Buscando Camino Buscando Camino
Panamá, Año IX, No. 235
30 de abril de 2011
Los panameños llegamos a un nuevo 1° de Mayo atravesando los escándalos gubernamentales de corrupción y conspiración que obligaron a la renuncia forzada de Italo Antinori, en su condición de Coordinador de la Comisión de Reformas Constitucionales y aspirante a integrar la denominada Sala Quinta de la Corte, y de José Abel Almengor, quien ocupaba el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no sin dejar sembradas dudas razonables sobre el papel que ha jugado en todo ello el Magistrado Moncada Luna. Tales escándalos no vienen más que a reforzar el desprestigio de un órgano señalado por vicios de corrupción, tanto en el nombramiento de sus integrantes como en la valoración de sus actuaciones.
Tales escándalos han servido para confirmar la opinión que tiene la ciudadanía sobre el abyecto sometimiento de la Asamblea Nacional de Diputados al poder Ejecutivo, única razón explicativa de que la denuncia contra Abel Almengor haya sido archivada por la Comisión de Credenciales de la Asamblea “por falta de pruebas”, evitando así el “doble juzgamiento” que aduce la Procuraduría General de la Nación para no investigarlo. Para la Asamblea es una más de las actitudes sumisas, corruptas y escandalosas a que tienen acostumbrada a la ciudadanía. Baste recordar la “devolución retroactiva” de la ciudadanía a Bosco Vallarino, para que así éste pudiera asumir el cargo de Alcalde con el que avergüenza a los capitalinos cada día, o la aprobación de la Ley Chorizo, o si se prefiere la Ley reformatoria del Código Minero.
Pero también estos vergonzosos escándalos han servido para dejar sentada la hasta ahora indoblegable voluntad del Ejecutivo de gobernar sin importarle un comino las sistemáticas violaciones a la Constitución Nacional en las que una y otra vez incurre. No otra cosa pone de manifiesto la designación, violatoria de la Constitución Nacional, de Harry Díaz para suplir el cargo dejado vacante por Almengor. El curso cada vez más autoritario y arbitrario del gobierno no constituye sorpresa para nadie, por lo que resultaría absurdo dudar de la intención releccionista que se oculta, de momento, tras el proyecto de reformas constitucionales.
Un despiadado ataque contra el bolsillo de los ciudadanos
El gran negociado del denominado Metro-Bus representa una facturación superior a los 900 millones de dólares anuales, ahora monopolizados por una sola empresa cuyas características son las pagar a sus conductores aproximadamente un 50% menos de lo que ganaban antes, haber impuesto un aumento intolerable del pasaje (un 25% en los Corredores y en las otras rutas casi un 100% cuando estén funcionando) y un cuestionable servicio, en razón de que el control monopólico del negocio les posibilita un mínimo de inversión en la puesta en circulación de autobuses. Menos buses, mayor precio del pasaje, peores salarios y deplorable servicio. Ese es negocio del Metro-Bus.
Paralelamente, el aumento del precio de los carburantes afecta a una inmensa población que se ve obligada a utilizar carros particulares por la ausencia de un transporte público decente. Súmesele a ello el incremento descomunal de los pasajes al interior del país, lo que impactará negativamente el transporte de mercancías y constituirá un elemento más en el encarecimiento de la canasta familiar de alimentos. ¿Y qué hace el gobierno frente a ello? No se le ocurre otra cosa que subsidiar las multimillonarias ganancias de las distribuidoras de carburantes. En efecto, al congelar el precio de la gasolina y el diesel, lo que hace el gobierno es pagarles a las distribuidoras, con el dinero de nuestros impuestos, el margen que dejan de cobrar por estar el precio congelado. De esa manera, pese a estar el precio congelado, las multinacionales distribuidoras de carburantes siguen ganando lo mismo, si bien disminuye significativamente la capacidad de invertir el Estado en proyectos sociales.
A lo anterior habrá que sumar el próximo aumento de la tarifa eléctrica, el incremento de los impuestos municipales – que traspasarán los empresarios a los consumidores-, la instalación de taxímetros en los taxis, lo que incrementará severamente el transporte en dichos vehículos, la imposición del nuevo impuesto de saneamiento, previsto por el IDAAN. No cabe la menor duda que nos encontramos ante uno de los más agresivos y despiadados ataques sostenidos a los bolsillos del pueblo.
Mientras el pueblo panameño soporta, aunque de manera desigual pero igualmente lamentable, dichos ataques, los resultados de las políticas económicas de este y anteriores gobiernos ya no se pueden ocultar: un 42% de la fuerza laboral trabaja en la informalidad, es decir sin vacaciones, décimo tercer mes y sin prestaciones de salud y jubilación. Y ello tiene terribles consecuencias: el 75% de los niños menores de 4 años vive en pobreza extrema; aproximadamente 70 mil infantes se ven obligados a trabajar.
Un primero de mayo para decirles ¡basta ya!
La opresión social y la explotación económica requieren del secuestro de las libertades ciudadanas de organización, manifestación y expresión. De ahí el ataque sostenido del gobierno Martinelli contra las libertades públicas y la persecución de sus defensores. Mientras se deterioran grave y aceleradamente las condiciones de vida de la inmensa mayoría de ciudadanos, en especial de los más pobres, el gobierno nos habla de un crecimiento del 9%. Nadie duda que ello sea cierto, sólo que no nos explican cómo se distribuye lo que ese crecimiento genera. Mientras nos ensordecen con sus multimillonarias campañas propagandísticas referentes a sus megaproyectos, los servicios públicos de salud y de la Caja de Seguro Social, el sistema educativo, transporte, agua, etc., se deterioran al extremo de un próximo colapso.
La situación por la que atravesamos no puede continuar y hay que ponerle un alto, pero ello exige la puesta en pie de una organización capaz de sumar todos los descontentos, al tiempo que respeta la autonomía organizativa y de pensamiento de cada uno de sus integrantes. En otras palabras, la falta de democracia se combate con más democracia, el pensamiento único con la diversidad de pensamiento, la dirección autoritaria y vertical con el protagonismo de los propios afectados.
En fin, sólo una organización capaz de unificar a grupos sociales y políticos que tengan el mismo objetivo de detener y hacer retroceder las actuales políticas gubernamentales, apoyándose para ello en formas organizativas y de dirección ampliamente democráticas, podrá empezar a transformar en grito el ¡basta ya! que hoy sólo es un murmullo.
