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BUSCANDO CAMINO
Movimiento Democrático Popular
Panamá, Año XIV, No. 258 – 17 de enero de 2016
Tres jueces interinos, nombrados de a dedo por un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de quien fueron subalternos, dictaron sentencia de “no culpable” el pasado nueve de agosto en el juicio contra el expresidente Ricardo Martinelli. El Juez Presidente del Tribunal fue en dos ocasiones funcionario nombrado y dependiente del acusado. Claro está que por tales circunstancias dichos jueces fueron recusados por la fiscalía y los querellantes antes de dar inicio a la audiencia, pero sus recusaciones cayeron en el saco roto de la corrupción judicial: fueron rechazadas.
Una parodia de juicio
Esta parodia de juicio resulta escandalosa por su manipulación descarada de las normas jurídicas, y para demostrarlo basten unos pocos ejemplos:
- En su fallo los jueces insistieron en que la defensa no tuvo acceso a los siete cuadernillos que contenían las copias del correo de bradpty507@gmail.com en los cuales se encontraban los correos pinchados a las víctimas. Eso resulta falso puesto que el seis de agosto de 2018 el Magistrado Juez de Garantías en el juicio celebrado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jerónimo Mejía, autorizo a Carlos Carrillo su lectura en su condición de abogado de la defensa de Martinelli.
- Se descartaron diversas pruebas alegando la ausencia de una representación legal del acusado en dichas prácticas, cuando en el mes de Noviembre pasado el Magistrado Mejía, Juez de Garantía, había admitido dichas pruebas, y el pasado 7 de diciembre el Pleno de la CSJ, al declinar el caso, aceptó como valido todo lo realizado hasta esa fecha.
- El Tribunal alego violaciones al derecho a la defensa del acusado, así como a sus garantías fundamentales, lo mismo que al debido proceso, pese a que la CSJ había rechazado todos los recursos presentados por la defensa de Martinelli sobre esas supuestas violaciones.
En pocas palabras, los jueces Roberto Tejeira, Arlene Caballero y Raúl Vergara, cuyos nombres jamás serán olvidados, desconocieron de forma inocultable e injustificable decisiones del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
Consultada una fuente de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá sobre el veredicto, manifestaron que “Martinelli fue extraditado por decisión del gobierno de Panamá, luego de huir hacia Estados Unidos evadiendo cargos por escuchas ilegales” “Estados Unidos solo extradita a personas en casos donde la evidencia justifica el retorno al país para ser procesados.“
Tales declaraciones se corresponden con el fallo del Juez Federal de Estados Unidos Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, dado a conocer el 31 de agosto de 2017, que avaló la extradición de Martinelli alegando que “hay motivos razonables para suponer… que el expresidente es culpable de todos o alguno de los delitos imputados” “Siguen existiendo indicios de fiabilidad en éste expediente de que Martinelli pudo haber cometido los delitos imputados, dadas todas la pruebas presentadas.”
Tan descarada ha sido la manipulación, que no solo es un golpe terrible y final al previamente corrupto y desprestigiado sistema de justicia, sino que nos coloca en una situación de ridículo extremo ante el concierto de las naciones. Con este escandaloso fallo colapsa la institucionalidad judicial, y se posibilitan los rumores sobre supuestos dos millones de dólares que ha costado la libertad del reo. No es de extrañar, entonces, que Nicomedes Castillo, abogado querellante, haya declarado que “desde las diez de la mañana tanto la fiscalía como la querella sabíamos que venía ese fallo”. Culminó sus declaraciones comprometiéndose a una conferencia de prensa en que se explicaría con pruebas lo que ocurrió realmente.
Una institucionalidad colapsada
El colapso del sistema de justicia es parte de la agonía de la institucionalidad de un régimen político carcomido por la corrupción e incapaz de una administración mínimamente eficiente del Estado. Este fallo resulta ser un disparo a la cabeza del sistema político, que con él pierde toda su credibilidad y legitimidad, abriendo paso así al fortalecimiento de las corrientes políticas partidarias de la convocatoria de una Asamblea Constituyente Democrática. Tan grave es lo sucedido que no sería de extrañar que para salvar el sistema el Tribunal Superior o la Corte Suprema de Justicia acojan los recursos que se elevaran y revierta así tamaña barbaridad de sentencia.
Lo que ha quedado sujeto al paralizante desprestigio son los tres órganos del Estado, y la prueba más fehaciente de ello es el silencio cómplice del Órgano Ejecutivo ante lo sucedido, y la actitud de Poncio Pilatos de la Asamblea de Diputados. Nada puede justificar tales actitudes, excepto la complicidad más perniciosa con el sistema político que posibilita estos exabruptos.
El juicio a Martinelli significaba mucho más que simplemente los delitos por los cuales se le acusaba. Figura cimera de la corrupción, comandante de la represión a los indefensos de Changuinola y Colón, factor fundamental de la desestabilización institucional, campeón de la disociación de la sociedad panameña, verdugo de la dignidad de las mujeres, con Martinelli condenado se cancelarían los peligros de la dictadura civil que ahora nos amenaza si dicha sentencia no es revertida, o no se le paran los pies políticamente hablando a ese depredador.
La necesaria unificación de las fuerzas democráticas
Así como bajo el gobierno de Martinelli se puso en pie el Frente por la Defensa de la Democracia para así derrotar los planes de instaurar una dictadura civil, ahora han sonado las campanas llamando a la creación de un Frente Contra la Impunidad y la Corrupción, en el camino de convocar una Asamblea Constituyente Democrática que barra con la podrida institucionalidad, inaugurando una nueva República que amplíe, extienda y profundice los derechos democráticos y sociales. No hay otro camino ni existen atajos para lograrlo.
