono. La dramática situación creada por la pandemia ha corroborado que la reducción de las emisiones de precursores sí es efectiva para combatir la contaminación por ozono.