Se constituye en Burgos la «Iniciativa Ciudadana por el Cierre de Garoña»

Un total de 45 colectivos sociales y políticos de la provincia de Burgos han
creado la Iniciativa Ciudadana por el Cierre de Garoña que tiene como
objetivo realizar una campaña de información pública sobre los riesgos de seguridad
de esta central nuclear ubicada en el norte de Castilla, concretamente en el
Valle de Tobalina (Burgos) para conseguir el definitivo cierre de la planta
que funciona desde 1971.

Andrés R. Amayuelas, uno de los portavoces de esta Iniciativa Ciudadana
reclamó el pasado jueves en la rueda de prensa de presentación de este colectivo
una «revisión exhaustiva» de los sistemas de seguridad de la planta, ya que
un informe elaborado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) revela la
aparición de nuevas grietas en las barras de control del reactor.

Amayuelas señaló que también solicitan que se elabore un Plan Alternativo de
Desarrollo para dotar a las comarcas que se vean afectadas por el cierre de
la central de otros recursos económicos, así como que el SACYL (servicio de
salud de la Junta de Castilla y León) realice un estudio epidemiológico en la
zona para conocer el alcance de la radiación que provoca la planta atómica.

Así mismo presento los materiales divulgativos que la Iniciativa Ciudadana
ya esta repartiendo para dar a conocer la situación de la vieja y peligrosa
central, a la que definió como la de «las mil y una grietas». Entre las
acciones desarrolladas destaca la puesta en marcha de una página web en la que se
irán colocando las noticias que aparezcan sobre la central, estudios sobre la
misma y convocatorias de actos de la Iniciativa Ciudadana, la dirección de la
página web es Cerremos Garoña.

Jon Kepa Iradi, otro de los portavoces, criticó la decisión del Consejo de
Seguridad Nuclear de hacer estudios oncológicos en las zonas donde se ubican
centrales nucleares con la «idea predeterminada» de «corroborar» que estas
instalaciones «no producen índices anormales de cáncer», en lugar de acometer un
estudio en profundidad «sin intencionalidad» para conocer el número de casos
oncológicos que se registran en las comarcas nucleares.

Iradi insistió en la necesidad de explicar a la población los riesgos que
entraña la energía nuclear ante las campañas de imagen que han puesto en marcha
las empresas eléctricas hablando de la producción de «energías limpias» con
la intención de crear nuevas centrales a partir del año 2011, cuando finalice
el Plan Energético actual, puesto que un estudio realizado por el Centro de
Investigaciones Sociológicas concluía que el 70 por ciento de la población es
contraria a la producción nuclear.

La Iniciativa Ciudadana por el Cierre de Garoña agrupa a colectivos como
Ecologistas en Acción, Consejo de la Juventud de la Ciudad de Burgos, Izquierda
Unida, Tierra Comunera, CGT, principalmente de la provincia de Burgos, aunque
también se han sumado asociaciones de comunidades autónomas próximas a esta
central nuclear como País Vasco, La Rioja o Cantabria. Además Greenpeace ha
manifestado su apoyo a esta plataforma y su intención de colaborar activamente
con la misma, aunque el hecho de que este integrada por partidos políticos
dificulta su pertenencia a la misma.

La Central Nuclear de Santa María de Garoña es la segunda más antigua del
Estado español. Fue diseñada en los años 60 con los conocimientos técnicos de
la época y entró en funcionamiento en octubre de 1970, por lo que lleva
funcionando ya 33 años. Se trata de una central de agua en ebullición (BWR) de 466
MW de potencia eléctrica. La empresa titular es Nuclenor S.A. formada al 50%
por Endesa e Iberdrola.

A pesar de que tras los accidentes de Harrisburg y Chernóbil se realizaron
reformas, hay detalles fundamentales de su diseño que son imposibles de
cambiar, lo cual hace que su nivel de seguridad sea considerablemente más bajo que
el de otras centrales más modernas. Sus instalaciones están aquejadas de un
gran número de achaques, entre los que destacan la corrosión del barrilete y
las grietas en las barras de control.

Garoña padece además otros problemas técnicos que, sumados a las
deficiencias de diseño, demuestran que se trata de una instalación insegura y obsoleta.
Por su peligrosidad y su actividad contaminante, Garoña es un elemento de
riesgo para la salud pública y el medio ambiente y un verdadero obstáculo para
alcanzar un modelo energético verdaderamente sostenible.

A pesar de que las empresas eléctricas se han empeñado en hacernos creer que
las centrales nucleares son inofensivas para la salud humana un estudio
epidemiológico realizado por el Profesor Agustín Silva-Mato del Área de Medicina
y Salud Pública, Unidad de Bioestadística y Epidemiología de la Universidad
de Alcalá de Henares y el Hospital de Guadalajara, recientemente publicado en
la prestigiosa revista científica Occupational and Environmental Medicine,
sobre la incidencia de cáncer en el entorno de la central nuclear de Trillo
demuestra que ésta es 1,7 veces mayor en un radio de 10 kms alrededor de esta
instalación que en el radio de 30 kms, indicando por tanto que el riesgo de
sufrir cáncer es mayor cuanto más cerca se vive de la central nuclear.

Dentro de los escasos datos disponibles en España, los estudios realizados
por la Unidad de Epidemiología del Cáncer del Instituto de Salud Carlos III
indican la existencia de tasas más alta de cáncer de estómago y de pulmón en
los habitantes de las localidades del entorno de la central nuclear de Garoña.
Estos estudios concluyen que estos incrementos están ligados a la proximidad
a esta instalación, y que se produjeron en el periodo posterior al inicio de
actividad de la central nuclear, tras comparar con la situación anterior a su
entrada en funcionamiento.

Además, Garoña es la central nuclear en cuyo entorno (en un radio de 30
kms.) se ha encontrado una tasa más alta de mortalidad por leucemia en la
población de 0 a 24 años, en un ratio superior que en las poblaciones control más
allá de ese radio.

En Garoña el kilovatio de potencia nuclear instalada viene a costar en la
actualidad unos 3.000 euros, mientras que por el contrario, un kilovatio
instalado en un parque eólico cuesta en torno a los 900 euros. Sin embargo estas
cifras no reflejan el coste añadido que supone la gestión de los residuos
producidos por Garoña, ya que en vez de hacerse cargo de ellos las empresas
eléctricas, lo hacen recaer en los ciudadanos, que pagamos dos veces por esta
energía: en el recibo de la luz y en los impuestos.