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Ecologistas en Acción propone una gestión pública del Centro de Tratamiento de Residuos y no repetir el modelo fallido de la concesión

Proponen por escrito al Alcalde, Óscar Puente, y a la Concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez, que la gestión de los residuos urbanos, del vertedero municipal y el tratamiento de sus lixiviados sean asumidos directamente por el Ayuntamiento de Valladolid

Miércoles 9 de mayo de 2018 - 256 lecturas


Comunicado, 09-05-2018

Ecologistas en Acción de Valladolid no comparte la necesidad, anunciada por el Ayuntamiento de Valladolid, de “adjudicar a finales de año, con una inversión estimada de 42 millones de euros, la explotación y puesta al día del centro de tratamiento de residuos (CTR)”. Entiende que son otras las necesidades y hace varias propuestas sobre la mejora del tratamiento de los residuos urbanos. Así se lo han trasladado mediante escrito registrado el pasado 6 de mayo dirigido al Alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y a la Concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez.

En primer lugar estima necesaria una evaluación previa de la actual concesión de la gestión de la planta municipal que pasa por realizar una auditoría de la situación de la planta e incrementar la transparencia en el acceso a sus resultados de publicando en la web municipal todos los datos sobre la materia tratada (balance de entradas y salidas) y lixiviados generados y tratados en los últimos 5 años. El funcionamiento del CTR, del vertedero y de la planta de tratamiento de lixiviados (PTL), gestionado todo ello por la UTE FCC-Zarzuela durante 16 años, presenta resultados deficientes: una baja tasa de recuperación de solo el 8,86%, dificultad para generar compost, y el vertido del 80% de la materia tratada en el vertedero, generando problemas de mal olor, dispersión de residuos volados y una alta generación de lixiviados con serios problemas de tratamiento.

Es urgente revertir estos malos resultados no achacables solo a que la planta “ha llegado al final de su vida útil técnica” sino causados también por su modelo de gestión. Por ello, antes de que el Ayuntamiento defina un “anteproyecto” para la reforma tecnológica de la planta es preciso hacer un análisis riguroso de los resultados obtenidos con el actual modelo de gestión privada mediante informes de su situación económica y el balance de gestión de los últimos ejercicios que pasa por una auditoría económico-financiera de su estado. Esta auditoría debe ser previa a la redacción y exposición del anteproyecto de reforma para definir correctamente los términos, tanto técnicos como económico-financieros, de la adecuación realmente necesaria, reforma que no puede limitarse a los aspectos técnicos sino que debe vincularse a una nueva etapa de gestión municipal directa, con la mejor tecnología disponible, que garantice tanto la mejora de su eficiencia como el cumplimiento de los objetivos de recuperación que marca la legislación europea al Ayuntamiento de Valladolid.

En segundo lugar, a la vista de los resultados de la auditoría, cree necesaria una evaluación rigurosa de los diferentes modelos de gestión del CTR y propone abrir un periodo de debate y análisis sobre el modelo de gestión del tratamiento de los residuos municipales, aplazando la decisión de licitar una nueva concesión del servicio de gestión del CTR.

El anuncio de la redacción de un anteproyecto de reforma se vincula a una concesión de servicio público durante 15 años, dando por asumida una necesidad técnica sin haber justificado las razones por las que se considera como mejor opción reiterar una gestión indirecta a través de una concesión del servicio. Repetir la concesión de un servicio público de competencia municipal -es la única competencia de las citadas en el art. 25 l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local que está externalizada: “Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales- supone dar continuidad a un modelo fallido que no ha mejorado los resultados en reducción de uso del vertedero o aumento de la eficiencia ambiental de la planta. Resulta muy inoportuno tomar en el último año de legislatura una decisión de este calado, siendo acertado aplazar esta decisión para abrir un periodo de análisis sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda asumir en el futuro su gestión directa.

Una gestión municipal directa, sin las limitaciones técnicas y económicas de un contrato de concesión de servicios, permite adaptarse con más flexibilidad y celeridad a los objetivos de prevención, generación de compost y preparación para el reciclaje que exigen los cambios legislativos. La gestión directa, al igual que ya está ocurriendo con la municipalización del ciclo integral del agua, facilita una mayor coherencia entre los objetivos técnicos de la planta de tratamiento y los objetivos de una política sostenible de gestión de residuos, a la vez que dificulta eludir la responsabilidad municipal del ejercicio de sus competencias, diluyéndose en una externalización del proceso industrial que impide una gestión integral de los residuos urbanos.

