Señales de alarma

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 BUSCANDO CAMINO

Movimiento Democrático Popular

Panamá, Año XII, No. 251    –    9 de septiembre de 2014

La rueda de Prensa en la que el nuevo Director del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Stanziola, dio a conocer algunas de las barbaridades mediante las cuales el gobierno del Capo se fumigó más de 1200 millones en sólo cuatro años, fue como mostrarle a la sociedad los tesoros acumulados, mediante el robo, por los cuarenta ladrones que dirigía Alí Babá. Obras sin contratos, otras sin refrendo de la Contraloría, muchas sin fianza de cumplimiento, e innumerables compras a más del triple de su verdadero costo en el mercado, etc. Se trató de una verdadera orgía de corrupción sin freno. Nada nuevo, nada ya sorprendente. Queda claro que un grupo de hombres y mujeres, complotados para delinquir, secuestraron el Estado con el único propósito de saquear los bienes públicos. El daño es inconmensurable y afecta todas las instituciones del Estado. Y lo que es peor, ha castigado sin misericordia a los sectores más necesitados del país, a tal extremo que incluso lucraron corruptamente con los alimentos de los comedores escolares, sin importarles lo más mínimo con esos estudiantes necesitados.

Por supuesto, los directores del PAN deberían ser llamados a las Comisiones correspondientes de la Asamblea para que, bajo la gravedad del juramento, le rindan cuentas al país antes de ser enviados a la justicia para ser procesados junto con sus cómplices, personas naturales y representantes de jurídicas, que participaron en dichas fechorías. De igual forma se debe proceder con todos los funcionarios que dirigieron el asalto a los fondos públicos durante los últimos cinco años, tales como José Raúl Mulino, José Pepe Suárez, Lucy Molinar, y demás.

Llegó la hora de un castigo ejemplar que limpie de toda podredumbre a un Estado carcomido por la corrupción, el consiguiente enriquecimiento ilícito y la impunidad.

¿Certeza del castigo?

La sociedad se enfrenta al peligro inminente de la impunidad. Las actas que recogen las autoinculpaciones de la Contralora fueron enviadas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y esta a su vez las ha reenviado a la Procuraduría General de la Nación. Tengamos presente que la mayoría de la CSJ fue nombrada por Martinelli y que la Procuradora fue abogada y asesora de Martinelli antes de ser nombrada por él en dicho cargo. Evidentemente, algo indica que por ese camino se va directo al encubrimiento de los múltiples delitos que por comisión y omisión cometió dicha funcionaria.

Pero tal vez castigando al jefe de la banda se pueda romper con el blindado escudo de la impunidad. En ese sentido, una vez derogados los inconstitucionales indultos, el Presidente Varela envió el decreto a la Procuraduría por si se observaran delitos en la acción de Martinelli. Violación flagrante de la Constitución es lo menos de lo que percibiría un lego y por lo cual debería ser llamado a juicio. Ahora bien, por ser “diputado de la cueva de ladrones” a Martinelli sólo puede juzgarlo la CSJ. ¿Y a quién le ha tocado en reparto del expediente para ser examinado y actuar como fiscal? Nada menos que a Moncada Luna, un descarado que violó la Constitución cuando invadió, por ordenes de Martinelli, las competencias privativas del Tribunal Electoral, y que ante el repudio ciudadano tuvo que dar marcha atrás en su tropelía.

No existe ninguna posibilidad de que Moncada Luna solicite al Pleno de la CSJ el enjuiciamiento de Martinelli. Lo más probable es que estudie el expediente tan minuciosamente que pasarán los dos meses que marca la Ley 55 de 2012 para que se caiga la investigación y se archive el expediente. Dicha Ley fue aprobada por la Asamblea controlada por Martinelli para así blindar a los diputados de futuras acciones legales en su contra. ¡Perfecto!

Como puede intuirse, por estos caminos no habrá certeza del castigo y si una nueva burla ofensiva a la sociedad.

¿La esperanza de un nuevo Contralor y Procurador?

Como se sabe, los períodos constitucionales de la Contralora y Procuradora están por vencerse el próximo 1° de enero, y por lo tanto la Asamblea ha de elegir próximamente a un Contralor y ratificar un Procurador nominado por el Ejecutivo. ¿Eso nos da alguna esperanza de justicia? Lamentablemente no es así. Ya la bancada del PRD ha insinuado, por decir lo menos, que su candidato es Leandro Avila, y la bancada de Cambio Democrático sugiere que podría votar por Bernabé Pérez, que es también miembro del PRD. Ambos son fichas absolutamente controladas por Benicio Robinson, quien al menos hasta el día de ayer era una ficha absolutamente controlada por Martinelli. Así que, en estas circunstancias, un Contralor PRD es una garantía para la impunidad de Martinelli….y la de muchos diputados que comieron PAN de su mano. Y no olvidemos que la bancada del PRD con los votos de Cambio Democrático tiene mayoría en la Asamblea. Así que no nos hagamos ilusiones. Y habrá que ver cómo discurren los acontecimientos cuando la Asamblea tenga que ratificar el nominado por el Ejecutivo para Procurador.

El país está al borde de una crisis institucional de gran envergadura y ello ocurre teniendo un sistema político agotado y desprestigiado, y una ciudadanía harta de la crisis de representatividad. El equilibrio catastrófico inaugurado con las elecciones del pasado mayo se romperá por alguna parte y para que lo haga en un sentido popular y ciudadano hay que intervenir antes de que sea demasiado tarde.

Construir una plataforma unitaria de las fuerzas democráticas

En efecto, solo poniendo en pie una fuerza social y ciudadana que comprenda que el eje articulador de la actual coyuntura es la lucha contra la corrupción y la impunidad es que podremos revertir el curso catastrófico que lleva el país. La plataforma unitaria de las fuerzas democráticas deberá estar integrada por todas las organizaciones sociales y ciudadanas, incluyendo a gremios, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y barriales. Solo esa fuerza puede impedir que se consuma el crimen de la impunidad, dado que todas las instituciones del país están carcomidas y nada puede esperarse de ellas. No hay que llamarse a engaño. Mientras tanto, hay que lograr la creación de una Fiscalía Especial Anticorrupción que, dotada de los medios económicos y humanos necesarios, asuma la investigación de todos los responsables del latrocinio de los últimos cinco años. También habrá que llamar a juicio por omisión o comisión a los miembros del Ministerio Público y del Poder Judicial que hayan amparado o sigan amparando, en condición de cómplices, los delitos innumerables cometidos por el martinelato.

Por supuesto, no hay que negar que ésta situación extrema pone sobre el tapete la discusión entre rupturistas y reformista en el tema constitucional. Pero no se trata de una discusión traída por lo cabellos, es la gravedad de la crisis la que le da actualidad y urgencia. Hay señales de alarma a las que debemos prestar atención.