Buscando Camino Buscando Camino
En una época en que la imagen puede desvirtuar la realidad para garantizar los intereses de una minoría, las comunidades indígenas y campesinas situadas dentro del territorio concesionado a Minera Panamá son atacadas. Minera Panamá, cuya concesión fue otorgada en bochornosa alianza con el capital financiero internacional, hoy con la colaboración de las autoridades locales (alcalde, representante, corregidores y policías) y con sus guardias de seguridad arremeten contra nuestra comunidad en el mejor estilo de salvajes colonizadores. Con artimañas que niegan incluso los más elementales principios sobre los que dicen levantar su sociedad de igualdad y oportunidades para todos (“democráticas”); a 523 años de la primera presencia del capital y bajo falsos criterios de civilización que le fueron negados a la humanidad, arrasan, igual que ayer, con los seres humanos, sus derechos y sus aportes culturales.
Con la indignación más profunda, surgida por la complicidad del gobierno de turno que, igual que los anteriores se doblega ante los intereses foráneos y por toda la gama de partidos que sustentan su democracia corrupta denunciamos:
- Que el día 13 de octubre del año en curso se hicieron presentes en nuestra comunidad, el corregidor del área, un policía y dos miembros de la seguridad de la empresa Minera Panamá, quienes serrucharon los horcones del depósito de mercancía que abastece de víveres y enseres básicos, con los cuales la comunidad de la Colorada y otras del área de Coclesito garantizan la sobrevivencia de las personas. Derribaron y robaron cerca de B/. 5,000 balboas en mercancía que se guardaba en dicho local. Este es el último acto puesto en práctica por la empresa Minera Panamá con la protección del gobierno y el contubernio de las autoridades locales, ejecutores directos de estos abusos y represión. Igualmente, estos mercenarios han cerrado los caminos utilizados por los habitantes de la región, así como el uso de los ríos por los que transitamos, por donde debemos sacar nuestras cargas y enfermos. Todo esto con la intención manifiesta y declarada de limpiar el área de población indígena y campesina. Este país es de todos los hombres y mujeres honrados que buscan forjarse un futuro para ellos y sus familias, no de ladrones y apátridas que lo venden por unas onzas de oro. Sepan todos que no vamos a dejar nuestra tierra y menos por una “legalidad” forjada para la satisfacción de intereses de grupos empresariales, sus aliados y cómplices.
- Nuestra lucha constante de rechazo a la minería nos ha dado doblemente la razón, primero porque esa actividad fue concebida, legalizada e implementada por un grupo gansteril; bajo el manejo ambicioso, ausente de amor patrio y de baja condición moral de empresarios traficantes y contrabandistas, cuya ignominia los llevó a sobornar presidentes, diputados/as y autoridades que coludieron contra el pueblo campesino e indígena de Coclesito.
- La empresa, amparada por los gobiernos -desde la patraña montada con la ley 9 del 1997-, evade sus responsabilidades laborales, desde el gobierno del PRD, con Balladares, el gobierno panameñista de Moscoso, el PRD de Martin y el CD de Martinelli, como el actual gobierno, que se desvive en tapar lo intapable. Sus políticas han perjudicado a cientos de trabajadores panameños que no han recibido sus salarios, ni les han pagado sus cuotas de Seguro Social y demás prestaciones, luego del robo de la empresa Petaquilla. Esos abusos y otros tantos prueban con creses los vínculos de estas empresas y los gobiernos mencionados.
- Las violaciones a toda la legislación panameña, tanto en materia ambiental como de compromisos económicos y fiscales, demuestran, como fue denunciado en su momento, que el Estado no tenía condiciones jurídicas ni técnicas para abordar semejantes proyectos. La insistencia en la aprobación e implementación de este proyecto solo se justificaba por la ambición de los grupos dominantes. El costo para el Estado y el pueblo ha sido elevado y las consecuencias nefastas.
- Denunciamos la perdida de la biodiversidad provocada por la destrucción del territorio boscoso y la diversidad de flora y fauna, así como el envenenamiento y destrucción de más de 9 grandes ríos y costas, con la construcción de la planta para generar energía a base de carbón en Punta Rincón, donde ya han instalado un puerto por donde llevarán a cabo su saqueo.
- Este proyecto vulnera la soberanía nacional, pues, en la práctica este territorio esta fuera de la jurisdicción de las autoridades panameñas. La ley permite a la empresa la expansión en los terrenos bajo concesión sin más condición que sus propias “necesidades”, con lo que pone en riesgo las tierras comunales y las tierras propiedad de los moradores del área de Donoso e incluso del distrito de La Pintada y Penonomé.
- Esta situación lesiona profundamente los intereses de nuestro pueblo. No es un punto en la agenda de las clases dominante y los medios de comunicación la silencian. La violación de los derechos humanos de los indígenas y campesinos que vivimos en esta área no es atendido por ninguna institución, por el contrario, la empresa, experta en sobornos es protegida por el gobierno y las autoridades locales. Sus políticas ofenden nuestra dignidad de pueblo soberano y roba descaradamente nuestros recursos.
- Las comunidades de la Colorada, Petaquilla, Palmilla, Nueva Lucha, Monte Virgen, Uveros, Belencillo, una vez más, son víctimas de la codicia desenfrenada del capitalismo salvaje y depredador que, en su modalidad neoliberal, igual que antes, roba las tierras de nuestros abuelos. Hoy perdemos las playas, las montañas, los ríos y la riqueza del subsuelo. CON LA PERDIDA DE NUESTRA INDEPENDENCIA COMO NACION, PERDEMOS NUESTRA CONDICION DE HOMBRES Y MUJERES LIBRES, SITUACION QUE COMO PUEBLO JAMAS ACEPTAREMOS.
ES POR ELLO QUE DEMANDAMOS:
La eliminación de la concesión para la explotación de la minería a cielo abierto, contenida en el contrato ley 9 de 1997.
El cese del hostigamiento y cerco que tiende esta nefasta alianza contra la comunidad campesina e indígena.
El cese de la eliminación de los bosques.
El cese de la contaminación de los ríos y playas.
La recuperación de las tierras y ríos envenenados y expropiados.
El pago a los trabajadores de los compromisos laborales.
Que el gobierno asuma las obligaciones que le corresponden con la población.
A las comunidades que bordean la carretera a Coclesito, las riveras de los ríos Coclé del Norte y Toabré, las llamamos a que frenemos los abusos y engaños de estas empresas mineras, sembradoras de muerte; garanticemos que nuestros hijos y todos los seres que vivan en Panamá cuenten para siempre con esta frondosa y exuberante naturaleza que nos legaron nuestros antepasados y que nos da de comer.
Invitamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales que se oponen a estos proyectos de muerte a que se pronuncien contra los desalojos forzados que se ejecutan en el área del proyecto de Minera Panamá y que juntos fortalezcamos la unidad por mejores días para nuestros hermanos campesinos e indígenas.
POR LA PATRIA Y CON LA TIERRA
COORDINADORA DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS E INDÍGENAS
COCLESITO 17/10/2015
