Buscando Camino Buscando Camino
Panamá, Año IX, No. 237
17 de junio de 2012
Nota: Desde el pasado septiembre de 2011, Buscando Camino adelantaba en sus análisis la naturaleza tiránica y dictatorial del nuevo régimen político que está intentando perfeccionar y consolidar Martinelli. Llamábamos por tanto a la constitución de un Frente Democrático integrado por todas las fuerzas que estén convencidas de la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente que refunde la Nación. Entendemos que los pasos dados por los partidos políticos y otras fuerzas sociales y ciudadanas van en el camino correcto pero no son suficientes. Hay que establecer un pacto nacional por una Constituyente Democrática. Solo así las mayorías nacionales recuperarán la confianza en un futuro mejor para todos.
Pese a estar azotado por un vendaval de señalamientos públicos de corrupción, licitaciones amañadas y cientos de millones de obras públicas adjudicadas de manera directa sin licitación alguna, sobre costos escandalosos en los proyectos gubernamentales, trata de personas, lavado de dinero, tráfico de influencias, violación sistemática de la constitución nacional y los derechos humanos, negligencia culposa en la crisis causada por la bacteria KPC, todos ellos señalamientos que enlodan a la casi totalidad de los altos cargos de la administración del Estado, el gobierno Martinelli sigue imperturbable en la ejecución de su hoja de ruta dirigida a poner en pie y estabilizar una dictadura civil que le garantice la permanencia en el poder, más allá de los límites impuestos por la actual Constitución Nacional, asegurándole, además, impunidad absoluta ante posibles futuras acciones legales en su contra.
La dictadura civil
Alcanzado el poder bajo el eslogan del “cambio”, Martinelli está procurando cumplir con su promesa. Pretende cambiar el agónico régimen de democracia neoliberal de libertades ciudadanas recortas, acordado por la partidocracia con posterioridad a la invasión, por un régimen de dictadura civil que responda a la imagen y semejanza del “jefe”. Con un Consejo de Gabinete arrodillado a sus pies, una Asamblea Nacional de Diputados arrastrada ante sus “locuras” perversas, una Corte Suprema de Justicia atenta al “ordene y mande”, una Contraloría sorda, ciega y muda, y una Procuraduría de la Nación sometida sin reservas, el señor Martinelli controla todos los poderes del Estado, y avanza raudo, no importa sus tropiezos, hacia un nuevo régimen político de carácter dictatorial.
Con la finalidad de darle supuesto sostén político a su régimen tiránico, se engulle, sin eructo alguno, a los partidos arrodillados que se sientan en la mesa de la cocina del poder para disfrutar de las sobras del banquete. Tal es el caso de Unión Patriótica y, el de momento atragantado, Molirena. Lo suyo no es sólo dominar a todos los poderes del Estado, pretende, además, un régimen de partido único, para lo cual requiere la división y languidecimiento de sus oponentes partidocráticos, a fin de transformarlos en títeres inofensivos frente a sus aviesos propósitos. De ahí la utilización del chantaje judicial y la compra dineraria para incorporar a su bancada legislativa, reproducción ampliada de los cuarenta ladrones de Alibabá, a los diputados del panameñismo y el PRD dispuestos a trabajar “todos juntos por un Panamá mejor”. No es de extrañar entonces que alcaldes y representantes de corregimiento salten como canguros a Cambio Democrático, atraídos por el anzuelo de las “obras sociales” o la amenaza abierta y descarada de la cárcel. La cereza del postre, que cierra el círculo infernal de la tiranía civil, es la militarización acelerada de la policía, utilizando para ello la falacia de la lucha contra el tráfico de drogas, mientras los ciudadanos observan estupefactos y aterrorizados como desaparece todo vestigio de seguridad ciudadana.
Puesto en pie el muñeco de la tiranía, ahora hay que vestirlo. Y para ello la necesaria aprobación de una segunda vuelta electoral mediante ley ordinaria, lo que le abriría así el camino para aprobar la reelección inmediata por la misma vía, una vez la Suprema Corte del “ordene y mande” la declare “constitucional”. De ahí la “reforma integral de la Constitución”, para lo cual se prestan sin rubor los denominados “notables”, cuando saben perfectamente que su participación en esta farsa sólo sirve para “legitimar” el proyecto que finalmente elaborará el ejecutivo y aprobará la Asamblea, únicos dos órganos que detentan esa autoridad constitucional. Pero si tal maniobra fallara, dada la debilidad política del gobierno para llevar ese vestido a la medida de sus intereses a un referéndum, dos arrodillados diputados perredistas le han hecho el favor de presentar un proyecto de Ley mediante el cual la Asamblea Nacional de Diputados, en caso de aprobarlo, convocaría a una Constituyente Paralela, por supuesto que lo suficientemente manipulada dicha elección como para arrodillar a los 31 diputados que se necesitarían para dominarla y producir una constitución hecha a la medida de la dictadura civil. Encájese, en este demoníaco plan, el nombramiento de los Magistrados de la inconstitucional Sala Quinta, lo que le daría el blindaje necesario a todas sus tropelías presentes y futuras.
El Frente Democrático
En la agonía del viejo régimen político obsoleto de democracia neoliberal de libertades ciudadanas recortadas, bullen por surgir, por necesidad histórico-política, dos proyectos incompatibles entre sí. La dictadura civil, que ya hemos descrito y que observamos cómo se pretende perfeccionar y “legitimar”, y el que surja, previa reforma democratizadora del actual Código Electoral, de una Asamblea Nacional Constituyente, que no puede ser convocada por el actual gobierno. Para avanzar en ese camino, y detener y derrotar la imposición de la dictadura civil, se hace necesaria la conformación de un Frente Democrático al que se integren todas las organizaciones políticas, sociales y de la sociedad civil que se comprometan a convocar dicha Asamblea Nacional Constituyente que, por su naturaleza originaria, una vez aprobada la nueva Carta Fundamental por referéndum, entraría inmediatamente en vigencia.
No se trataría de un frente electoral, ni mucho menos; su objetivo sería la defensa intransigente de las libertades públicas y los derechos sociales del pueblo, el detener los avances de la dictadura civil y encausar a las grandes mayorías, movilizadas y organizadas, hacia la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, previa reforma democrática, insistimos, del actual Código Electoral partidocrático.
Ciertamente, el país necesita un cambio y lo está pidiendo a gritos. Se trata de un cambio para ampliar y profundizar las libertades democráticas, fortalecer el Estado de Derecho, y reformar en profundidad el sistema político agotado, propiciando la participación popular y el rendimiento de cuentas. Se trata de acabar de una vez por todas con un régimen político esencialmente clientelista, que otorga impunidad a los sectores política y económicamente dominantes, gracias a un aparato judicial corrupto que ya está putrefacto. Se trata, igualmente, de acabar con la ofensiva inequidad de la distribución de la riqueza que generamos entre todos los panameños, despolitizar la educación y la administración pública, y hacer valer el interés social y público frente al interés privado de las actuales minorías enriquecidas mediante el despojo de los fondos públicos. Hay que derrotar políticamente la dictadura civil, para abrir paso a un nuevo régimen. Para entonces, que cada cual siga su propio camino.