En la evaluación de costes del nuevo modelo juega un papel relevante la incorporación de los residuos de las mancomunidades de la provincia a un sistema de recogida selectiva de la fracción orgánica, obligado por la legislación. Por ello es deseable integrar en una nueva fase de la planta a todas las administraciones competentes en la gestión de sus residuos urbanos. Es necesario explorar una nueva fórmula de gestión pública, sea a través de un consorcio, empresa pública u otra fórmula jurídica, que integre, comparta y coordine las políticas de gestión de residuos del Ayuntamiento de Valladolid y de las Mancomunidades de la provincia.

El periodo de debate y análisis sobre el modelo de gestión de los residuos solicitado es compatible con la continuidad del actual servicio, pese al vencimiento de la concesión en diciembre de 2018. Para ello proponen licitar un contrato de servicios para la gestión del CTR, del vertedero y de la Planta de Tratamiento de Lixiviados (PTL) durante un máximo de dos años. Este tipo de contrato no condiciona en un futuro próximo una gestión directa de la planta de tratamiento y vertedero y permite un mayor grado de control en la ejecución y garantiza el servicio durante el periodo de análisis que se solicita. A diferencia de la concesión del servicio, donde el concesionario actúa sustituyendo al Ayuntamiento asumiendo la inversión y el riesgo operacional, en el contrato de servicios el contratista se limita a realizar su trabajo como instrumento auxiliar en la prestación del servicio, permitiendo en todo caso la subrogación de la actual plantilla. Esta opción mantiene el funcionamiento del CTR durante un periodo transitorio, a caballo entre dos legislaturas, que permite el análisis y definición del nuevo modelo de gestión, a la vez que libera al Ayuntamiento del actual marco tarifario, vinculado al contrato de concesión vigente.

Por el contrario, insistir en licitar una nueva concesión del servicio supone eludir el negativo balance de los últimos 16 años, perpetuando la externalización de una competencia municipal esencial vinculada a la salubridad pública y aceptando un nuevo ciclo de mercantilización de la gestión del tratamiento y depósito de residuos urbanos. Adoptar esta decisión condicionaría y limitaría durante otros 15 años la capacidad de actuación municipal, sometida al régimen económico y tarifario establecido durante el periodo de concesión.

En tercer lugar, considera imprescindibles intervenciones inmediatas, que no pueden esperar al cambio de modelo de gestión, para mejorar el tratamiento de lixiviados, la gestión del vertedero y el sistema tarifario. El periodo transitorio de debate y análisis sobre el modelo de gestión propuesto no debe paralizar la mejora del servicio y proponen tres importantes intervenciones urgentes a adoptar de forma inmediata y simultánea a la licitación del contrato de servicios propuesto para un periodo de dos años. Primero: la limitada capacidad de gestión de los lixiviados del vertedero y del CTR exige reformar sin más dilación la PTL. Segundo: adoptar medidas para reducir la generación de lixiviados en el depósito-vertedero que solo será posible con una intervención rápida en su modelo de gestión siendo una primera medida la reducción del área de vertido, programando una intervención plurianual, con posibilidad de cargo a inversiones financieramente sostenibles, permitido por el Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, abandonando cuanto antes el actual sistema de vertido en un área no compartimentada de 9 hectáreas. Es urgente sellar buena parte de la superficie pasando al vertido en celdas independientes y a una evaluación del coste-eficacia del sistema de balas plastificadas, medida que no puede esperar a una posible reforma del CTR. Y, tercero: vencida la prórroga de la actual concesión de gestión del CTR, adoptar, con efectos desde el uno de enero de 2019, un nuevo marco tarifario de tratamiento de residuos en la planta con un doble objetivo: penalizar la “recogida todo en uno” -que no separa la materia orgánica- con una tarifa disuasoria superior al coste de tratamiento, e incentivar la recogida selectiva de materia orgánica -con efecto directo en la mejora del porcentaje de residuos preparados para su reutilización- con una tarifa bonificada.


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