Buscando Camino Buscando Camino
Año IX, Nº 233
26 de Enero de 2011
Aún no se han apaciguado las voces de protesta por la salvaje y todavía impune carnicería perpetrada por el actual gobierno en Changuinola, cuyas espantosas consecuencias fueron dadas a conocer por la Comisión Especial Investigadora nombrada por el propio presidente: no menos de cuatro muertos por impactos de perdigón y aspiración de gas lacrimógeno, más de setecientos heridos por perdigón, de los cuales 67 han perdido parcialmente la visión y varios de ellos han quedado completamente ciegos. Ahora, y como reafirmación de la vocación represora del gobierno, se producen los horrendos crímenes del Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen.
Como se sabe, el pasado 9 de enero, durante una protesta de los internos ocasionada por la falta de agua durante quince días, mala comida y maltratos personales, la Policía Nacional introdujo varias bombas lacrimógenas en una celda ocupada por internos que se habían negado a participar de la protesta ya que algunos de ellos alcanzarían su libertad en muy corto tiempo. Con dicha acción, la policía provocó un incendió que ha tenido como consecuencia posterior la muerte por quemaduras de cinco de los siete ocupantes de dicha celda. Lo más grave de este monstruoso crimen es que, mientras los jóvenes se quemaban, tanto custodios como policías se reían y burlaban de los gritos de dolor de los quemados vivos, impidiendo la intervención de los bomberos y sin importarles que su salvaje conducta fuese grabada y filmada en directo por los medios de comunicación televisivos.
Posteriormente, la autopsia de algunos de los fallecidos ha confirmado que luego de liberados de la celda, y pese a su condición de quemados graves, policías y custodios los golpearon sádicamente con la vara policial. Por lo demás, 32 internos han sido heridos con perdigones de plomo.
Las responsabilidades exigibles
Trece días después de tan horrendos e imperdonables hechos, el presidente Martinelli ha salido en cadena nacional para comunicarle al país que “lamentaba los hechos”. Al respecto, se equivoca el presidente, pues no es con “lamentos” que se hace justicia en un caso tan grave de bárbara violación de los derechos humanos. Existen responsabilidades administrativas que ameritan la separación y destitución inmediata del cargo de todos los policías y custodios implicados, así como de la Directora de dicho Centro de Cumplimiento, a la espera de las investigaciones que deslinden las responsabilidades penales que señale el Ministerio Público. Esas disposiciones puede y debe tomarlas el Presidente de la República…y no las ha tomado.
Existen, igualmente, responsabilidades políticas que ameritan la destitución inmediata de quienes han alimentado la cultura de violencia e impunidad imperante en la institución policial, y que no son otros que el Ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, quien califico de “maleantes de mierda” a un grupo de trabajadores que habían cerrado como protesta una calle, solicitó que se le disparara a los internos que intentaran fugarse de las cárceles, patrocinó el que se juzgara a los menores de doce años como si fuesen mayores de edad, propuso la ley que criminaliza la protesta al penalizar el cierre de calles y copatrocinó la carnicería de Changuinola, que fue consecuencia de la nefasta Ley Chorizo que, entre otras cosas, otorgó impunidad a los miembros de la policía mientras no existiera sentencia en firme. Hay que recordar que dicha impunidad fue sustentada en la Asamblea por el propio Ministro Mulino.
Igualmente amerita su destitución inmediata el Director de la Policía, responsable directo de las unidades que provocaron y se mofaron del espantoso sufrimiento que provocaron tan bárbaras y criminales actuaciones, y cuya mentalidad quedo incuestionablemente retratada cuando calificó de “maleantes y ladrones” a los miles de manifestantes de Changuinola.
Por otra parte, le cabe también una imperdonable responsabilidad política al señor Presidente de la República, ya que él ha indultado durante su mandato, violando la constitución, a más de 72 policías acusados de gravísimos delitos, entre ellos los de homicidio. ¿Qué se podía esperar de una institución policial remilitarizada a la que se le ha garantizado que pueden matar sin responsabilidad penal de ninguna clase?
Si bien la responsabilidad de estos horrendos hechos recae sobre el gobierno Martinelli, y en especial sobre el Ministro de Seguridad y el Director de la Policía, no se debe ocultar que históricamente el Estado panameño, en los hechos, ha considerado que la pena de privación de libertad lleva como accesoria la de supresión de los derechos humanos de detenidos y condenados.
El Procurador en el ojo de la tormenta
Recae sobre el Procurador General de la Nación la enorme e ineludible responsabilidad de levantar cargos penales contra la Directora del Centro de Cumplimiento y los demás policías y custodios que participaron, activa o pasivamente, en tan horrorosos crímenes. ¡Ahí están perfectamente filmados, y por tanto identificados, la totalidad de los responsables de la barbarie! Corresponde pues al señor Procurador actuar con energía y prontitud para evitar que tan monstruosos crímenes queden impunes, para lo cual debe ordenar de inmediato la detención preventiva de los implicados, así como solicitar la derogatoria inmediata de la ley que impide la detención preventiva de los miembros de la Policía Nacional.
De no actuar en consecuencia, y de forma inmediata, se perderá toda credibilidad respecto a la supuesta independencia de la Procuraduría, y quedará al desnudo que hemos vuelto al vergonzoso período del Procurador Suplente Bonissi.
Organizar la defensa de las libertades democráticas
La destitución de periodistas, la compra de medios de comunicación por grupos afectos al gobierno, la aprobación de leyes criminalizando la protesta, la negativa a reconocer la personería jurídica a sindicatos, las amenazas de penalizar la crítica al gobierno, la utilización de fuerza letal para “solucionar” los problemas sociales y penitenciarios, y el control de todos los órganos e institución del Estado, nos indican que estamos en el camino inminente de una dictadura civil.
Este peligrosísimo camino nos obliga a levantar las banderas de la unidad de los demócratas consecuentes, para así impulsar la organización popular que ponga freno a los desmanes del actual gobierno. En esa tarea nos comprometemos.
