LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD

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 BUSCANDO CAMINO

Movimiento Democrático Popular

Panamá, Año XII, No. 249    –    18 de agosto de 2014

La ejemplar y aplastante derrota que el pueblo panameño le propinó en las pasadas elecciones a Ricardo Martinelli ha posibilitado que salga a la luz el bárbaro saqueo de los recursos del Estado perpetrado por la banda criminal que se hizo con el gobierno del Estado durante el pasado quinquenio. No existe una sola institución que no haya sido atracada, con un descaro inaudito, por este grupo de mafiosos. De igual manera utilizaron al Estado como instrumento adecuado para apropiarse de los multimillonarios beneficios que generaron los mil y un “negocios” impulsados desde el gobierno. Se auto concesionaron tierras, islas, hidroeléctricas, empresas generadoras de electricidad por gas, y privatizaron en su beneficio directo innumerables servicios públicos.

No hubo una sola obra estatal que no soportase escandalosos sobreprecios, muchas de las cuales sólo tenían como única finalidad el embolsarse tales dineros. Ahí están como ejemplo los hospitales, la cinta costera III que no conduce a otra parte que no fuese el embolsarse decenas sino centenares de millones de balboas, tal cual hicieron con la descarada “recuperación” de los corredores.

En el camino montaron Financial Pacific, una empresa de “intermediación financiera” que resultó ser una enorme máquina de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas en las que ¡faltaría más! están implicados muy altos cargos del pasado gobierno, que fueron protegidos por otros muy altos cargos del Poder Judicial. Y no olvidemos el vergonzoso negociado de Finmeccanica, que incluso ha merecido detenciones y procesos impulsados por la justicia italiana….por corrupción en Panamá.

Por si todo lo anterior no fuese de suficiente espanto, las elecciones generales constituyeron una alegre piñata de corrupción favorecedora de los “amigos del gobierno”, ya fueren estos de los partidos oficialistas o de los supuestamente oposicionistas. Ahí están las multimillonarias “partidas circuitales”, los 753 millones que manejo el PAN y los más de 400 millones que fueron repartidos a través de las Juntas Comunales para beneficio directo de sus candidatos, incluyendo algunos disfrazados de oposicionistas.

La cereza del pastel ha sido la revelación de que el ex ministro Frank De Lima manipulo descaradamente las cifras del Presupuesto General de la Nación, lo que constituye un crimen imperdonable, propio de quienes promulgan indultos como si regalasen caramelos en una fiesta de cumpleaños de lo más granado del mundo criminal.

Impunidad o certeza de castigo

¿Pueden tamaños desafueros gozar de impunidad? ¿Los que se beneficiaron política y económicamente de tales barbaridades, quedarán impunes? ¿El saqueo de la Nación será disfrutado sin castigo por sus perpetradores? ¿Y qué decir de quienes tenía la responsabilidad de custodiar el patrimonio de la Nación y patrocinaron con su silencio esta orgía de corrupción sin límites? No referimos obviamente a la Contralora y a la Procuradora, sin dejar de lado al Fiscal Electoral, que a todas luces es ciego, sordo y mudo. Y es que debemos tener presente que si bien los funcionarios públicos sólo pueden hacer lo que la ley expresamente les mandata, también están obligados, por otra parte, a cumplir con lo que les mandata la ley. Y no cabe la menor duda que esos tres altos funcionarios han faltado y siguen faltando a sus obligaciones constitucionales y legales.

La coyuntura abierta por la derrota del 4 de mayo pone a la orden del día la lucha contra la corrupción y la impunidad como tareas básicas y centrales de una sociedad verdaderamente democrática. Y si bien esa lucha corresponde fundamentalmente al actual gobierno, por ser quien tiene los instrumentos para iniciarla y garantizarla, debemos señalar que toca a la sociedad civil y a los movimientos sociopolíticos impulsar, con independencia del gobierno, un movimiento ciudadano en exigencia de que se investiguen los mil y un actos de escandalosa corrupción y que sus responsables sean enjuiciados y sancionados ejemplarmente. De esa batalla depende en esta coyuntura el avanzar hacia una sociedad democrática o permanecer instalados en un régimen de libertades y derechos recortados cuando no burlados.

Lo legal o lo justo

No cabe la menor duda que este es el momento de dar la batalla y para ello deben impulsarse movimientos unitarios que levanten como consigna la exigencia de justicia. En dicha exigencia coinciden diversos estratos sociales y diferenciadas corrientes políticas. Lo verdaderamente importante es castigar a los corruptos y depurar los órganos del Estado infectados por quienes han hecho posible la impunidad. Y para ello hay que derrotar el apego a legalismos que existen y fueron creados en función, precisamente, de proteger a los corruptos. Lo que exigimos es lo justo, que prima sobre lo legal. De ahí que no pueden quedar sin ser investigados, y si lo amerita procesados, tanto la Procuradora como la Contralora y el Fiscal Electoral. Lo mismo puede decirse de una Corte Suprema señalada como corrupta y plegada al poder ejecutivo.

Si en esta lucha el gobierno Varela se juega su credibilidad, más aún se juegan los movimientos sociales y la sociedad civil que son, en primera instancia, las víctimas evidentes de la corrupción y la impunidad. De ahí la necesaria alianza entre todas las fuerzas dispuestas a levantar una plataforma unitaria que no se detenga ante justificaciones legalistas que prohíjen la corrupción y la impunidad, es decir la injusticia.

El camino de la Constituyente

Dichas plataformas unitarias de lucha contra la corrupción y la impunidad deben convertirse en la punta de lanza de un movimiento nacional por una Constituyente Democrática, incluyente de los más amplios sectores de la sociedad, que sea capaz de legitimarse apoyándose en el Artículo 2 de la Constitución Nacional, y hacer vale la premisa que sentencia que “El Poder Público sólo emana del pueblo”, para ejerciendo la soberanía popular tomar las medidas de saneamiento de la vida política y social que exige a gritos la mayoría de los panameños. No hay otro camino ni otra esperanza.

 

Desuscripción: secretariadocoordinacion@nodo50.org