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BUSCANDO CAMINO
Movimiento Democrático Popular
Panamá, Año XII, No. 252 – 16 de septiembre de 2014
Afirmábamos en el Editorial anterior que “el país está al borde de una crisis institucional de gran envergadura” cuya resolución favorable a los intereses de la amplia mayoría del pueblo requeriría de la construcción de “una plataforma unitaria de las fuerzas democráticas” que posibilitara revertir el curso catastrófico al que están empujando al país. Tales afirmaciones exigen una mayor y pormenorizada explicación.
En las elecciones de mayo pasado se le infligió una derrota aplastante al intento del martinelato de perfeccionar y consolidar una dictadura civil. Y si bien los electores llevaron a la Presidencia a Juan Carlos Varela, lamentablemente el uso abrumador de los dineros del Estado para favorecer los candidatos a diputados de Cambio Democrático (CD), y algunos otros del PRD, ha posibilitado la instalación de una Asamblea Legislativa en la que la bancada mayoritaria la integra el PRD (24 diputados), constituyéndose como segunda fuerza legislativa la bancada de CD y Molirena, que suman 19, y en tercer lugar el panameñismo y el Partido Popular (PP) con una bancada extremadamente mermada (13 diputados).
Es en esa situación en la que el panameñismo accede a la Presidencia de la Asamblea gracias a un acuerdo legislativo con el PRD, si bien su debilidad legislativa los hace rehenes de la bancada de este último. Hay que aclarar que Benicio Robinson, Presidente del PRD, controla la mayoría de la dirección del partido, la mayoría de su bancada legislativa y, además, es el Vicepresidente de la Asamblea y el Presidente de la Comisión de Presupuesto. En pocas palabras, controla al PRD y al mismo tiempo a la Asamblea Legislativa. Pero la pregunta importante es: ¿quién controla a Benicio Robinson?
Ese equilibrio inestable en el que está instalado el gobierno de Varela, controlador del Poder Ejecutivo pero rehén de un sector mayoritario de los legisladores del PRD que responden a Benicio Robinson, amenaza con transformarse en un equilibrio catastrófico por razón de la inminente elección del Contralor por parte de la Asamblea, y del Procurador de la Nación cuando así lo designe el Poder Ejecutivo, para su posterior ratificación por el legislativo. Tal como se temía, la bancada del PRD ya ha anunciado que llevará candidato propio a la elección del Contralor, mencionándose con insistencia la figura del diputado Leandro Avila. De forma inmediata, Ricardo Martinelli y Chello Gálvez han manifestado que la bancada de CD votará por el candidato del PRD, lo que garantizaría sin lugar a dudas su elección, dejando al descubierto una alianza que imposibilitaría cualquier investigación de la orgía de corrupción patrocinada por el pasado gobierno, así como la utilización de millones de balboas otorgados por el gobierno Martinelli a un grupo señalado de diputados perredistas a través de las inexistentes “partidas circuitales” y el Programa de Ayuda Nacional (PAN). No debe cabernos la menor duda que ésta maniobra sellaría el triunfo de la impunidad.
Una respuesta necesaria
Si la maniobra arriba descrita se materializara, el gobierno Varela sería rehén de la alianza del PRD con Martinelli, ya no sólo en el legislativo sino también en todo aquello que implique investigar los estropicios del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y el uso y abuso de los dineros del Estado para apoyar la candidatura de los diputados que sellarían esa alianza. De igual manera, el gobierno Varela se vería sometido al acoso de una ciudadanía exigente de juicio y castigo a los corruptos, e igualmente demandante de la satisfacción de una enorme deuda social que ya no admite mayor morosidad. Estas circunstancias son las que colocarían al gobierno de Varela en lo que hemos denominado un equilibrio catastrófico, o si se prefiere una figura gráfica ésta sería la de estar sentado en el cráter de un volcán a punto de hacer erupción.
Si estas muy probables circunstancias se materializaran, su desenlace para nada sería favorable a los intereses de la mayoría del pueblo panameño, puesto ya no solo dicha alianza dominaría la Contraloría sino que, incluso, es posible que logren mediar en la elección del Procurador, de tal manera que nada cambiaría y todo seguiría igual, perdiéndose la gran oportunidad de desmontar el entramado corrupto del martinelato, tanto en el legislativo como en la Administración del Estado, en el Poder Judicial y en la Procuraduría General de la República. Y ese desmantelamiento es necesario para poder avanzar hacia la convocatoria de una Constituyente que sea capaz de refundar el Estado sobre bases verdaderamente democráticas y populares.
De ahí la convocatoria urgente a la integración de una plataforma unitaria de las fuerzas democráticas que impida la materialización de dicha felonía. No se trata de una alianza política sino de un frente único democrático con objetivos por demás perfectamente definidos: impedir la conquista de la Contraloría General de la República por Martinelli a través de interpuestas personas, aunque para ello haya que salir a las calles para exigir el fin de la impunidad y la convocatoria de la Constituyente. La responsabilidad de construir dicho valladar recae en las organizaciones sociales y de la sociedad civil que fueron capaces en el pasado de hacer retroceder al gobierno Martinelli en Changuinola, San Félix, la ciudad de Panamá cuando se intentaron vender la acciones del Estado en las empresas mixta y Colón. Abdicar de dicha responsabilidad de urgente cumplimiento sería como darle la espalda tanto al pueblo como a la Nación en momentos de una grave crisis inminente.
La construcción de una alternativa de futuro
Martinelli pretendió sustituir el régimen político agotado surgido tras la invasión por una dictadura civil, para lo cual se apoyó en el descrédito de lademocracia neoliberal de libertades recortadas que se sustentaba, además, en los pilares de los dos grandes partidos muy deslegitimados. Ese intento fracasó, pero aún no ha sido desmontada la maquinaria política, jurídica y económica construida por el martinelato ni prefigurados los lineamientos del nuevo régimen político que debe surgir de una Constituyente. De ahí que sea necesario impulsar una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, entendiendo que es a través de esa lucha que podrán desmontarse los vestigios del régimen político que está en crisis e impulsar lo nuevo que debe nacer de esa lucha. Por supuesto, una gran batalla de ideas caracterizará el alumbramiento de un nuevo régimen político, y en ella ocuparán un espacio primordial los rupturistas y los reformistas con relación al tema constituyente que será la gran partera de lo nuevo.
No cabe la menor duda que para afrontar la crisis que se avecina y salir de ella con nuevas perspectivas habrá que impulsar desde ya agrupamientos que tengan como ejes aglutinadores dos elementos fundamentales en los que habrá que ponerse de acuerdo: el modelo de sociedad y la necesaria ruptura democrática a la hora de convocar la Constituyente, y ello tiene que darse respetando la diversidad en la unidad de propósitos. Y ante la crisis que se nos viene encima queda muy poco tiempo para la toma de decisiones que conlleven la construcción de una plataforma unitaria de todas las fuerzas democráticas para derrotar y desmontar el entramado del martinelato que sigue gozando de buena salud. El tiempo se acaba y la responsabilidad, en mayor o menos medida, es de todos.
