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Panamá, Año IV, No. 102
5 al 11 de diciembre de 2005
En el ejercicio de su potestad soberana, el gobierno de los Estados Unidos le ha cancelado la visa de entrada a su territorio al Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Winston Spadafora. Como se comprenderá, no se trata de un ciudadano cualquiera, sino de un miembro de la más alta corporación de justicia panameña. Añadido a ello, un vocero de la embajada norteamericana en nuestro país ha informado públicamente que las razones por las que han tomado dicha decisión tienen que ver con acciones de corrupción imputadas al Magistrado Spadadora. Yendo más lejos, el mismo funcionario norteamericano declaró que si el Magistrado Spadafora quiere explicaciones de las razones por las que se tomó tal decisión sólo tiene que apersonarse a la embajada norteamericana y solicitarlas. Apretando aún más la tuerca, el mismo vocero aclaró que si el gobierno panameño quisiera una explicación al respecto sólo tiene que pedirla oficialmente.
Carentes de moral
No cabe duda que la situación creada por la cancelación de la visa al Magistrado Spadafora debe ser analizada y esclarecida para evitar la confusión que tal hecho ha introducido en el conjunto de la sociedad.
En primer lugar debe señalarse que el gobierno de los Estados Unidos carece de moral alguna para imputar de corrupto a ningún funcionario panameño, pues dicho gobierno es el mismo que sin ningún pudor reconoce a regañadientes que le mintieron al pueblo norteamericano para «justificar» la guerra de Irak. Son los mismos que secuestran, practican la tortura y mantienen cárceles secretas como «medidas necesarias para combatir el terrorismo». Son los mismos que condenan la paja en el ojo ajeno sin observar el tronco que llevan en el suyo.
Los panameños no necesitamos señalamiento alguno de quienes han regado con sangre nuestra historia: desde las decenas de muertos del 9 de enero de 1964, hasta los centenares de muertos del 20 de diciembre de 1989, sin olvidar que fueron ellos los que alimentaron y sostuvieron al dictador Noriega como agente de la CIA durante más de 20 años.
Por otra parte, con dicha acusación nada nuevo nos revela el gobierno norteamericano: todos los estamentos de la sociedad panameña están pidiendo a gritos que renuncien todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia. La putrefacción de ese organismo, y la de sus integrantes, es una caso extremo por lo descaradas de sus actuaciones, y el beneficio de la impunidad que le otorga tanto el órgano legislativo como el ejecutivo. ¿ O es que ignora el gobierno norteamericano que fue su aliada Mireya Moscoso quien encaramó a Spadafora en la Corte, utilizando para ello los métodos por todos conocidos? ¿ O tal vez desconoce el gobierno norteamericano que la actual Asamblea de Diputados, de mayoría PRD, acaba de archivar por falta de «prueba sumaria» las gravísimas denuncias que contra la casi totalidad de la Corte presentaron un número plural de ciudadanos y organizaciones cívicas?
Tanto monta, monta tanto
Herido en su honor, el Magistrado Spadafora le ha pedido al Ministro de Relaciones Exteriores que solicite a la embajada norteamericana las explicaciones del caso. Extraña conducta de quien ha sido informado públicamente de que si las quiere sólo tiene que ir a por ellas. Por su parte, el Presidente Martín Torrijos ha declarado que es potestad soberana del gobierno norteamericano otorgar o cancelar visas. Sorprendente cantinflada de quien pretende ignorar el cargo que ocupa el Magistrado Spadafora. Al respecto, o el gobierno norteamericano nos ofende y ultraja al injuriar y calumniar al Magistrado Spadafora, o ese mismo gobierno tiene pruebas que llevarían a dicho Magistrado a enfrentar su encausamiento penal por el pleno de la Asamblea de Diputados. Sea como sea, el gobierno está obligado a pedir explicaciones oficialmente.
Mientras, para enriquecer el sainete, el Ministro de Relaciones Exteriores se esconde a la espera que baje la marea del escándalo, puesto que el propio Magistrado Spadafora le ha solicitado que pida las explicaciones de rigor. En fin, de algo podemos estar completamente seguros: el Magistrado Spadafora sabe perfectamente que el gobierno de Martín Torrijos se hará el mudo, el sordo y ciego ante los hechos, pues teme desatar el fantasma del CEMIS. Tal vez ahora se entienda mejor el «argumento» de la falta de «prueba sumaria» que fue utilizado para que la Asamblea enterrara las recientes acusaciones contra la Corte.
La corrupta partidocracia neoliberal
No nos cansaremos de señalar que el pueblo panameño enfrenta un problema que va más allá de éste o aquél gobierno. Si Mireya Moscoso destacó por su entrega total al delicioso deporte de la corrupción, a cambio de su disciplinado servicio en pos de la satisfacción de los intereses norteamericanos, el gobierno de Martín Torrijos no ha logrado diferenciarse ni un pelo de su antecesora. Más corrupción, más inseguridad y menos empleo, ha sido con lo que efectivamente ha cumplido de su demagógica campaña electoral.
Agréguese a lo señalado una política económica profundizadora del curso neoliberal impuesto a nuestra economía: la privatización del Megapuerto del Pacífico, cuyo único objetivo es el de posibilitar la participación en el «negocio» a destacados miembros de la administración Torrijos; la privatización a sangre y fuego de los casi mil millones de dólares de los fondos de pensiones de la CSS, lo que sellará la alianza entre la administración Torrijos y el capital financiero (especialmente bancario) panameño; la ampliación del Canal, que generará negocios suficientes como para saciar el apetito de la actual fracción burocrática en el poder, unida por sus vínculos familiares y de amistad con Torrijos; y la cúpula empresarial (construcción, banca y capital portuario y naviero) que hoy domina la ACP, utilizando para ello la mediación de su actual Administrador.
Como puede observarse, pocas diferencias existen entre la corrupción que impulsó Moscoso y la que estimula Martín. Así pues, ¿quién le pone el cascabel al gato?
